España es el país del mundo que más gas licuado le ha comprado a Putin este verano

España fue el mayor importador de gas natural licuado (GNL) ruso del mundo durante los meses de julio y agosto. En concreto, ha desembolsado unos 750 millones de euros, después de que en verano se haya disparado la generación de electricidad a partir de gas debido a la ola de calor, la sequía y la mayor venta a Francia.

Un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés) revela que España ha superado a países como Francia (600 millones), China (526 millones), Bélgica (392 millones) o Japón (203 millones) -solo en lo que a importación de GNL se refiere-. Además, el documento señala que, desde que comenzara la invasión a Ucrania, el país ha gastado 3.300 millones en comprar combustibles fósiles rusos, situándose en el puesto número once entre los mayores importadores a nivel mundial de gas, petróleo y carbón.

Por su parte, el último Boletín Estadístico de Enagás disponible refleja que España ha comprado a Rusia 28.265 gigavatios hora (GWh) hasta julio y 5.317 GWh solo durante el séptimo mes del año. No obstante, la cifra del mes de julio supuso una reducción del 40% en comparación con los datos de junio, cuando se importó la cifra récord de 8.752 GWh.

Con estos registros, Rusia se convirtió en julio en el cuarto principal proveedor de España, por detrás de Argelia (23,3%), Estados Unidos (23,2%) y Nigeria (16%). En el periodo acumulado de los siete meses del año, Rusia mantiene una cuota del 10,7%, al igual que en 2021, siendo también el cuarto país proveedor.

158.000 millones en combustibles fósiles rusos

En total, según el estudio de CREA, los ingresos de Rusia por las exportaciones gas (GNL y por tubo), petróleo y carbón alcanzan los 158.000 millones de euros entre el 24 de febrero y el 24 de agosto. La Unión Europea (UE) ha importado el 54% de esta cantidad, lo que supone un valor total de 85.000 millones de euros -cerca de los 102.000 millones que pagó en todo 2021-.

Los datos de la organización de investigación con sede en Helsinki arrojan que la UE ha pagado a Moscú 14.100 millones de euros de media al mes por carbón, petróleo y gas desde que las tropas rusas entraron en Ucrania, frente a los 7.330 millones que pagaba hace un año, cuando los precios empezaban a dispararse por el aumento de la demanda con la recuperación económica tras la pandemia.

Dentro del Viejo Continente, los mayores importadores son Alemania (19.000 millones), Países Bajos (11.000 millones), Italia (8.600 millones), Polonia (7.400 millones), Francia (5.500 millones), Bulgaria (5.200 millones), Bélgica (4.500 millones) y España.

En su estrategia para garantizar el suministro y protegerse ante la posibilidad de que Vladímir Putin cierre completamente el grifo del gas en invierno, una posibilidad que parece muy cerca tras los movimientos de Rusia este lunes, Bruselas también exige a cada Estado miembro que llene sus almacenamientos de gas al 80% de su capacidad de cara al próximo noviembre.

Según los datos de los operadores europeos que publica GIE-AGSI, los españoles están ya al 85%, al tiempo que la media europea se sitúa al mismo porcentaje. La UE también está sustituyendo el combustible que fluía por gasoductos rusos por GNL que transportan barcos desde Catar, Egipto o Estados Unidos. Solo este último país ha exportado 57.000 millones de metros cúbicos (bcm) a la UE en el primer semestre de este año, frente a los 34 bcm de todo el 2021.

Sin embargo, el GNL es un producto caro respecto al gas de tubería, ya que el gas llega a 160 grados centígrados bajo cero en estado líquido para luego descargarlo en las plantas de regasificación y elevar su temperatura y pasarlo a estado gaseoso. Además, desde el inicio de la invasión, el euro se ha depreciado frente al dólar hasta su mínimo en 20 años, lo que encarece aún más la factura energética del continente.

A nivel global, a la UE le siguen China (35.000 millones), Turquía (11.000 millones), India (7.000 millones) y Corea del Sur (2.000 millones). CREA apunta que los ingresos por la venta de combustibles fósiles han aportado 43.000 millones de euros al presupuesto federal de Rusia.

La prohibición de importar carbón ruso en la UE, aprobada el pasado abril, se aplica desde el 11 de agosto y el veto al petróleo -con ciertas excepciones- lo hará a partir de enero de 2023. Al efecto que puedan generar esas sanciones habrá que sumar también la caída en las compras de gas a largo plazo. Al cierre de junio, el flujo había bajado un 30% respecto a la media del período 2016-2021, según datos del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Esto supone, de acuerdo con los datos compartidos recientemente por el jefe de la diplomacia europea, que el gas ruso representa ahora el 20% del consumo total de la UE, frente al 40% previo a la agresión militar.

De su lado, el Kremlin rechazó este lunes categóricamente cualquier intento de culpar a Rusia por la suspensión indefinida del suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, y responsabiliza de nuevo a Occidente por considerar que son las sanciones las que impiden el funcionamiento de la infraestructura. De hecho, se han atrevido a, por primera vez, afirmar que no abrirán el Nord Stream 1 hasta que se levanten las sanciones. Respecto a la posibilidad de que Rusia deje de suministrar también petróleo a Occidente tras el acuerdo del G7 para limitar los precios del crudo ruso, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, ha defendido que no se trataría de una medida preventiva, sino de «una medida de respuesta».

Bajo este escenario y tras varias negativas a las peticiones de España, Bruselas estudia ahora aplicar un techo al precio del gas en el seno de la UE (como la ‘excepción ibérica’), reformar el mercado eléctrico  y posibles planes de ahorro de electricidad, aparte de los ya puestos en marcha para reducir la demanda de gas, como respuesta a la subida de precios en el recibo de la luz.

Planes de ahorro energético

Estas medidas se debatirán este viernes en la reunión extraordinaria de los ministros de Energía europeos. Los planes voluntarios adoptados por los Veintisiete buscan reducir un 15% de la demanda, con la excepción de España y Portugal donde la ambición se reduce al 7% por su situación de isla energética. Se espera que los primeros informes sobre la medida lleguen en octubre y los Estados miembro podrán aplicar una alerta para que los planes pasen a ser obligatorios si la situación se agrava.

En España, el Gobierno ya ha puesto en marcha un plan de ahorro energético que limita a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, mientras que a partir de las 22:00 horas se deben apagar las luces de escaparates y edificios públicos. Todas estas medidas estarán en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023.

La norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes. También se obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22.00 horas y se exige que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.