La banca suaviza sus ataques al Gobierno y abandona la batalla cuerpo a cuerpo
Las entidades cambian de estrategia para intentar que el Ejecutivo retoque el impuesto como a las energéticas
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto al presidente de BBVA, Carlos Torres. | Efe
La banca ha decidido suavizar por completo sus ataques al Gobierno por las distintas medidas adoptadas, especialmente el impuesto extraordinario, y ha abandonado la batalla cuerpo a cuerpo que libraban desde hace al menos año y medio. Al menos desde el punto de vista dialéctico y público.
Los principales banqueros no han querido continuar con sus críticas por las decisiones aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y algunas que están por venir, que van en contra de los intereses de sus compañías, y han usado un tono mucho más conciliador estos últimos días, aprovechando las presentaciones de resultados. Las palabras utilizadas se alejan mucho de las que desde hace tiempo venían pronunciando. Y eso a pesar de que su opinión no ha variado y todos siguen pensando lo mismo.
La estrategia ha sido coordinada y, según señalan fuentes financieras a THE OBJECTIVE, se ha cambiado porque de nada ha servido la la anterior. Aunque matizan que era necesaria, porque la banca se había convertido para el Gobierno en una especie de chivo expiatorio o muñeco al que dar puñetazos sin razón y, por tanto, había que defenderse.
Asimismo, destacan que ha habido un cierto cambio en las relaciones y ponen como ejemplo la ronda de reuniones que ha mantenido el recién estrenado ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para limar asperezas y recabar de primera manos sus inquietudes y puntos de vista sobre distintos asuntos.
De igual manera, las fuentes recalcan que confían en que el Gobierno lleve a cabo un cambio en el gravamen para reducir su importe, incluyendo alguna desgravación por la financiación en proyectos para impulsar la transición verde y digital como ya se ha comprometido con las energéticas por sus inversiones. Algo que Cuerpo estaría dispuesto, al parecer a pelear, en el seno del Consejo de Ministros. De hecho, su antecesora en el cargo, Nadia Calviño, se mostró a favor de una revisión antes de abandonar el cargo.
En la banca, a falta de lo que puedan declarar este viernes sus principales responsables de Caixabank, estos días no se han oído las valoraciones tan contundentes y persistentes del pasado, como que el impuesto es ilegal, que va a dañar gravemente a la economía porque va a drenar el flujo del crédito, nada más y nada menos que en 50.000 millones. Ni mucho menos que «más allá de los políticos, España tiene potencial». Con ello, pretendían expresar su malestar.
Algunos banqueros, como el consejero delegado del Sabadell César González Bueno, en esta ocasión se han resistido a hacer comentarios sobre distintos puntos espinosos, incluido el posible cambio legal para que las empresas catalanas, entre ellas el propio banco, retornen su sede a Cataluña, tal y como reclaman los partidos independentistas para mantener su apoyo al Gobierno.
González-Bueno, sobre este asunto, no quiso entrar en opiniones y se limitó a que no hay cambios por ahora y que ni siquiera el banco ha entablado conversaciones para tratar el tema. Hay que recordar que el Sabadell como el resto de afectadas no quiere volver.
La estrategia anterior de la banca ha fallado, ya que el Gobierno no solo no ha eliminado ni modificado hasta ahora el impuesto extraordinario, sino que lo ha extendido en el tempo y ha asegurado que su intención es hacerlo permanente. Y que la anterior ministra de Economía, Nadia Calviño, reforzó el plan de ayudas a las hipotecas en contra de su criterio y también de la opinión del Banco de España. Dos medidas con coste económico y reputacional.
El impuesto ha supuesto un gasto adicional de algo más de 1.300 millones a las principales entidades en 2023 y se prevé que suba a unos 1.600 millones en 2024. Para 2025 el importe dependerá de si finalmente se establecen o no modificaciones y de los ingresos que obtenga este ejercicio el sector en un momento de previsión de bajada de los tipos de interés.
Las críticas de la banca, mucho más comedidas y menos numerosas, se han limitado a recordar declaraciones hechas en el pasado o, como ha hecho la presidenta del Santander, Ana Botín, de advertir que el impuesto extraordinario «penalizará la economía» y que España es «el único país del mundo que lo tiene establecido más allá de 2024».
Por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres, se posicionó en contra del gravamen, pero vio con buenos ojos que se adoptaran cambios para mitigar su impacto, como ha sucedido en Italia, para fomentar la inversión en descarbonización o en Inteligencia Artificial, tan necesarias en estos momentos.
Torres no solo dio la bienvenida a estos posibles retoques en la tasa, sino que también bendijo de una u otra manera otro de los planes acordados por el Gobierno que le afectan y que desde el ámbito económico se califica de intervencionistas, como es la vuelta del Estado, a través de la Sepi, a Telefónica con la compra de hasta un 10% de Telefónica. El presidente de BBVA, entidad que ocupa una vicepresidencia en el consejo de la operadora por su participación del 5%, aseguró que se siente «cómodo» con la nueva estructura de capital que va a tener la compañía de telefonía, lanzado así otro guiño de compadreo con el Ejecutivo en la nueva etapa para intentar relajar las tensiones.
