El Gobierno abre la puerta a que el impuesto a los ricos sea permanente
Las enmiendas presentadas por el PSOE prevén una cláusula de revisión para valorar a finales de 2023 su mantenimiento o supresión
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves en Sevilla. | Joaquin Corchero (EP)
El nuevo tributo que está diseñando el Ministerio de Hacienda para aumentar la cantidad de impuestos que pagan las personas más pudientes podría ser permanente. A pesar de que la figura se titula literalmente el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, una de las enmiendas propuestas por el PSOE asegura que «al término del periodo de vigencia de este impuesto, el Gobierno efectuará una evaluación para valorar los resultados del impuesto y proponer, en su caso, su mantenimiento o supresión». Es decir que, a finales del año que viene, a las puertas de las elecciones generales, el Ejecutivo podrá decidir mantenerlo de manera unilateral.
Así se desprende de las enmiendas parciales al proyecto de ley que regula los gravámenes temporales a la banca y a las empresas energéticas, que ha sido la normativa elegida por PSOE y Unidas Podemos para ‘colar’ el nuevo impuesto a los ricos. Tal y como se había anunciado, se gravará durante dos años los patrimonios superiores a tres millones de euros y será deducible en el impuesto de patrimonio autonómico, por lo que afectará especialmente a los contribuyentes de las regiones que lo tienen bonificado, como Madrid o Andalucía.
De acuerdo con las enmiendas presentadas, que tienen grandes posibilidades de ser aprobadas al contar con el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados, el patrimonio neto se calculará igual que en el impuesto de patrimonio -como bienes y derechos, menos las cargas y deudas-, con las mismas exenciones y un mínimo exento de 700.00 euros, y se devengará el 31 de diciembre de cada año.
Los tipos a aplicar serán del 1,7% para patrimonio de entre 3 y 5,4 millones de base imponible; 2,1% para entre 5,4 y 10,7 millones, y del 3,5% a partir de los 10,7 millones. PSOE y Unidas Podemos explican que este impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas tiene una finalidad recaudatoria «en estos tiempos de crisis energética y de inflación», así como otra «armonizadora» para «disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas» regiones, especialmente en las «que han desfiscalizado total o parcialmente el impuesto sobre el patrimonio».
En este sentido, la Comunidad de Madrid ya ha comenzado su batalla contra un impuesto que, como reconocen de forma velada las propias enmiendas, va especialmente dirigido contra la región que dirige Isabel Díaz Ayuso. Precisamente este jueves, la Asamblea de Madrid ha aprobado con el apoyo de PP y la abstención de Vox la Ley de Autonomía Financiera, con la que la que el Ejecutivo regional pretende blindarse del impuesto a grandes fortunas. El objetivo de la norma, que ha contado con la oposición de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), es «defender» las competencias en materia tributaria de la Comunidad ante «cualquier tipo de armonización fiscal» que pueda suponer una subida de impuestos «encubierta», según trasladan desde el Ejecutivo madrileño.
País Vasco y Navarra tendrán recaudación propia
Por otro lado, las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra participarán en los nuevos gravámenes extraordinarios sobre la banca, las energéticas y las grandes fortunas, de acuerdo a las enmiendas registradas este jueves por PSOE y Unidas Podemos. En concreto, entre ellas hay una para establecer la participación de País Vasco y Navarra, que se concretará en la Comisión Mixta del Concierto Económico y en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico.
Además, dentro de las enmiendas registradas, PSOE y Unidas Podemos proponen especificar que los recursos obtenidos por ambos gravámenes se ingresarán en el Tesoro Público y se destinarán a financiar medidas para mitigar la subida de los precios derivada de la guerra en Ucrania. En el caso del gravamen energético, se detalla que financiará el apoyo a hogares vulnerables, iniciativas para reducir el consumo de energía, inversiones en autonomía energética o inversiones en renovables de empresas electrointensivas.
También piden incorporar algunos ajustes en los gravámenes: en el caso del energético, para incluir como entidades obligadas al pago a las empresas que desarrollen actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo en España; y en el de la banca, para especificar que estarán sujetas las sucursales españolas de entidades extranjeras si son supervisadas por el Banco Central Europeo. También se extiende la obligatoriedad de la autoliquidación del impuesto de sucesiones y donaciones a La Rioja, que lo había solicitado.
Feijóo ve «riesgo de ilegalidad»
Por su parte, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que existe un riesgo de ilegalidad en el impuesto a las grandes fortunas propuesto por el Gobierno para ser tramitado como una enmienda al proyecto de ley que regula gravámenes temporales a la banca y a empresas energéticas.
Durante su visita a Ecuador como parte de su primera gira por Sudamérica, Núñez Feijóo afirmó que «el Gobierno está muy nervioso, muy débil, con enormes contradicciones y debilidades internas, y ahora quiere trasladar esa debilidad al marco jurídico y tributario de España».
«Lo lamento profundamente, porque estoy convencido de que hay muchos riesgos de ilegalidad de este tipo de gravámenes que se hacen por la puerta de atrás, a espaldas de las instituciones y del debate parlamentario», ha agregado el líder del principal partido de oposición.
