Los propietarios evitan alquilar a potenciales 'vulnerables' como familias con hijos o ancianos
Las medidas del Gobierno acaban por expulsar del mercado a estas familias, según denuncia el sector
La Ley de Vivienda del Gobierno ha llevado a los propietarios a endurecer las condiciones del alquiler. | Ilustración: Alejandra Svriz
La Ley de Vivienda y las continuas prórrogas que ha aprobado el Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables, lejos de proteger a los colectivos más sensibles, están siendo «contraproducentes» según denuncia el sector inmobiliario. La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), que ostenta también la presidencia de la patronal a nivel nacional, alerta de que el mercado de alquiler se ha convertido en «impracticable» para las familias con hijos.
Sobre todo si estas familias son monoparentales, dado que son consideradas potencialmente vulnerables, razón por la que desde la patronal inmobiliaria se ha detectado que los propietarios evitan alquilar pisos a familias con hijos menores de edad. De esta manera, las medidas del Gobierno acaban por expulsar del mercado a estas familias, aseguran desde la patronal.
«Los arrendadores están dando instrucciones a las agencias en este sentido, sobre todo para evitar a las familias potencialmente vulnerables, con hijos menores, sueldos bajos», asegura Jesús Manuel Martínez Caja, secretario general y asesor jurídico de AMADEI, en conversación con THE OBJECTIVE. Una realidad que no es nueva. La patronal de empresas inmobiliarias viene detectando esta situación desde la primera suspensión de los desahucios que se produjo en plena pandemia.
No obstante, Martínez Caja asegura que en ese momento no tuvo tanta relevancia porque se consideraba una medida pasajera, pero al haberse prolongado en el tiempo se ha agravado. «Existe esa tendencia y se va intensificando a medida que el Gobierno va adoptando medidas», añade. «Se les perjudica, les acabas echando del mercado. Las medidas en sí no protegen a nadie», asegura. Una realidad que empieza a trasladarse a otros colectivos. Aunque es pronto para ver si se trata de algo generalizado, desde el sector también empiezan a apreciar consultas sobre la idoneidad de alquilar a una pareja de ancianos, con pensiones bajas, por su posible situación de vulnerabilidad.
¿Cuándo se consideran vulnerables?
La Ley de Vivienda recoge determinados supuestos para considerar que una familia es potencialmente vulnerable y, por tanto, no se la pueda desahuciar en una situación de impago. En primer lugar, la Ley considera vulnerable cuando hay una situación de desempleo o cuando la renta familiar está por debajo de los siguientes valores. En el caso de una familia sin hijos, el límite de renta es 22.589 euros.
Para una familia con un hijo, el límite de renta es 23.342,20 euros. Para una familia monoparental con un hijo, el límite de renta es 23.718,66 euros. En el caso de una familia con dos hijos, el límite de renta asciende a 24.095 euros. Por otro lado, en caso de discapacidad, el límite de renta familiar sube a 30.119 euros al año. Si existe situación de dependencia, esta renta es también la que marca la vulnerabilidad.
Cautela de los propietarios
Una situación que ha llevado a los propietarios a ser cada vez más cautelosos a la hora de alquilar su inmueble. «Para un alquiler tradicional se ve beneficiado el que pase el filtro de las empresas de seguros de alquiler. Cada vez se están utilizando más este tipo de sistemas», aseguran desde la patronal.
Pero los arrendadores no solo tienen en cuenta la situación personal/familiar del potencial inquilino, el resto de requisitos para poder acceder al inmueble se han endurecido considerablemente en los últimos tiempos. Algunos arrendadores piden hasta cuatro mensualidades por adelantado, contratos fijos de más de un año, movimientos bancarios e, incluso, un aval para procurarse una cierta seguridad en los pagos.
En este sentido, los propietarios exigen cada vez más garantías de pago a sus inquilinos ante las crecientes dificultades que perciben para posibles desahucios al amparo de la Ley de Vivienda. Unas prácticas que en algunas ocasiones están fuera de la legalidad, según aseguran a THE OBJECTIVE diversas fuentes del sector. Por ejemplo, empieza a ser cada vez más habitual que el casero exija no sólo un mes de fianza, sino una posible garantía adicional de hasta dos meses de renta y un mes corriente de renta.
Es decir, en la práctica, hablamos de cuatro mensualidades por adelantado. Además, a las solicitudes habituales, como el contrato laboral, se suman ahora los movimientos bancarios, e incluso, la declaración de la renta.
