Un fondo calcula en 5.000 millones el impacto para España por el impago de las renovables
El ‘default’ que declaró una empresa perjudicada en abril también supondrá una reducción de 7.343 millones del PIB
Aerogeneradores en un parque eólico de Bangladesh. | Mohammed Shajahan (Zuma Press)
La declaración de impago técnico el pasado abril tendrá un impacto demoledor para la economía española. Un informe del fondo Blasket Renewable Investments cifra en 4.943 millones de euros el encarecimiento del coste de la deuda pública hasta finales de este año por el default que invocó la firma estadounidense en relación a la retirada de ayudas a las energías renovables. En cuanto a la repercusión macroeconómica, el PIB observado en este periodo se reducirá en 7.343 millones, eso sin contar con el daño reputacional que este procedimiento supone para nuestro país.
El origen del problema se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. Las compañías alegaban que la reforma legislativa del PP reducía la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables.
Los inversores reclaman desde entonces indemnizaciones por valor de 10.000 millones. Se han presentado 52 procedimientos y los tribunales han dado la razón a las empresas de energías renovables en 26 ocasiones, lo que supondría un desembolso superior a los 1.600 millones. El tribunal de arbitraje del Banco Mundial concedió en 2021 a Blasket Renewable una compensación de 28 millones por el caso Infrared, aunque exigía más de 75.
Compensaciones por las renovables
Las compensaciones nunca se abonaron, por lo que los perjudicados acudieron a la justicia británica, que embargó activos y cuentas bancarias españolas en el Reino Unido. Blasket Renewable también reclamó una situación de default sin precedentes desde la Guerra Civil que le permitió tomar el control de cuatro títulos de deuda soberana española. Activó la cláusula de impago técnico en abril para exigir que se les abono el cuantía que se les adeuda, pero también los intereses devengados.
Desde entonces, y hasta finales de este año, el fondo de inversión calcula que el impago por las primas de las renovables tendrá un impacto para la deuda pública española de casi 5.000 millones. El default invocado en abril por lo acreedores ya ha motivado un encarecimiento de 2.100 millones en los intereses abonados por el Tesoro en las subastas de deuda pública, pero la cifra ascenderá hasta los 4.943 millones si la situación continúa hasta final de este ejercicio.
El estudio ha utilizado el método analítico de las diferencias en diferencias, que estima el efecto del tratamiento (en este caso el default) de aquellas unidades que experimentan las circunstancias sobre las que se concentra el análisis. El documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE explica que desde que se declaró el impago técnico, el tipo de interés medio de las nuevas emisiones de Letras del Tesoro se ha incrementado notablemente. De hecho, a lo largo del año pasado la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) ha seguido una senda de aumento progresivo.
En cuanto al efecto macroeconómico, insiste el estudio, no se puede realizar una estimación directa por la escasez de datos, por lo que se emplean métodos indirectos. El repunte de los costes de financiación afecta negativamente al PIB, que se habría reducido en 2.560 millones el año pasado y que pondrá menguar en otros 4.780 millones a lo largo de este curso, de modo que el daño provocado por el impago a las renovables llegaría a los 7.340 millones.
Embargos internacionales
Los incumplimientos, insiste el informe, ha generado «un evidente problema de inseguridad jurídica». De hecho, España se ha convertido, junto a Venezuela, en el país con más laudos pendientes de pago, con un total de 15, según el Índice de Cumplimiento de Sentencias Internacionales, elaborado por el experto en arbitrajes Nikos Lavranos. Un escenario que llevó a numerosas empresas afectadas por la retirada de ayudas a las renovables a denunciar a España ante tribunales ordinarios de Estados Unidos, Reino Unido y Australia.
Estos procesos han motivado el embargo cautelar de activos españoles en Reino Unido, caso de la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una oficina de la UNED, una sede de promoción económica ligada a Cataluña o una cuenta bancaria. También se ha intervenido de forma parcial el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorado en más de 900 millones. Una línea similar a la que ha seguido la Corte Suprema de Australia.
El informe de Blasket Renewable asegura que, además del encarecimiento que ya se aprecia en las condiciones de financiación de la deuda pública, genera «un daño reputacional cada vez más grande». El informe-país sobre España que elabora el Gobierno de Estados Unidos menciona explícitamente la incertidumbre que han generado los cambios en la normativa de las energías renovables. La Cámara de Comercio estadounidense también ha alertado de «las consecuencias catastróficas para la inversión internacional» en un escrito remitido a la justicia de su país.
«La preocupación de la patronal es tal que se ha personado en algunos de los procedimientos abiertos, participando como amicus curiae para ofrecer contexto e información de interés a los magistrados que están revisando las denuncias interpuestas contra nuestro país», insiste el documento. Los autores del estudio sostienen que los datos avalan esas advertencias, ya que la inversión extranjera directa cayó casi un tercio en la primera mitad del año pasado.
Para más inri, una encuesta realizada hace semanas por el Banco de América entre 256 gestores de vehículos de inversión, cuyos activos superan los 615.000 millones de euros, situó a España como el segundo destino de inversión menos atractivo de Europa. De hecho, algunas subastas de energías renovables en nuestro país han quedado prácticamente desiertas. Como la que tuvo lugar en diciembre de 2022, cuando solo se adjudicaron 45 de los 3.300 megavatios de potencia eólica y fotovoltaica subastados.
