El Frob contrata a Álvarez & Marsal y otras cinco consultoras para liquidar bancos pequeños
El fondo de rescate adjudica los trabajos de asesoramiento por si alguna entidad tiene que ser resuelta por 4 millones
La presidenta del Frob, Paula Conthe | Frob
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha contratado a la consultora Álvarez & Marsal y otras cinco consultoras (Analistas Financieros Internacionales, BDO, Crowe Advisory Auditores, EY e Intermoney) para resolver o liquidar bancos pequeños en caso de que así fuera necesario. El organismo dependiente del Ministerio de Economía acaba de adjudicar a la compañía un contrato de hasta 4 millones de euros para que le asesore en la valoración de las entidades que pudieran verse afectadas, todas aquellas que no están bajo la supervisión del BCE y que, por tanto, tienen unos activos inferiores a los 30.000 millones de euros y están fuera del ámbito de la Junta Única de Resolución (JUR) del organismo comunitario.
La contratación de este servicio no es novedoso y es una de las herramientas de las que se ha dotado siempre el Frob para llevar a cabo su labor de resolución. Hasta ahora, contaba con varias consultoras. Estas, además de Álvarez & Marsal eran Analistas Financieros Internacionales (AFI), BDO y Intermoney y EY, que desde 2019 le han dado esta cobertura tras varias prórrogas.
Por tanto, con el nuevo contrato, Álvarez & Marsal se queda solo en el asesoramiento de este servicio para el Frob. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, será a partir del 11 de julio cuando entre en vigor la licitación y se extenderá por el plazo de dos años, que pueden ser extendidos por un periodo de otros dos ejercicios.
Según las condiciones del pliego, recogidas en la plataforma de contratación del Estado, el valor de la adjudicación es de carácter orientativo y no vinculante, cuyo consumo estará condicionado a las necesidades reales que surjan durante la vigencia.
Cobertura del Frob para proteger la estabilidad financiera
Hay que tener en cuenta que el objeto de dicho fichaje es que el Frob tenga capacidad de actuación en caso de que algún banco presente problemas, con el fin de proteger la estabilidad del sistema financiero. Entre estas, destaca la de tener diferentes asesores externos que puedan colaborar en la preparación y ejecución de la resolución de una entidad.
Hasta la fecha, solo en España se ha procedido a un proceso de estas características. Se trata del Popular, pero su intervención quedó bajo el paraguas de la JUR al ser un banco de gran tamaño y supervisado por el BCE en su momento, en la primavera de 2017.
Álvarez & Marsal se encargará, en caso de que así fuera necesario, de los trabajos preparatorios de las valoraciones a llevar a cabo en la fase ejecutiva de la resolución de una entidad; de la valoración contable y prudencial; de la valoración económica; y de la tasación de otros aspectos. Esta labor es fundamental para saber cómo proceder y fijar la hoja de ruta, que podría acarrear la pérdida de las inversiones los accionistas, los tenedores de bonos e, incluso, los depositantes.
La adjudicación se produce en un momento en que, a priori, no se atisban problemas en el sector financiero y las entidades presentan ratios de solvencia y liquidez fuertes. Pero, los episodios de quiebras en Estados Unidos en marzo, con la caída de Silicon Valley Bank y algún otro grupo de mediano tamaño, y el desplome de Credit Suisse en Europa, han devuelto la inestabilidad al sistema.
Desde el Banco de España y otras autoridades se ha intentado llamar a la calma con mensajes claros de que la banca de la zona euro está robusta. Sin embargo, el BCE ha admitido que no todas entidades están en la misma situación y algunas podrían tener que enfrentarse a serias dificultades.
El Frob, en este contexto, renueva el acuerdo de asesoramiento en la valoración de entidades de menor tamaño, además de las firmas de servicios de inversión, quedando al margen los principales grupos (Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja, Abanca y Cajamar).
El fondo de rescate, además de esta misión, tiene por objeto gestionar la participación del Estado en Caixabank, fruto de la fusión de ésta con Bankia. En la actualidad, a través de BFA, el organismo tiene el 17,3% del capital del grupo catalán, con el que intentar devolver la mayor parte posible de las ayudas que recibió la extinta entidad. Hasta la fecha el Frob no ha podido recuperar ni un euro de algo más de 24.000 millones que le fueron concedidos en ayudas públicas. Además, cuenta con la mayoría del capital de la Sareb, conocido como ‘banco malo’.
