El Gobierno incorpora el veto de la UE a Huawei y ZTE y endurece su acceso al 5G rural
Las adjudicatarias deberán desmontar sus redes, asumiendo el coste, si es que sus proveedores son de «alto riesgo»
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. | Agencias
El Gobierno ha incluido en su última convocatoria de ayudas públicas 5G exigencias explícitas para que los futuros despliegues financiados con los fondos Next Generation no cuenten con proveedores de alto riesgo, apuntando directamente a operadores de fuera de la Unión Europea como Huawei o ZTE. Según ha confirmado THE OBJECTIVE, la orden de bases para financiar las redes en zonas rurales es muy clara y establece una nueva redacción -diferente al borrador de julio del año pasado- en la que incorporan las advertencias de la Unión Europea a estos proveedores publicadas hace dos semanas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes indica además que los operadores deberán asumir totalmente el coste de desmontar las redes de 5G si utilizan proveedores que se califiquen de alto riesgo, una vez que se haya completado el despliegue de las redes financiadas con ayudas públicas. Es así como se vuelve a abrir la puerta a la publicación de la esperada lista de suministradores vetados en esta tecnología que España lleva aparcando más de un año y que -como adelantó este diario- ya no puede seguir eludiendo tras las advertencias de Bruselas.
De esta manera, las fuentes consultadas indican que el Gobierno está abonando el terreno a una regulación más estricta para Huawei y ZTE en toda la red y, como pide la Unión Europea, no solamente circunscrita a las ayudas públicas. Así se comenzaría a materializar la Ley de Ciberseguridad de 5G publicada en marzo del año pasado, pero que hasta la fecha no ha tenido su concreción en la lista de proveedores de 5G.
Veto de la UE
El pasado 15 de junio la Comisión Europea instó oficialmente a los Estados miembros a que moviesen ficha para bloquear a Huawei y a ZTE de sus redes de telecomunicaciones de 5G y que les sacasen de sus actuales infraestructuras asumiendo del coste de este cambio«. Sobre la base de una amplia gama de información disponible, la Comisión considera que Huawei y ZTE representan riesgos sustancialmente mayores que otros proveedores de 5G», dijo el comisario de Mercado Interior y encargado de Telecomunicaciones, Thierry Breton.
En este sentido, España era uno de los países de la UE que había optado por no realizar movimientos confiando en que las actuales compañías como Telefónica, Vodafone y Orange construyesen sus nuevas redes sin estos suministradores. Sin embargo, las presiones de la Unión Europea han surtido efecto y menos de quince días después de la comunicación de Bruselas (y tras recibir luz verde para conceder 680 millones de euros en ayudas de estado), el Ministerio de Asuntos Económicos ha publicado una orden de bases en las que ha incluido las directrices del Toolbox publicado por el Ejecutivo comunitario.
Los requisitos publicados en el BOE para acceder a la primera convocatoria para ayudas de 5G rural (denominadas UNICO 5G Redes – Activas) por 500 millones de euros y dirigida específicamente a Telefónica, Orange y Vodafone, indican que los beneficiarios deberán contribuir a los objetivos de soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión Europea, «así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores establecidos en la Unión Europea».
Ayudas del 5G rural
También se indica que «los beneficiarios deberán cumplir los requisitos y obligaciones en materia de seguridad y ciberseguridad de las redes y servicios de comunicaciones móviles de quinta generación (5G) establecidos en el Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, y en su normativa de desarrollo».
Hasta aquí la redacción original publicada el pasado 5 de julio, ya que ahora se ha incluido un nuevo párrafo en el que se refiere explícitamente a los proveedores de alto riesgo (algo que no está incluido en el borrador). Ahora se dice que la norma se refiere «en particular, los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España, en base a los criterios de la Toolbox sobre ciberseguridad 5G», indica la orden de bases publicada este lunes.
Pero hay más. La orden de bases es clara al indicar que serán las propias operadoras las que deberán desmontar sus redes construidas con estas ayudas si es que sus proveedores son declarados de alto riesgo. Con base en la Ley de Ciberseguridad de 5G se establece la siguiente condición especial de ejecución: «si una vez ejecutado el proyecto, el suministrador 5G seleccionado por el beneficiario es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación».
De esta manera, se establece que todo este proceso debe hacerse «realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado. Dicha sustitución se habrá de realizar en un plazo máximo de 24 meses, y siempre en un plazo inferior al que esté fijado por la legislación vigente en su momento». Este es precisamente uno de los mayores temores de los operadores de telecomunicaciones si es que el veto a Huawei y ZTE se extiende a toda la red y que cifran en más de 1.000 millones de euros para todo el sector.
