Preocupación en el Gobierno por la irrupción de los fondos en las redes de fibra en España
Vodafone prevé vender una parte o todo su negocio mientras que Digi negocia enajenar sus infraestructuras
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño. | Agencias.
El Gobierno mira con preocupación el creciente interés de fondos de inversión en las redes de fibra óptica en España, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Para el Ejecutivo estas infraestructuras son la ‘joya de la corona‘ de la transformación digital y consideran que deberían estar en manos de operadores industriales que garanticen su inversión en el medio y largo plazo y que cumplan con el principio de soberanía de la Unión Europea y de sus Estados miembro.
Las fuentes consultadas indican a este diario que desde algunos sectores del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Económicos de la vicepresidenta, Nadia Calviño, se están siguiendo muy de cerca operaciones como la venta de la filial de Vodafone en España, las negociaciones de Digi para ceder parte de su red de banda ancha o las compras selectivas que se están haciendo en diferentes redes locales de fibra óptica.
En el caso de Vodafone, se mira con preocupación la lista de interesados en hacerse con la tercera compañía de telecomunicaciones española, con una red de banda ancha de 10,4 millones de unidades inmobiliarias y casi tres millones de clientes. Los planes de la compañía británica van desde vender toda o parte de su red hasta enajenar su filial en nuestro país, opciones que no son vistas con buenos ojos por el Gobierno.
Los fondos y Vodafone
El último en sumarse a la larga lista de pretendientes ha sido RRJ Capital, fundada por el exbanquero de Goldman Sachs Richard Ongy. Según informó Bloomberg, ya habrían conseguido la financiación y se plantean hacer una oferta que valora Vodafone España en unos 5.000 millones, pero aún no han movido ficha. RRJ Capital se une a Zegona (el único que ha confirmado su interés oficialmente), Apollo, Apax, Macquarie, Iliad, Vanguard o GIP.
El problema con la venta de Vodafone es que los fondos interesados aspiran a quedarse con toda la filial a un precio muy por debajo del mercado, para posteriormente desmontar la compañía y vender su red de banda ancha. Así prevén sacar la máxima rentabilidad en el mediano y largo plazo. La red de la operadora cuenta con 6,6 millones de accesos de red HFC y 3,8 millones de fibra.
Todo parece indicar que no hay vocación por invertir a largo plazo, sino que sólo en obtener beneficios en un corto periodo de tiempo, lo que genera suspicacias en el Gobierno al no existir un inversor industrial detrás. Este diario también ha publicado el interés de Vodafone por vender incluso antes de que se apruebe la fusión entre Orange y MásMóvil, ya que -creen- tras esta joint venture su negocio en España puede seguir perdiendo aún más valor. Una situación que tampoco convence al Ejecutivo.
El caso de Digi
La otra operación que está en el punto de mira es la venta de toda o parte de la red de fibra de Digi, la cuarta de España con casi siete millones de hogares y la tercera cuando se apruebe la integración de Orange y MásMóvil. La operadora de origen rumano necesita financiación para construir su red móvil y para ello negocia desde hace meses con fondos de inversión como Macquarie, que además es dueño de la red de fibra neutra, Onivia.
Aquí hablamos de un fondo que ha demostrado su vocación de establecerse en España a través de la propia Onivia, pero las dudas siguen pasando por los planes inversores en el futuro de esta red. Hasta ahora Digi había garantizado un explosivo crecimiento en los últimos cinco años, algo que quedará en el aire si es que cede parte de sus infraestructuras a terceros y, en especial, a fondos cuyos intereses industriales pasan casi siempre por la rentabilidad inmediata.
Pero las preocupaciones del Gobierno respecto de la fibra óptica no son nuevas. Durante la segunda parte de 2021, Telefónica estudió la posibilidad de vender parte de su red en nuestro país -con 28 millones de hogares y una valoración de 24.000 millones de euros, según Deutsche Bank- tras exitosos procesos de asociación con fondos como KKR en Chile y Colombia. En estos países, la operadora vendió la mitad de su vehículo de fibra y obtuvo una importante financiación para seguir extendiendo su red.
Fibra de Telefónica
No obstante, a comienzos de 2022 decidió finalmente escindir solo su red de fibra rural y traspasar 3,5 millones de unidades inmobiliarias a la nueva sociedad Bluevía, de la que posteriormente vendió el 45% a Natixis y Crédit Agricole por 1.021 millones. Telefónica indicó que el mercado todavía no era maduro para abordar una venta de toda la red y, por tanto, optó por realizar una operación sobre su fibra rural, con más necesidades de financiación.
Sin embargo, en el mercado siempre se ha especulado con que la verdadera razón por la que Telefónica no vendió su red de fibra en España fue la negativa del Gobierno a autorizar la operación. En ese momento (mediados de 2021), España salía de la pandemia con las infraestructuras digitales reforzadas tras el confinamiento, por lo que hubiese sido una mala señal para Europa aprobar una venta de estas características. El Ejecutivo habría planteado las mismas dudas que con las actuales operaciones: soberanía digital, la ausencia de operadores industriales y fondos de inversión que buscan rentabilidad en el corto plazo.
Por otro lado, en el mercado se cree que en las últimas semanas se ha reactivado el interés de los fondos por la red fija de Telefónica ante la posibilidad de que el nuevo Plan Estratégico de la operadora -que se presentará el 8 de noviembre- abra la puerta a algún tipo de operación en este sentido. En cualquier caso, las suspicacias del Ejecutivo al respecto siguen siendo las mismas.
Reunión de la UE
Nadia Calviño y su equipo han planteado públicamente sus preocupaciones por garantizar la soberanía digital de los países de la Unión Europea, aunque no se han referido a casos ni operaciones concretas. Una coyuntura que, en principio, se iba a tratar en la reunión de la UE de Ministros de Telecomunicaciones que se realizó en León esta semana, pero que solo se mencionó en un párrafo breve en la declaración final.
«Los ministros han abordado la necesidad de que la regulación de las telecomunicaciones de la próxima década en la UE garantice la sostenibilidad del sector y unas inversiones en infraestructuras digitales competitivas a escala global que favorezcan la soberanía digital». Una declaración más orientada a las dudas sobre la actual regulación que a la entrada de grandes fondos de inversión en las redes de los Estados miembros.
Fibra en España
La red de fibra óptica en España es la más avanzada de las grandes economías de la Unión Europea, con un 90% de penetración para velocidades superiores a los 100 Mbps y del 72% para fibra rural. En total, conviven unos 1.400 operadores que han logrado una huella que llega a más de 70 millones de conexiones, aunque muchas de ellas se encuentren duplicadas y hasta triplicadas.
El líder en despliegue es Telefónica con 28,3 millones de hogares pasados, seguido de Orange con 17,1 millones, MásMóvil con 9,3 millones, Digi con casi 7 millones, Vodafone con 3,8 millones, Onivia con 4 millones y Avatel con tres millones. La mayor parte de este despliegue se realiza en zonas urbanas, por lo que el Gobierno ha centrado las ayudas al desarrollo en áreas rurales con sus diferentes programas ÚNICO financiados con fondos europeos Next Generation.
