Hacienda recauda en cuatro meses el 45% de lo previsto para 2023 por el impuesto al plástico

La Agencia Tributaria ha recaudado 221 millones de euros hasta el mes de mayo a través del denominado impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, según las cifras del Informe Mensual de Recaudación Tributaria consultadas por THE OBJECTIVE. Este nuevo tributo entró en vigor en el mes de enero, pero tuvo durante el primer mes del año unos pequeños ingresos anticipados (apenas 989.000 euros), ya que la primera presentación del mismo por parte de las empresas tenía como límite el 20 de febrero. 

En febrero, tal y como contamos en este diario, la Agencia Tributaria recaudó 41,4 millones de euros. Desde entonces, la recaudación se ha disparado hasta sumar ya los 221 millones de euros, un 45% de los 491 millones que el Gobierno estimó que iba a recaudar por el mismo en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas en octubre. El impuesto al plástico grava la fabricación o adquisición intracomunitaria e importación de envases no reutilizables, embalajes secundarios y terciarios que contengan plástico. El tipo impositivo aplicable es de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado contenido en los productos objeto del impuesto.

«Con estos datos, posiblemente se superen las estimaciones de los presupuestos generales del Estado, y posiblemente  de las propias previsiones de los sectores afectados que preveíamos un impacto en nuestras cuentas de más de 690 millones de euros», cree Aurelio del Pino, presidente de ACES, la patronal que representa a Carrefour, Alcampo, Eroski y Supercor, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Además, Del Pino recuerda que a esta cuantía habrá que sumar la recaudación de las comunidades forales. «Esto es tan solo una parte del coste real para las empresas y para los contribuyentes, ya que la puesta en marcha de esta medida ha supuesto una enorme inversión para la propia Administración Tributaria y para las empresas, que han tenido que acometer cambios muy importantes en sus sistemas informáticos, en su gestión administrativa  y en la incorporación a todos los contratos con sus proveedores de la información necesaria para poder liquidar un impuesto que tiene una tremenda complejidad», añade.

Caos en la aplicación

Desde que se aprobó el impuesto, las empresas afectadas –fundamentalmente la industria de la distribución, automoción, fabricación y alimentación-, han alertado del «caos» que supone la aplicación del tributo ante la complejidad para declararlo y pagarlo. Las casuísticas son muy variadas. «Por ejemplo, desde la entrada en vigor del impuesto es preciso certificar qué cantidad de plástico reciclado presenta el envase a partir de la información facilitada por el proveedor, un trámite muy costoso y al que las compañías no están acostumbradas», aseguran a este diario fuentes de FIAB.

Desde el momento de su presentación en el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, todos los agentes de la cadena de valor del gran consumo trasladaron a los responsables del Gobierno y a los grupos políticos sus planteamientos «técnicos, profesionales y rigurosos sobre la inoportunidad y las consecuencias negativas que podía comportar el impuesto», reconoce el presidente de ACES al tiempo que lamenta que España es el único país de la Unión Europea que tiene una figura como esta. «El resto de los países la han desechado. Por ese motivo, hemos pedido reiteradamente al unísono su derogación o cuanto menos su aplazamiento», añade.

Puramente recaudatorio

El presidente de la patronal que representa a Carrefour defiende que se trata de un tipo de impuesto que no está justificado en nuestro caso, «ya que España está entre los países con mejores ratios de reciclaje de envases de plástico (51,4%), muy por delante del conjunto de la media europea (37,7%)». Además, en conversación con este diario, Del Pino recuerda que las empresas de gran consumo «han reducido en más del 20% el porcentaje de plástico utilizado, casi el 70% del que emplean es reciclable, más del 35% del plástico de sus packagings procede de plástico reciclado».

Por ello, añade, «lo que queda claro que el  impuesto persigue no una finalidad ambiental sino puramente recaudatoria». Además, el presidente de ACES considera que España tenía ya, antes de la entrada en vigor del impuesto al plástico, un marco normativo que exigía unos objetivos de reducción de envases y de reciclado «mucho más ambiciosos que lo que marca la propia normativa comunitaria». Una nueva carga que llegó en «el peor momento posible» con un escenario inflacionista marcado por los elevados sobrecostes «añadiendo un coste más que resta competitividad a nuestras empresas».