Escrivá deja la Seguridad Social con un agujero de 3.000 euros al año por cada pensionista
España necesitaría 2,6 afiliados por pensionista para que desaparezca el actual déficit contributivo de la Seguridad Social
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. | Europa Press
A mes y medio de que se celebren las elecciones generales el 23-J, el actual déficit contributivo de la Seguridad Social asciende a 26.000 millones de euros. Una cantidad nada despreciable, pues según el último Pensiómetro del Instituto Santalucía que ha conocido THE OBJECTIVE, deja un agujero que, de saldarlo en estos momentos, restaría una media de 3.000 euros a cada pensionista al año y 1.300 euros por cada cotizante.
El análisis, elaborado por un grupo de investigación de profesores universitarios, nutre al mecanismo que mide de manera constante el estado de las pensiones —cada tres meses, y de manera actualizada—, gracias a 20 indicadores de la Seguridad Social, que junto con datos de INE y de la Contabilidad Nacional, entre otras fuentes, arroja información comparada desde 2011 hasta diciembre de 2022. En sí, el Pensiómetro ofrece datos sobre cuestiones como la tasa de cobertura, la edad efectiva de jubilación, la tasa de afiliación, la pensión por euro cotizado, brecha de género agregado, saldo contributivo por pensionista y saldo contributivo por cotizante, entre otros variables.
De igual modo, sostiene Devesa, cuenta además con la valoración de indicadores que examinan los ingresos y los gastos del propio sistema, lo que por cierto sirve para ver la evolución del déficit del sistema; un déficit que actualmente está en 26.000 millones —aclara a THE OBJECTIVE—, y que «significaría que los cotizantes tuvieran que aportar 1.300 euros más y los pensionistas cobrar 3.000 euros menos para paliarlo», agregó quien fuera miembro del Comité de Expertos que desarrolló el Factor de Sostenibilidad del sistema de pensiones en 2013, en la primera etapa de Gobierno de Mariano Rajoy.
De cara a lo que la Comisión exige de nuestra reforma, sin duda la sostenibilidad es uno de los apartados mollares que han sido abordado en este trabajo en el que han participado: Enrique Devesa profesor titular de la Universidad de Valencia; Mar Devesa, profesora titular del Departamento de Economía Financiera y actuarial de la Universidad de Valencia; Borja Encinas, profesor titular en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura Inmaculada Domínguez, profesora titular de la Universidad de Extremadura; Miguel Ángel García, economista y profesor colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos y, Robert Meneu, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia.
La sostenibilidad de la Seguridad Social
El último Barómetro de las Pensiones de Santa Lucía refleja que los indicadores de sostenibilidad han mejorado respecto al mismo mes del año anterior por el buen comportamiento de la afiliación, teniendo en cuenta, eso sí, que la comparativa con 2012 es positiva, aunque en el año 2012 la economía estaba en el punto más bajo del ciclo económico tras la crisis que se inició en 2008. Y lo cierto es que la tasa de afiliación se ha incrementado en más de 2 puntos en el último año (12 puntos desde 2012) y, el número de afiliados por pensionista ha subido a 2,24 en 2022 frente a 2,21 en 2021 (2,01 en 2012). Ahora bien -señala el Pensiómetro-, «se trata de un dato positivo, pero todavía está lejos de los aproximadamente 2,6 afiliados por pensionistas que serían
necesarios para que desapareciera el actual déficit contributivo de la Seguridad Social».
Una cifra -la de 2,6 afiliados por pensionista- que se aleja de los datos triunfalistas del Gobierno en este sentido. Devesa explica para THE OBJECTIVE que, si bien ha aumentado el número de cotizantes, hay que observar la media de sus cotizaciones y comparar las cotizaciones totales con el gasto en pensiones para extraer la información que nos diga si es o no es sostenible la reforma de pensiones de José Luis Escrivá.
En ese sentido, detalla uno de los autores del Pensiómetro. El Barómetro de las Pensiones del I Trimestre de 2023 que además, a la hora de hacer la valoración del sistema de pensiones hay que tener en cuenta «el saldo contributivo por pensiones y el saldo contributivo por cotizantes, y no como hace el ministro titular de la cartera de Seguridad Social e Inclusión -que habla de un déficit del 0,5%, cuando en realidad es del 2%-, quien determina sus conclusiones teniendo en cuenta las operaciones no financieras y no estos dos saldos, lo que en el fondo —señala el también miembro del Instituto de Políticas de Bienestar Social y coordinador Técnico del Grupo de Investigación del Instituto de Actuarios Españoles en Pensiones Públicas— «es una trampa, porque él no añade las transferencias que se hacen al sistema, al considerarlas gastos impropios». Y mantiene además Enrique Devesa otro problema, y es que «tenemos muy poca información sobre los pensionistas que no pertenecen al Régimen general y entre los que se encuentran los funcionarios, pensiones por las que el Estado no paga cotización y por tanto solo existen las cotizaciones de esos contribuyentes».
El estudio del Instituto Santalucía establece que en su conjunto, esta reforma se desmarca de los procesos de reforma anteriores, así como de las reformas de los sistemas de pensiones en el resto de países de la UE, en el sentido de que pone el énfasis del ajuste en la parte de ingresos en lugar de adoptar medidas que controlen el crecimiento de los gastos ante el reto
del envejecimiento de la población. Además, por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) también considera que el balance de las reformas ligadas al Plan de Recuperación está siendo «muy decepcionante», ya que algunas de las nuevas normas apuntan en la dirección contraria a la que sería deseable, mientras que otras están casi vacías de contenido o se quedan cortas en el despliegue de medidas necesarias.
Precisamente, este lunes, Fedea publicaba un nuevo número de su Boletín centrado en el seguimiento de estas reformas, en el que se advierte de que en los últimos dos años y medio se han aprobado numerosas normas legales, respetando generalmente el calendario previsto, aunque «a costa de una utilización excesiva de procedimientos de urgencia que pueden haber repercutido negativamente sobre su calidad». «Lamentablemente —señala la Fundación—, el balance de estas reformas está siendo muy decepcionante». Y en concreto, menciona en su informe dos de los casos más paradigmáticos y preocupantes de reformas mal planteadas.
El primero es la reforma del sistema público de pensiones, ya analizada en varios documentos de la Fundación. En su opinión, esta reforma debería haber tenido como uno de sus objetivos centrales el de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y ha terminado teniendo el efecto contrario, «al introducir una serie de disposiciones que pondrán una fuerte presión al alza sobre el gasto sin acompañarlas de medidas compensatorias adecuadas».
La segunda de las reformas que comenta Fedea es la ley de vivienda que, buscando en principio paliar el problema de escasez de oferta que padecemos en este ámbito, «contribuirá seguramente a agravarlo a través del retraimiento de la oferta de alquiler ante una norma que reduce la rentabilidad e incrementa el riesgo de esta actividad», según advierten.
