Los agricultores avisan del riesgo de colapso en el sector por la «avalancha» normativa de la PAC

El paquete normativo de la nueva Política Agraria Común (PAC) que entró en vigor este año 2023, con dos años de retraso, está poniendo a los agricultores en una situación especialmente complicada, según denuncian varias asociaciones, tanto por la cantidad de cambios a la hora de presentar la documentación como por los plazos establecidos. 

A lo que consideran una «avalancha» de normas se suma que el tiempo para presentar la documentación necesaria para acceder a las ayudas de la PAC se ha reducido este año, al retrasarse el inicio del plazo para solicitarlas, pero no ampliar la fecha límite. Así, aunque el servicio debería estar disponible desde el 1 de marzo, los problemas técnicos han hecho que todavía no se hayan podido empezar a presentar solicitudes, lo que las asociaciones agrarias temen que acabe produciendo un colapso. 

Esto «está suponiendo una seria amenaza de colapso en el sector agroganadero, que está entre la espada y la pared, obligado a cumplir una normativa mastodóntica que ni la propia administración entiende», denuncia la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), que afirma que «transcurridas tres semanas de tramitación PAC, vemos muy difícil terminar en el plazo previsto inicialmente, el 31 de mayo», fecha en la que se acaba el plazo para entregar toda la documentación. 

«Se está retrasando mucho y esto hace que nuestros técnicos que son los que ayudar al agricultor a presentar la PAC, llevan un mes y medio que no han podido trabajar y otro medio mes que aunque quisieran, lo único que pueden empezar a hacer es anotar, sin poder presentar todavía la solicitud», critica en una conversación con THE OBJECTIVE Ignacio López, director de asuntos regulatorios y relaciones internacionales de Asaja. 

Más asesoramiento

A esto se suma que estas nuevas solicitudes implican un mayor tiempo de elaboración y «tampoco es fácil encontrar gente y formarla para la tarea», apunta López, por lo que la situación se complica para los asesores. 

En el mismo sentido se pronuncian desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA): «Necesita mucho más asesoramiento, mucho más trabajo a la hora de presentar. Y mucho mayor seguimiento porque es nueva, con lo cual se prevé que haya más incidencias», dice a este periódico Montse Cortiñas, vicesecretaria general de la organización. 

Por esto, considera que, dado que las administraciones no están cumpliendo con los plazos que habitualmente dan a los agricultores, deberían ser también flexibles a la hora de poner una fecha límite y permitir en este primer año de la normativa una flexibilización de los plazos para que nadie se quede sin recibir la ayuda o parte de ella. «Si las organizaciones que estamos haciendo esto vemos que el tema se colapsa, creo que la administración tiene que ser lo suficientemente flexible para llevar a la siguiente campaña la puesta en marcha de determinados instrumentos como es el el cuaderno digital», apunta Cortiñas. 

La obligatoriedad del cuaderno digital, un motivo de preocupación 

Una de las medidas que más preocupa a los agricultores y ganaderos es la implementación del cuaderno digital, que en la práctica supone una digitalización de gran parte de las explotaciones en un plazo que va desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre y que consideran demasiado ajustado. 

«El batallón de normativas», apunta el director de asuntos regulatorios y relaciones internacionales de Asaja, ha hecho que aumente la carga de burocracia, a lo que se suma la obligatoriedad de crear un cuaderno digital en las explotaciones. Esto significa que «tienes que anotar el vía electrónica y comunicar a la administración en un plazo determinado dependiendo de lo que se haga, como la entrada del ganado en los recintos cuando echas abono,  en qué dosis y cómo, etc.», explica López. 

Esta es una tarea que se complica en un entorno donde muchas veces se trabaja en zonas sin cobertura, además de que quienes tienen que llevarlo a cabo no están familiarizados con la herramienta, señala López, que añade que hay que tener en cuenta también que «más del 50% de la población agrícola tiene más de 60 años», lo que hace más complicada la digitalización. 

Por su parte, la vicesecretaria general de UPA considera que sería oportuno que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se planteara «llevar al año que viene la obligatoriedad del cuaderno digital», porque «lo que lo que sería un desastre es que el primer año de una nueva PAC los agricultores y los ganaderos no puedan acogerse por temas administrativos al 100% de lo que les corresponde». «Nos parece bien que tengan ganas de poner en marcha instrumentos que seguro que a ellos les van a facilitar el control, pero eso tiene que llegar al campo y necesita sus tiempos». 

El miedo a perder parte de las ayudas

Aunque es cierto que las asociaciones no temen, por el momento, que haya quien se quede fuera de las ayudas por las trabas burocráticas, sí que advierten de que, si no hay una mayor flexibilidad, puede haber agricultores que finalmente no reciban la totalidad de lo que les corresponde por las dificultades añadidas de las solicitudes de este año. 

«Es fundamental poder ir al máximo de ayudas a las que tienen derecho, porque están haciendo las cosas bien y la PAC está diseñada para apoyar a ese tipo de explotaciones», dice la vicesecretaria general de UPA. 

Por eso, insiste en la necesidad de que las administraciones tengan cierta flexibilidad para que «toda la burocracia no nos impida que eso sea posible». «Hemos visto como en pandemia se han tomado decisiones a posteriori para flexibilizar cosas que creíamos que era imposible, pues bueno, habrá que adaptarse a situaciones nuevas y eso es lo que nosotros le solicitamos al Ministerio», añade.