La crisis dispara los funcionarios con pluriempleo: taxistas, camareros, actores...
Pese a las limitaciones para ejercer una segunda actividad, hasta 9.000 empleados públicos ya lo hacen, lo que representa un 50% más que en 2020
Hacienda facilita el listado de funcionarios a los que se les ha autorizado una doble actividad. | Europa Press
Las bajas retribuciones de los funcionarios de los niveles inferiores y del personal laboral -que se rige por el Estatuto de los Trabajadores– han provocado un pequeño boom del pluriempleo en la Administración. Proporcionalmente son pocos, pero han experimentado un incremento muy importante durante la pandemia y a raíz de las crisis de precios y energética.
Según los datos facilitados por el Portal de Transparencia a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el número de trabajadores que han solicitado poder compatibilizar su actividad en la Administración con un trabajo en el sector privado o en el público ha aumentado un 50% desde 2020. En total, a fecha de marzo de 2023 hay 9.096 empleados que tienen pluriempleo.
En solo nueve meses, el número de empleadas y/o empleados públicos que tienen autorizada la compatibilidad con otra actividad ha aumentado en 1.497. Este incremento se corresponde con un aumento de 926 compatibilidades con actividad privada. El incremento en compatibilidades con actividad pública ha sido de 571.
Casi la totalidad de las solicitudes para compatibilizar el trabajo en la Administración con otro en el sector público tiene que ver con la docencia, pero las peticiones para hacerlo en el sector privado afectan a muchos ámbitos laborales. Soldados, cabos, suboficiales o personal de Correos son los principales demandantes de una segunda actividad o de un pluriempleo. Hasta un 20% de los peticionarios de una segunda actividad son tropa y marinería, suboficiales e incluso tenientes y capitanes.
El sueldo básico bruto de soldados y marineros supera por muy poco los 1.000 euros brutos y al cumplir los 45 años, tras acumular algunos complementos, son cesados. Por eso buscan un complemento retributivo o una opción en el sector privado, que resulta más fácil por su preparación, para cuando tengan que dejar la vida militar.
Al detalle, los funcionarios del Ministerio de Defensa lideran las demandas. Sueldos bajos, elevadas jornadas laborales y exigencias como la movilidad determinan la decisión de buscar un empleo compatible incluso renunciando a parte del sueldo público. El pluriempleo es la principal opción. Mientras, los concursos de traslado, que de forma periódica se convocan en las administraciones para permitir la movilidad de trabajadores entre departamentos provocan «auténticas desbandadas» en el departamento que dirige Margarita Robles. Tras los militares, son los repartidores de Correos, con sueldos bajos, pero con jornadas mucho menos rígidas, los que solicitan compatibilizar su empleo con una actividad privada.
Excedencias entre funcionarios de élite
Hasta 74 de estos funcionarios, de 2.500 que pidieron compatibilizar la actividad privada con la pública desde el 1 de enero de 2020, vincularon su segundo empleo con la abogacía y más de de un centenar reclamaron una actividad de conductores, fundamentalmente, como taxistas y transportistas. Hasta 350 optaron por la docencia, por el profesorado y, también, como formadores para futuros funcionarios. Pero también hay camareros.
Hay casi una treintena de trabajadores que están vinculados a autoescuelas y hasta 50 empleados públicos que reclamaron poder ejercer una actividad como músicos, bailarines y actores. También aparece un número destacado de funcionarios que obtuvieron puestos políticos tras las elecciones. La doble actividad, debido a incompatibilidades, afecta muy poco a profesiones liberales.
Mientras, los niveles más altos de la Administración, A1 y A2, optan por excedencias, en busca de mejores sueldos. En torno a 30.000 de estos funcionarios, el 6%, trabajan en la empresa privada tras obtener un empleo públicos. Resalta el caso de los abogados del Estado, ya que el cuatro de cada diez están empleados en los bufetes más prestigios.
La ley de incompatibilidades de 1984
La ley de 1984 que regula el régimen de incompatibilidades en las administraciones públicas prohíbe la actividad privada de los funcionarios en empresas con las que haya tenido alguna relación desde su puesto público, obliga a que el trabajo sea a tiempo parcial o con un horario que no supere la mitad del habitual que desarrolle en el sector público, no permite desempeñar cargos en empresas que trabajen para el sector público y, fundamental, que "no perciba complementos específicos o equiparables cuya cuantía supere el 30% de su retribución básica excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad".
Esta limitación afecta claramente a los niveles más altos de la Administración, especialmente al subgrupo a A1, aunque tienen la posibilidad de acceder a la reducción de dicho concepto retributivo para poder obtener el reconocimiento de compatibilidad.
