La 'maldición del empleado 50' de la que habla Tamames: más impuestos y mucha burocracia
El paso de una empresa de 49 a 50 trabajadores implica una serie de obligaciones en un entorno en el que nuestra economía no acaba de ser productiva
Dos jóvenes pasando por delante de una oficina de empleo. | Eduardo Parra (Europa Press)
Este martes, el catedrático de Estructura Económica Ramón Tamames aludió en su discurso con motivo a la moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez a la ‘maldición del empleado 50’. Ese número a partir del cual las empresas pierden su categoría de microempresas, y se convierten en medianas empresas, sociedades de tamaño medio, propiciando automáticamente la creación de comités de empresa, la obligación del pago del IVA de manera mensual, menos ventajas fiscales y más obligaciones, como los planes de igualdad, de riesgos laborales, medioambientales, protocolos contra el acoso, además de una larga lista que corresponde a una etapa de sobrelegislación laboral.
Así, y teniendo en cuenta estas exigencias, lo cierto es que España es uno de los países de nuestro entorno de la Unión Europea con el menor número medio de trabajadores en sus pymes. La mayoría de nuestras sociedades son microempresas.
Ya el último Indicador elaborado por Cepyme, y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, señala que las pymes no atraviesan un buen momento en nuestro país, tanto que, «el número medio de asalariados en las pymes españolas vienen reduciéndose desde hace 10 trimestres».
Al mismo tiempo, la productividad media por cada asalariado retrocedió hasta su nivel más bajo desde marzo de 2021 que, a su vez, es similar al de junio de 2024.
El efecto perverso del empleado número 50
Mención a las palabras del señor Tamames, a propósito de la maldición del empleado 50, ha hecho el economista y director de Inversiones de Tressis Gestión, Daniel Lacalle. Para Lacalle, «el efecto perverso que tiene para España la maldición del trabajador número 50, es una cosa que, básicamente quiere decir que, a partir de una empresa que tiene 50 empleados, de repente, no solamente tiene que cumplimentar una serie de trámites burocráticos adicionales, sino que, se le empiezan a aparecer todo tipo de visitas de todo tipo de organismos que no había visto jamás nunca en su vida».
Entonces, remarca, viene «el hachazo fiscal, las trabas burocráticas y los impedimentos que genera ese incentivo perverso, y que hace que muchísimas empresas ni siquiera se planteen tener ese número de empleados, porque le va a suponer mucho más costes, muchos más problemas y, ningún beneficio».
José María Rotellar, profesor de Economía en la Universidad Francisco de Vitoria, y también responsable del flamante Observatorio de Economia de la UFV, explica que, «la mayoría de empresas españolas -también de la UE, son pymes, pero en el caso español es todavía más importante esa proporción».
Y esto puede verse -continúa- «como una desventaja competitiva, ya que dificulta obtener, por economías de escala, una reducción de los costes medios que permitiese obtener ganancias de productividad y de competitividad».
Barreras fiscales, contables y laborales
Aclara Rotellar, que «esto no es debido a que las empresas españolas sean peores que las extranjeras, sino a un complicado entorno regulatorio con barreras de todo tipo -fiscales, contables y laborales, entre ellas- que se incrementan al pasar de un número de empleados a otro, concretamente, de 49 empleados a 50». Surge, ahí -apostilla-, «la obligación de auditar sus cuentas, con el consiguiente coste adicional para compañías que, en muchos casos, tienen recursos escasos, tienen que crear todo tipos de comités, pierden incentivos fiscales y crear un comité de empresa, en términos generales, junto con la llevanza del registro horario o la obligatoria regulación del teletrabajo».
Por tanto -remacha el economista- todo ello, unido a la burocracia lenta que impera en España, «desincentiva el salto de 49 a 50 empleados, ya que los empresarios prefieren renunciar a mejoras de productividad y ganancia de cuotas de mercado para no tener que sufrir el incremento de burocracia, dificultades y costes, elementos que lastran, por tanto, el crecimiento económico y el empleo, al limitar a las empresas».
El economista Javier Santacruz relaciona directamente la ‘maldición del empleado 50’ con el incremento de presión fiscal. «Pero en este momento es igual de importante o incluso más -añade-, todas las cargas burocráticas de las que están exentas las empresas de menos tamaño y que al tener el empleado 50 tienen que empezar a cumplir. Se trata -señala- de cuestiones relativas a normativa laboral, de salud, medioambiental, administrativa.Y es ahí -abunda-, cuando se multiplica el coste de cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen».
Otras opciones
Salvador Marín, director del Servicio de Estudios Económicos del Consejo General de Economistas, pondera que, una de las principales prioridades de nuestra economía debe centrarse en ayudar a las pymes, y a que éstas sigan creciendo, por lo que es fundamental eliminar barreras y desincentivos para crecer. Explica Marín que, al pasar del empleado 50 al 51 o siguientes esto supone unos costes administrativos superiores, «lo que claramente es una barrera al crecimiento». De hecho, -insiste-, «debería ser justo lo contrario, es decir: primar e incentivar el crecimiento empresarial, con medidas concretas que supusieran ahorros en costes burocráticos para las empresas que adquieran tamaño dentro de los tramos de las pymes».
En economía -sustancia Marín-, «está claro que lo que no se incentiva no crece y que barreras administrativas al crecimiento en pleno siglo XXI no tienen ningún sentido, porque a la larga, mantenerlas perjudica a la economía. Está recogido -remarca- por numerosos estudios y trabajos que han incidido en las barreras al crecimiento empresarial. Y -determina-, «si realmente queremos más información, hay muchas más opciones hoy en día que no deben pasar por trasladarle al empresario y también a sus empleados el desarrollo de tareas no productivas».
En opinión de Marín, «existen dos principios en la Unión Europea que luego se arrastran hacia la normativa nacional, en unos países con más acierto que en otros, y que deberían ser de obligado y estricto cumplimiento, y no lo son, como son los de think small first y smart regulation.
