Putin gana el pulso a Europa: el gas sube un 202% y no habrá tope a la importación rusa

El precio del gas natural se ha desbocado en septiembre. Registró una media de 202,11 euros el megavatio hora (MWh) en el TTF Holandés, índice de referencia en Europa, lo que supone un incremento del 202% en comparación con los 66,83 euros/MWh de hace un año.

Según los datos consultados por THE OBJECTIVE, entre enero y septiembre el precio medio se sitúa en los 135,65 euros/MWh, un 330% más interanual. Todo esto después de que este viernes el Consejo de ministros de Energía de la Unión Europea (UE) se cerrase sin un acuerdo para topar el precio de las importaciones de gas, tanto de Rusia como del resto de mercados fuera del Viejo Continente.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue la más crítica tras el encuentro en Bruselas. Ribera se mostró «decepcionada» y advirtió del golpe al PIB comunitario por no adoptar la medida. Los titulares de Energía de los distintos Estados miembro no consiguieron un acuerdo en este punto al estar divididos. Algunos países consideran que ese límite de compra de precio de gas solo debe aplicarse solamente al gas ruso, mientras que otros 15, entre los que se encuentra España, piden que se aplique «al conjunto de operaciones de gas que llega a la UE».

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, cree que el plan de delimitar el precio del gas ruso es una «tontería», una iniciativa «sin futuro» que solo provocaría un incremento del coste. La titular de Transición Ecológica española también reclama la creación de un indicador distinto al TTF y que se establezca un corredor de precios. Algunos Estados miembro también respaldan la puesta en marcha de una plataforma conjunta de compra de gas, una mayor transparencia en los mercados, una mayor supervisión de los reguladores financieros y un mayor seguimiento en el modo que se establecen las sucesivas cadenas de precios.

España, mayor importador de GNL ruso en verano

España fue el mayor importador de gas natural licuado (GNL) ruso del mundo durante los meses de julio y agosto. En concreto, desembolsó unos 750 millones de euros, después de que en verano se disparara la generación de electricidad a partir de gas debido a la ola de calor, la sequía y la mayor venta a Francia.

Un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés) revela que España superó a países como Francia (600 millones), China (526 millones), Bélgica (392 millones) o Japón (203 millones) -solo en lo que a importación de GNL se refiere-. Además, el documento señala que, desde que comenzara la invasión a Ucrania, el país ha gastado 3.300 millones en comprar combustibles fósiles rusos, situándose en el puesto número once entre los mayores importadores a nivel mundial de gas, petróleo y carbón.

La prohibición de importar carbón ruso en la UE, aprobada el pasado abril, se aplica desde el 11 de agosto y el veto al petróleo -con ciertas excepciones- lo hará a partir de enero de 2023. El embargo al crudo ruso reducirá el crecimiento de la zona euro en «algo más de medio punto» el año que viene, según la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone. Además, tendrá un efecto adicional sobre la inflación, que subirá 1,25 puntos más si se compara con la que habría el año próximo si no se hubiera decidido aplicar esa medida de prohibir las importaciones.

La razón está en el precio del petróleo, que de acuerdo con los cálculos de la organización se situará de media en 123 dólares por barril en 2023 en razón del embargo, frente a los 107 dólares sin esas sanciones. Boone responsabiliza de la previsible subida del petróleo a los países productores, en particular a los Estados del Golfo Pérsico miembros de la OPEP, que disponen de capacidades excedentarias suficientes para sacar al mercado incluso más barriles de los que la UE compraba a Rusia (cerca de 3,5 millones diarios).

La UE ha pactado reducir la demanda eléctrica un 5% en horas pico, una tasa a las empresas de combustibles fósiles y establecer un límite al precio al que las productoras de electricidad inframarginales pueden comercializar la energía. Las medidas, que serán formalmente adoptadas por procedimiento escrito la próxima semana, no entrarán en vigor hasta el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y su aplicación se extenderá del 1 de diciembre del presente ejercicio al 31 de diciembre de 2023, si bien Chipre y Malta cuentan con excepciones específicas por su condición de islas energéticas.

La «tasa solidaria» a las empresas intermediarias de combustibles fósiles, como petroleras, gasísticas o el sector del refino fijará una «contribución» del 33% sobre los beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2023 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los últimos cuatro años. Este impuesto se articula como una contribución temporal y el importe recaudado se destinará a hogares vulnerables, a las empresas más afectadas y a las industrias electrointensivas.

La española Repsol considera que para determinar cuáles son los beneficios excesivos que se han generado el ejercicio actual a causa de la invasión rusa,  «no se deben comparar con los obtenidos en los años de la crisis covid-19 (2020 y 2021)». Propone que para hacer la comparativa se tome un período de cinco años que no incluya los ejericios de la pandemia, es decir, que el cómputo se haga desde 2015 hasta 2019. También opina que ganar un 20% más en comparación con la media de los tres años anteriores no es un beneficio excesivo o extraordinario. «Hay que elevar ese buffer», apunta en la misiva.

Recorte a los beneficios extraordinarios

Por su parte, la tercera de las medidas acordadas por los países de la UE pasa poner establecer un máximo de 180 euros/MWh al precio al que las tecnologías inframarginales, las que producen electricidad por debajo de las productoras de ciclo combinado de gas como las renovables o la nuclear, pueden vender la electricidad en el mercado mayorista. En España se aplica desde septiembre del año pasado y el límite se fija en 67 euros/MWh.

El acuerdo contempla la posibilidad de que los países introduzcan modificaciones como establecer un límite de precios más elevado, utilicen medidas para limitar los beneficios del mercado, establezcan diferenciaciones por tecnologías o apliquen límites a los beneficios en el mercado a otros operadores como los proveedores.

Con este instrumento, que estará operativo hasta el 30 de junio de 2023, se pretende atajar los beneficios extraordinarios de estas compañías de electricidad que se redirigirán a cubrir la factura eléctrica de los colectivos más vulnerables, para lo cual los Estados miembros podrán aplicar las medidas que consideren más convenientes e incluir ciertas flexibilidades para adaptarse a las circunstancias de cada mercado.