Zegona ultima la solicitud para comprar Vodafone pese a las dudas del Gobierno
La hasta ahora operadora británica gestiona buena parte de las comunicaciones móviles de la Administración pública
Tienda de Vodafone en Madrid. | Agencias.
Zegona ultima la presentación de la documentación al Gobierno para obtener la autorización de la compra de Vodafone España. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que el calendario pasa por registrar la oferta antes de que finalice el mes de noviembre, pese a las dudas que mantiene el Ejecutivo ante la adquisición de una compañía con gran cantidad de contratos públicos y propietaria de redes digitales consideradas estratégicas. También hay preocupación por los planes del fondo de recortar plantilla.
Este diario adelantó que la adquisición de Vodafone España debía pasar por una autorización del Gobierno en base a la Ley de Inversión Extranjera promulgada en junio, ya que la operadora pertenece a un sector estratégico tipificado en esta normativa, en este caso infraestructuras críticas de telecomunicaciones y redes digitales. Eamonn O’Hare, Chairman y CEO de Zegona, confirmó tras formalizar la compra por 5.000 millones que este plácet era necesario al igual que el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
O’Hare indicó que ya estaban trabajando en esta solicitud y que por experiencias anteriores (su entrada en Euskaltel) consideraban que no habría problemas en obtenerla y que confiaban que el proceso fuese expedito. En este sentido, este diario ha podido confirmar que se espera cursar la solicitud en los próximos días y a más tardar antes de que finalice este mes.
Dirección General de Comercio
De esta manera, se cumplirían los plazos que se ha impuesto Zegona para tomar el control de la filial de la operadora británica antes de que termine el primer trimestre del próximo año. El fondo ya estableció los primeros contactos con el Ejecutivo antes de cerrar definitivamente la operación y en estos días han estado cerrando estos flecos en paralelo a sus movimientos para lograr la financiación de la misma.
Las fuentes consultadas por este diario indican que desde el punto de vista administrativo se debe buscar primero la autorización de la CNMC para garantizar que la operación no genere problemas de competencia y que luego se deberá presentar a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, dependiente del Ministerio de Industria, que deberá elevar su informe al Consejo de Ministros. No se necesita un análisis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al no tratarse de una empresa cotizada.
THE OBJECTIVE también informó de las dudas que habría en el Gobierno por la entrada de este fondo, su interés de desprenderse de las infraestructuras de Vodafone y el futuro de la compañía. Pese a la confianza mostrada por O’Hare para obtener la autorización, este diario ha podido constatar que estas dudas persisten, en especial por la posición estratégica de Vodafone en contratos del Estado, tanto de la Administración Central como autonómica y local. A ello se suman las interrogantes por los planes manifestados por Zegona de recortar plantilla para reducir costes.
Contratos de Vodafone
En el caso de los contratos, en mayo se adjudicó el mayor de los lotes del contrato destinado a la provisión del servicio de comunicaciones unificadas, voz fija y movilidad de la Junta de Castilla y León. Anteriormente también se adjudicó las comunicaciones móviles de la Guardia Civil, el contrato de IoT con el Canal de Isabel II, el mayor contrato del Ministerio de Igualdad, haciéndose cargo de las pulseras antimaltrato, o las comunicaciones móviles de ADIF.
No obstante, el más relevante desde el punto de vista estratégico es el contrato CORA para todas las administraciones públicas que Vodafone se adjudicó en 2019 para gestionar las líneas móviles por 10,3 millones de euros, un acuerdo que estará en vigor hasta finales de 2024.
Este contrato unificó los servicios de telecomunicaciones de 85 organismos tan diversos como todos los ministerios, confederaciones hidrográficas, agencias estatales, Tesorería General, Consejo de Seguridad Nuclear, Oficina Española de Patentes y Marcas, Dirección General de la Policía, de la Guardia Civil, Agencia Estatal de Meteorología, Instituto de la Juventud, el ICEX o la CNMC, solo por nombrar algunos.
Préstamo a Zegona
Este diario ya publicó los planes de Zegona que pasan por reducir el perímetro de la compañía, vendiendo su red fija y poniendo en revisión su red móvil, para intentar recortar parte de la elevada deuda que ha contraído con entidades financieras y con la propia Vodafone. La compañía suscribió un crédito con Deutsche Bank, ING, UniCredit por 4.100 millones y otros 900 millones de la propia matriz de la operadora británica. Y para ello completó este lunes la primera parte de la operación con una ampliación de capital de 300 millones de euros dirigida a inversores institucionales
Es vital para Zegona intentar pagar parte de este préstamo lo antes posible para reducir el montante principal y evitar el pago de elevados intereses con tipos disparados. Y para ello una de las prioridades será tirar de activos para obtener liquidez de manera rápida, algo que preocupa a un Gobierno que no quiere que fondos extranjeros sin vocación de permanencia se queden con las infraestructuras digitales españolas.
La autorización de la compra debería ser el filtro con el que el Ejecutivo garantice la vocación industrial de Zegona y el mantenimiento del empleo, otra de las interrogantes tras conocerse la intención el fondo de «eliminar redundancias» y de recortar plantilla para reducir costes. Para ello se pedirá que la solicitud incluya los objetivos económicos del plan, con inversiones planificadas posteriores a la operación en el país en otros negocios, perspectivas de empleo en España al final de la ejecución del proyecto y plan de inversiones para la empresa adquirida, tanto en España como en el extranjero.
