Indra aparca su entrada en ITP a la espera del fallo de la CNMV sobre el asalto a su consejo
El regulador mantiene un expediente contra la compañía por posible acción concertada en la salida de cuatro consejeros independientes en junio
Pedro Sánchez, durante una visita a la sede de Indra en Madrid. | Agencias
Indra solo ha aparcado su entrada en ITP, según ha podido saber THE OBJECTIVE con fuentes cercanas a la compañía tecnológica. Su presidente, Marc Murtra, indicó esta semana que la opción de entrar en la aeronáutica vasca «no está sobre la mesa» aunque en realidad el proyecto solo se ha paralizado a la espera de que se den las condiciones políticas y regulatorias para que el desembarco se pueda producir en el mediano plazo, previsiblemente en 2023.
Las mismas fuentes consultadas por este periódico indican que el principal condicionante es la investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que pesa sobre la compañía tecnológica desde antes del verano, cuando se produjo el asalto al Consejo de Administración y se expulsó a cuatro consejeros independientes en la Junta General de Accionistas.
El regulador mantiene abiertO un expediente por supuesta acción concertada de la SEPI -el principal accionista y representante del Gobierno con un 25,6%-; el dueño de Amber Capital y presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, que desembarcó con un 4,2% en la empresa solo días antes de la Junta; y SAPA Palencia, que también es socio de IPT Aero. La CNMV no tiene fecha para concluir su investigación. «Aún estamos con ello», dicen desde la comisión a este diario.
Venta de ITP
En este sentido y hasta que no haya resolución al respecto, Indra ha decidido no mover ficha en una operación -la compra de ITP- que también tiene tintes políticos al tratarse de un pacto entre el Gobierno central y el Ejecutivo del País Vasco. Por eso Murtra fue tan tajante en sus declaraciones de esta semana, a sabiendas de que cualquier movimiento está siendo mirado con lupa por la CNMV. No quieren exponerse a sanciones posteriores ni a líos corporativos que puedan poner en riesgo su desembarco.
En septiembre del año pasado, Rolls-Royce firmó un acuerdo para vender el 100% de ITP inicialmente por unos 1.700 millones de euros a Bain Capital Private Equity, un consorcio de fondos de inversión que acordó con Moncloa y el Ejecutivo de Iñigo Urkullu reservar un 30% del capital a un núcleo de inversores españoles.
La idea era asegurar la continuidad empresarial de ITP Aero en Euskadi, además de su sede y empleos, 3.500 solo en esta región. Por otro lado, el Gobierno central quiere crear en el futuro un gigante industrial de la aeronáutica mundial con el objetivo final de fusionar ITP con Indra. Indra negoció en 2019 con ITP Aero para ser el socio de control, pero no logró llegar a un acuerdo.
Gobierno vasco
Este jueves el fondo Bain Capital firmó la compra a Rolls-Royce finalmente por 1.800 millones. Aunque al pacto español solo se sumó SAPA, participada por Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad; y JB Capital, el capital riesgo de Javier Botín. Aunque las fuentes consultadas indican que la puerta sigue abierta para Indra y el Gobierno vasco, que prevén entrar aunque probablemente a partir del año 2023.
En la nueva estructura se ha reservado un 27,5% a inversores españoles y, por el momento, habría un 10% para JB Capital y un 5% para SAPA Palencia. Del mismo modo, el Gobierno vasco ha dicho que sigue negociando con Bain Capital porque su voluntad es entrar en ITP Aero, pero, a día de hoy, «no se dan las condiciones para su entrada», han indicado. El freno es el mismo que tiene la SEPI y el Gobierno: la CNMV podrá establecer sanciones que podrían dañar reputacionalmente a las partes y tumbar finalmente su desembarco.
A comienzos de abril de este año, Indra ultimaba su desembarco en ITP Aero, como informó este diario, con el aval de Pedro Sánchez y el Gobierno regional del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Sin embargo, la oposición de los consejeros rebeldes retrasó la operación y obligó a Moncloa a dinamitar la Junta de Accionistas y destituir a cuatro consejeros contrarios a esta operación y no renovando a un quinto.
La CNMV investiga a Indra
Unos acontecimientos que derivaron en las denuncias públicas de estos consejeros y de partidos políticos como el PP y VOX. Desde junio la CNMV investiga el caso, al mismo tiempo que la acción de la compañía se ha desplomado más de un 21% en la Bolsa de Madrid. Si se demuestra que hubo acción concertada, el panorama de la empresa, que actualmente tiene una valoración en bolsa llega a los 1.600 millones de euros, podría cambiar radicalmente.
La SEPI, que tiene el 25%, Amber el 4,2% y los vascos de SAPA el 5%, se verían obligados a lanzar una oferta pública de acciones por la totalidad de Indra que no controlan, el 66% entre los tres o el 75% si solo se obliga a la sociedad pública. Las fuentes consultadas advierten de que cualquier decisión que no sea una respuesta en este sentido de la CNMV sería un duro golpe para la credibilidad del regulador.
El Gobierno es el investigado -porque a través de la SEPI lanzó el órdago a Indra junto a otros dos accionistas- pero también es quien nombra, a través del Ministerio de Asuntos Económicos, al presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. Una situación lo suficientemente compleja y arriesgada para aparcar -no descartar- los planes de expansión en ITP.
El regulador no da fechas, aunque probablemente tengan una resolución antes de que finalice el año. En este contexto tiene sentido que se planee retomar la compra de la participación de la aeronáutica vasca en 2023.
