España perderá 300 millones en ayudas de la PAC si no se flexibilizan sus requisitos
Son los cálculos que hacen desde Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en base solo a los las solicitudes de ecorregímenes, pero la cifra puede ser superior
Los agricultores llevan tiempo pidiendo al Gobierno que solicite a Bruselas una flexibilización. | Patricia Galiana (Europa Press)
Agricultores y ganaderos de varios puntos de España han solicitado a consejerías de las distintas comunidades autónomas y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que interceda ante la Unión Europea y pida que se flexibilicen algunas de las condiciones para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), pues aseguran que varios de estos requisitos son imposibles de cumplir este año debido a la sequía.
Finalmente, según el anuncio hecho el jueves tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado un día antes del comienzo de la campaña electoral, el Ejecutivo ha escuchado las peticiones de incluye en el real decreto-ley que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC.
Sin embargo, es la Unión Europea quien tiene la última palabra a la hora de autorizar la flexibilización de ciertos requisitos para acceder a estas ayudas y, por tanto, el campo teme que las promesas queden en papel mojado y España acabe perdiendo cientos de millones en ayudas europeas, lo que perjudicaría seriamente al sector agrícola y ganadero.
Desde Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos cuentan a THE OBJECTIVE que, aunque todavía no se puede saber la cantidad que se perdería, puesto que se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes, viendo el porcentaje de las explotaciones que actualmente no cumplirían con los requisitos que otros años eran asequibles, las pérdidas si no se cambian las condiciones pueden estar en torno a los 300 millones de euros solo teniendo en cuenta los ecorregímenes, una cifra que ascendería bastante si se suman las penalizaciones y la pérdida de otras ayudas.
Así, según explica Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, a este periódico, aunque no hay una estadística hecha de manera oficial, puesto que aún quedan solicitudes por presentar, la cifra podría rondar entre los 600 y los 800 millones si también se tienen en cuenta las ayudas que no se van a poder presentar por problemas de los sistemas informáticos y las penalizaciones por condiciones no cumplidas.
«Lo que sí tenemos es la sensación cuando estamos realizando los expedientes de las ayudas que no se están solicitando porque con esos requisitos los agricultores no van a entrar, y también tenemos muchísimos expedientes de ecorregímenes con plantación de especies mejorantes que no han crecido, entonces si no flexibilizan, vamos a tener una pérdida de entre el 30% y el 40% de los expedientes que estamos haciendo«, explica Cortés.
Piden excepciones para los cultivos mejorantes o el pasto para el ganado
Antes del anuncio del Gobierno, que no ha concretado cuáles son las condiciones que van a ser más flexibles, los agricultores y ganaderos de todas las zonas afectadas por la sequía ya pedían que se tenga en cuenta la situación excepcional de este año y se permitan excepciones en varios aspectos que pueden imposibilitar el acceso a las ayudas.
Por ejemplo, desde Asaja señalan que es necesario flexibilizar la rotación de cultivos mejorantes, que son aquellos que se siembran con el objetivo de mejorar las características del suelo y aportar beneficios al siguiente cultivo. Estos suelen ser leguminosas o plantas como el girasol o la soja, algo que este año aseguran que no crecerá aunque se siembren.
«Si me obligan a sembrar un 5% de leguminosas, cuando llegue el satélite Sentinel, que es el que va a vigilar que efectivamente se cumple el requisito, no va a salir en la parcela de cultivo porque no ha nacido, porque no hay humedad», dice el coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. «No se puede exigir a un agricultor que cumpla un requisito cuando el clima no te lo permite».
Otra de las peticiones, según cuentan desde Asaja a este periódico, está relacionada con el barbecho. Piden que este se permita tras la siembra de cultivos leguminosos. Además, solicitan que se permita modificar la declaración de los cultivos de cada agricultor, debido a que la sequía puede provocar cambios según lo que se pueda adaptar a las condiciones climatológicas del momento.
También es necesario, apuntan desde las dos organizaciones, permitir que se pueda usar todo el terreno disponible para alimentar al ganado en lugar de dejar una parte de la superficie sin aprovechar, en descanso. «Por la sequía, no hay paja, no hay cereal», explica Cortés. «Imagínate un ganadero que no tiene paja y le obligan a dejar hasta el mes de octubre o noviembre una superficie sin aprovechar. ¿Vamos a dejar que se mueran de hambre los animales?», dice Cortés, que critica que las medidas se creen desde Bruselas sin tener en cuenta las condiciones climáticas de nuestro país.
A estas se suman otras reivindicaciones como la de flexibilizar la obligatoriedad de mantener la cubierta en los cultivos leñosos todo el año, poder hacer aprovechamientos para ganadería de los cultivos que no llegarán a desarrollar grano y mejorar las dotaciones básicas de infraestructuras y servicios en el medio rural como las relacionadas con el agua, el transporte y la movilidad.
Además, pedían ampliar el plazo establecido para presentar las solicitudes, que en un principio finalizaba el 31 de mayo, debido a que los cambios normativos que han entrado en vigor este año han dificultado el proceso. Por un lado, las novedades han forzado a las administraciones a hacer cambios en los sistemas informáticos para presentar la documentación y han estado semanas sin funcionar correctamente, y por otra parte, los agricultores deben recopilar mucha más documentación de la habitual y hacer ajustes en un tiempo que consideran muy reducido.
Finalmente, el Gobierno anunció en el Consejo de Ministros del jueves que el plazo se amplía hasta el 30 de junio como se estaba solicitando.
