El Gobierno presiona a las empresas para evitar que cambien su sede fiscal como Ferrovial
El Ejecutivo teme una eventual fuga de inversores locales que podría generar un terremoto económico y dar la puntilla electoral a Pedro Sánchez
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. | Agencias.
El Gobierno ha activado toda su maquinaria para evitar que la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fiscal a Países Bajos sea imitada por otras grandes empresas españolas, una fuga de inversores locales que podría generar un terremoto económico y dar la puntilla electoral a un Pedro Sánchez que se jugará continuidad en La Moncloa en diciembre. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que el Ejecutivo activó este miércoles todos sus resortes y realizó decenas de llamadas a grandes compañías españolas para asegurarse de que no seguirán el camino marcado por Rafael del Pino.
Desde varios ministerios del Gobierno y del equipo del presidente de Gobierno se está presionado directamente al tejido empresarial recordándoles su «compromiso con España» y el fuerte esfuerzo modernizador que el sector público está realizando a través de los fondos europeos Next Generation contenidos en el Plan de Recuperación. Las fuentes consultadas por este diario indican que la sensación en el Ejecutivo es de «pánico» y «máxima alarma» ante la posible avalancha de grandes empresas españolas que abandonen España.
El martes, al cierre del mercado, el Gobierno se enteró por la prensa de la decisión de Ferrovial de trasladar su sede -y su estructura fiscal- a Países Bajos, aunque -indicaron- esto no afectaría su compromiso ni su inversión en España. En su posterior encuentro con analistas, señalaron que buscaban esta sede por su mayor «seguridad jurídica» y su mejor visibilidad internacional, ya que tienen solo un 18% de su negocio en España. Pese a ello, desde la compañía insisten en que no se trata de una decisión política, sino meramente empresarial.
Impuesto a la banca y eléctricas
Lo que preocupa en el Ministerio de Economía, y en el equipo de Pedro Sánchez es que estas razones esgrimidas por Ferrovial podrían justificar la salida de cualquier grande del Ibex. Santander, BBVA, Iberdrola, Cellnex, todos ellos tienen la mayoría de su negocio fuera de nuestras fronteras e incluso el banco de Ana Botín y la eléctrica presidida por Ignacio Sanchez Galán han coqueteado con cambiar su sede fiscal, pero nunca han concretado nada.
Por otro lado, el Ejecutivo es completamente consciente del malestar de las grandes empresas con su gestión y por su excesivo intervencionismo en materia empresarial, muchas veces en el límite de lo que permite el reglamento de la Unión Europea. Pedro Sánchez y su equipo llevan varios meses poniendo en la diana al sector y culpándolo de enriquecerse con la crisis generada tras la guerra de Ucrania, la subida de los tipos y la escalada de la inflación.
Del mismo modo, el Gobierno puso en marcha los impuestos a los beneficios extraordinarios a las eléctricas, los bancos y las grandes fortunas. Los dos primeros ya fueron recurridos por las respectivas patronales de estos sectores y -según todos los inversores- estas tres nuevas figuras han generado una importante inseguridad jurídica en España. Una seguridad jurídica que Ferrovial dice buscar en Países Bajos.
Calviño contra Ferrovial
A este negativo sentimiento inversor tampoco ha ayudado el decreto antiopas del Gobierno que recientemente se prorrogó hasta finales de 2024. Este escudo da a Pedro Sánchez y su equipo la última palabra para autorizar que empresas que no son españolas puedan tomar posiciones relevantes en grandes compañías de sectores estratégicos como medios de comunicación, energía, infraestructuras o telecomunicaciones.
Tampoco ayuda a mejorar este sentimiento el retraso en la gestión de los fondos europeos y de los Perte, en la que muchas de las grandes compañías del Ibex esperaban tener un mayor protagonismo y una participación que, hasta el momento, no se ha producido. Lo cierto es que, tras dos años de ejecución, el dinero sigue sin llegar de manera fluida al tejido empresarial.
Con todos estos antecedentes, el anuncio de Ferrovial ha despertado todas las alarmas en el Gobierno que optó por generar un efecto disuasorio con contactos privados y una dura respuesta pública. A primera hora del miércoles, el equipo de la vicepresidenta Calviño filtró a la prensa la conversación que tuvo con el propio Rafael del Pino. En ella, Calviño mostró su disconformidad y su «decepción» con la decisión que calificó como «errónea».
«Mazazo al Gobierno»
Calviño considera que Ferrovial le debe «todo a España». «No resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país», indicó en nombre del Gobierno. Incluso los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz; de Hacienda, María Jesús Montero; de Derechos Sociales, Ione Belarra; y de Agricultura, Luis Planas, criticaron públicamente la decisión de la empresa y todos coincidieron en que es un movimiento «inaceptable».
Una «sobrerreacción», según las fuentes consultadas, motivada por el elevado estado de preocupación del Ejecutivo que no está dispuesto a encajar más golpes como el de Ferrovial. Es por ello por lo que han multiplicado los contactos exprés con las grandes compañías, para asegurarse que no se producirá una fuga de empresas.
Dentro de algunas empresas se califica esta decisión de Rafael del Pino como «un mazazo durísimo al Gobierno» y un hito muy negativo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Es la primera gran empresa española que deslocaliza su sede, lo que abre abre la veda y es una muestra de la pérdida de confianza del mundo empresarial en el Gobierno», indica un asesor de grandes empresas extranjeras y fondos de inversión a este diario. Por otro lado, se advierte que tras esta decisión queda muy tocada la imagen del Gobierno y de Pedro Sánchez, en especial de cara al contexto europeo.
¿Se puede frenar?
Pero ¿puede realmente el Gobierno frenar la marcha de Ferrovial o de otras empresas? Desde el Gobierno se ha indicado que están pendientes de conocer los detalles para analizar y seguir de cerca sus posibles implicaciones. Es una manera encubierta de decir que harán todo lo posible para frenar esta decisión. Sin embargo, todas las fuentes consultadas advierten a este diario que estamos ante una medida irreversible que ya ha sido largamente meditada por la compañía.
«Cuando se toma una decisión de este tipo, se han evaluado con claridad los costes-beneficios de la operación», dicen conocedores del movimiento a este diario. Formalmente, solo falta la ratificación por parte de los accionistas en Junta General, algo que se da por descontado. En el caso de las herramientas del Ejecutivo para frenar este movimiento, la realidad es que son escasas por no decir inexistentes. En una economía de libre mercado, las empresas son libres de situar su sede social donde estimen conveniente, algo que es imposible frenar con las herramientas jurídicas y legales actuales.
