La Airef denuncia que el Gobierno oculta a la UE 21.000 millones en promesas electorales
La autoridad fiscal reprueba que el Ejecutivo envíe a Bruselas la Actualización del Programa de Estabilidad y que tras ella incorpore nuevos gastos
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. | Europa Press
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal avaló este jueves la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2023-2026, que el Gobierno ha enviado recientemente a Bruselas. Un aval general a las variables macroeconómicas, no exento por ello de críticas a la falta de planificación fiscal a medio plazo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a las orientaciones que la propia Comisión Europea ha ido avanzando, y que van en la línea de que España reduzca la deuda de una manera creíble.
Precisamente el déficit y la deuda pública son los dos elementos en los que la Airef ha hecho más hincapié al detectar que -si bien el déficit público se estabilizará en el 3% en 2026, situándose cinco décimas por debajo de las previsiones de la APE, y que las proyecciones de la rebaja de la deuda llegan al 107,3% en 2026-, una vez que entre en vigor el nuevo marco fiscal inspirado en las propuestas legislativas de la Comisión Europea, a España no le va quedar más remedio que aplicar una serie de ajustes adicionales para situar la senda de la deuda en una trayectoria descendente en los próximos años.
Se trata de un ajuste que, según los cálculos dela Airef, requeriría medidas adicionales por valor de 0,46 puntos al año, o lo que es lo mismo, 30.000 millones de euros, cantidad que habrá de tener presente el nuevo Gobierno, y a la que también habrá que sumar, de ejecutarse, los 21.000 millones de euros que Sánchez ha desplegado en promesas electorales en los últimos días, y que no han sido incluidos en la última Actualización del Programa de Estabilidad de 2023-2026.
Este jueves la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, hizo alusión a esta partida, sin enunciar una cantidad determinada, pero sí al señalar que el Gobierno ya mandó el año pasado la APE, y al tiempo anunció la medida del Salario Mínimo Interprofesional. Este año ha vuelto a hacer lo mismo, y una vez enviada la Actualización del Programa de Estabilidad ha sumado un paquete de medidas que alcanzan, hasta ahora, 21.000 millones de euros en promesas electorales -dado que estamos en precampaña desde comienzos de año-, incluyendo en este capítulo concreto: 12.500 millones de euros para la ejecución del programa de vivienda a través de la Sareb; 4.000 millones de créditos ICO -aunque esto no se considera gasto sino activos, a no ser que quien percibe el crédito deje de pagarlo-; 620 millones para los terrenos de Defensa para vivienda; 2.500 millones en avales para la vivienda de jóvenes y 2.190 millones, que es la última cantidad que el Gobierno de Pedro Sánchez comprometió este jueves en el Consejo de Ministros para paliar, en este caso, la pertinaz sequía y la consecuencia para los agricultores.
En opinión de Cristina Herrero, el Gobierno sigue sin hacer informes de planificación a largo plazo, no da información de los subsectores, no detalla partidas y tampoco genera espacios fiscales en un momento de gran incertidumbre y con muchas presiones al alza del gasto público, entre ellas el envejecimiento de la población -gasto en pensiones- que hacen que el nuevo ciclo monetario, unido al elevado nivel de deuda existente, sitúe la sostenibilidad de las finanzas públicas en un punto de partida de gran vulnerabilidad. Hasta tal punto que las estimaciones de la Airef llegan a una deuda que podría alcanzar el 108,7% en 2037 de no aplicar un serio programa de ajustes.
La Airef pide un ajuste adicional de la deuda pública
Insiste la Autoridad en que ese elevado endeudamiento inicial, sumado a unas cuentas públicas no equilibradas, acabará generando una dinámica desfavorable en la carga financiera, incluso en el escenario de contención del coste de la deuda.
En un escenario a largo plazo, la Airef proyecta un gasto de intereses en relación con el PIB que se irá incrementando graudal y sostenidamente dede el 2,4% del PIB de 2022, hasta situarse en el entorno del 4% en los próximos 15 años. De ahí la importancia reiterada por Herrero al subrayar la necesidad de generar un espacio fiscal que conlleve el diseño de un plan a medio plazo, plan que el Gobierno no ha incluido en esta APE, pese a que a partir del próximo habrá que cumplir las directrices de la Comisión para el periodo de 2024-2027.
Con estos mimbres, la Airef hizo ayer tres nuevas recomendaciones al Gobierno, y como es lógico, al nuevo Ejecutivo, pues se trata de medidas de calado: Primero, iniciar los trabajos para la reforma de un marco fiscal nacional, con la participación de los diferentes niveles de las Administraciones Públicas desde una perspectiva integral. Segundo, que el Ministerio de Hacienda incorpore al Consejo de Ministros un acuerdo por el que se fijen los objetivos del análisis de cómo los objetivos cumplen el requisito de que la deuda se mantiene en una senda continuamente descendente con plausibilidad, y de cómo se llega a ella por cada nivel de la Administración para garantizar la consistencia del reparto.
Asimismo, y como tercera recomendación, la Airef formula que el Ministerio de Economía diseñe un modelo de gobernanza de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, «del que persisten problemas de información», que podría estructurarse en tres niveles: institución interna del Gobierno de planificación y coordinación; centro gestor seguimiento continuo con mapa de indicadores y agente independiente evaluación ex post.
Menores ingresos y peores previsiones para 2024
En un año de transición a un nuevo marco fiscal, el informe de la Autoridad Independiente también señala una previsión de menores ingresos que lo previsto por el Gobierno, en este caso, por impuestos directos y cotizaciones y un peso mayor en impuestos indirectos y el resto de los recursos.
Finalmente, la Airef observa que las condiciones de financiación que se han endurecido tendrán su traslación a la actividad real y eso podría percibirse con mayor intensidad en la segunda mitad de 2023 y en 2024. De hecho, en 2024 las expectativas de crecimiento del PIB y del comercio mundial se revisan a la baja, pese a que la actividad mantiene un comportamiento más vigoroso de lo anticipado en otoño de 2022, si bien en el horizonte de proyección de la APE confluyen fuerzas de naturaleza contrapuesta, según sostienen.
El economista Javier Santacruz también ha valorado para THE OBJECTIVE la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026. En su opinión, ese crecimento que ha experimentado la economía española, en contra de las previsiones iniciales, se asienta «en cinco o seis décimas de más que vienen del gasto público y del sector exterior, y muy especialmente de ese turismo de invierno que viene del extranjero y que ha sorprendido a la economía española».
Le preocupa a Santacruz que ese gasto público de más acabe «sacrificando el crecimiento del año 2024 y 2025, como mantienen las previsiones de las diferentes organismos especializados, solo por crecer algo más en el 23, máxime, cuando el consumo privado está cayendo» -los 14.000 millones de ahorro que contaban las familias a finales de año se ha acabado-. La cuestión -añade- es que «esas décimas de más del PIB solo nos han traído un modelo de más gasto público, más presión fiscal, mientras que el consumo y la inversión funcionan mal».
«Esto -vaticina Santacruz-, dará lugar a unos crecimientos muy bajos en 2024 y 2025, del 2,1%, cuando deberíamos crecer al 2,4% del PIB, y todavía nos queda un 1,1% para recuperar los niveles de crecimiento económico de prepandemia».
