Los 'súper' piden seguridad jurídica y normas claras al nuevo Gobierno que salga tras el 23-J

Queda menos de un mes para las elecciones generales del 23 de julio y la distribución quiere dejar atrás la campaña de ataques al sector que Podemos ha protagonizado durante los últimos meses. «Es importante que los sectores económicos no estemos en medio del debate político. La industria de alimentación y bebidas buscará siempre el diálogo con todos porque es lo más fructífero para la sociedad y la economía», señalaba recientemente el presidente de FIAB, Ignacio Silva.

A inicios de año, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cargaba directamente contra Mercadona y contra su presidente, Juan Roig, al que tachaba de «capitalista despiadado». El partido morado, que ostenta junto al PSOE el gobierno de coalición, iniciaba así una campaña en contra de estos establecimientos al tiempo que proponía crear un supermercado público.

Al margen de estos ataques, que el sector confía en que queden en el pasado, los supermercados tienen ‘deberes’ para el próximo Gobierno que salga de las urnas. La distribución reclama que el próximo ejecutivo sea «sensible» dado el efecto negativo que la inflación está teniendo en los costes de producción de las empresas del sector, constituido mayoritariamente por pymes.

«Sensible» con la cadena

La crisis de precios provocada por circunstancias exógenas al sector (energía, precio de carburantes, materias primas…) «nos sigue pasando factura», asegura el director general de Asedas -patronal que reúne a Mercadona, Lidl, Aldi y Ahorramás, entre otros-, Ignacio García Magarzo. «Esperamos que el próximo Gobierno, sea el que sea, sea sensible con la cadena alimentaria en su conjunto, y especialmente con la distribución para adoptar medidas que ayuden a una normalización de los precios», reclama en conversación con THE OBJECTIVE.

García Magarzo recuerda que los precios se han mantenido muy estables durante los últimos 20 años como «consecuencia de la competencia en la distribución alimentaria, pero llevamos dos años excepcionales». En este sentido, considera que el próximo Gobierno puede ayudar con el tema de los costes energéticos y de transporte. También «hay que seguir tomando medidas y profundizando las que ya se han tomado». Para ayudar en esa situación, la parte fiscal es clave. «Hay que mantener la rebaja del IVA y extenderla a otros productos hasta que sea necesario», añade.

Aurelio del Pino, presidente de Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) –que representa a Alcampo, Carrefour, Eroski y SuperCor– pide al Gobierno que salga de las urnas el próximo 23-J que reconozca la importancia y la necesidad de apoyar a la distribución comercial por su capacidad para generar riqueza y empleo y por su carácter tractor de todas las actividades económicas, especialmente en el sector agroalimentario.

«Consideramos que la regulación en materia alimentaria tiene que ir dirigida a mejorar la situación de los agricultores y ganaderos, garantizando en todo caso el funcionamiento de un mercado ágil, eficiente y orientado al mercado», asevera Del Pino en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Seguridad jurídica

Pero sin duda, desde el sector lo que más reclaman es seguridad jurídica. Ambas patronales, que representan a las principales marcas de distribución alimenticia que opera en España, coinciden en señalar que en la última legislatura ha habido un «exceso de legislación». Esta situación ha provocado que haya «casos en los que no queda clara la aplicación de las normas y eso genera inseguridad jurídica para todos los componentes de la cadena. Esta hiperregulación genera problemas de inseguridad jurídica», reconoce García Magarzo.

«Uno de los  problemas mas graves con los que se ha enfrentado nuestro sector ha sido el de los numerosos cambios normativos y la heterogeneidad e incluso contradicciones entre distintas normas.  La legislación debe ser clara y estable para que los operadores económicos puedan adoptar decisiones a medio y largo plazo», considera el presidente de ACES.

«Ante todo, lo que solicitaríamos del nuevo Gobierno es que desarrolle una política económica clara y coherente, sobre la base de un  marco económico y financiero equilibrado, que facilite el crecimiento de la actividad empresarial y el empleo», añade Del Pino en declaraciones a este diario.

Impuesto al plástico y otras trabas

Por otro lado, desde el sector de los supermercados lamentan que los nuevos impuestos creados como consecuencia de aplicación de normativas europeas han sobrecargado los costes. «Hablamos de nuevas cargas como el impuesto a los plásticos de un solo uso o a los gases fluorados. En el resto de países europeos han aplicado moratorias a estos nuevos gravámenes. No es necesarios ser los primeros», explica el director general de Asedas. España, considera García Magarzo, debería «tener una posición de país e intentar adaptar el calendario a las necesidades de los sectores».

Por ello, piden hacer una transición razonable «con una visión conjunta de la economía» para que la transición hacia la economía circular sea al mismo tiempo eficaz y sostenible económicamente. «Solicitamos que se analicen todos los costes operativos que están afectando a la distribución comercial, derivados de la normativa de medio ambiente, movilidad y transportes, tributaria y de los costes energéticos, laborales, etc. que introducen importantes ineficiencias dentro del funcionamiento de las empresas, sin aportar al consumidor ni a la economía», añade por su parte el presidente de ACES.

Desde la patronal que representa a Alcampo y Carrefour creen que la importancia de la distribución necesita una consideración específica al respecto. «Consideramos que la legislación debe proponer objetivos, pero dejar un margen de flexibilidad a las empresas para su mejor cumplimiento», añade.

Además, Del Pino recuerda que la Comisión Europea acaba de señalar que España es el segundo país de la Unión Europea con mayores trabas y restricciones al sector de la distribución, a través de la regulación tributaria, de licencias, horarios y promociones. «Se debe garantizar el Level Playing Field de manera que todos los operadores puedan competir en igualdad de condiciones con el comercio on-line», señala.