Díaz ha modificado 23 veces por la puerta de atrás la reforma laboral pactada con la UE

Este martes por la tarde, el Congreso de los Diputados debatirá una proposición de ley, a iniciativa del Grupo Plurinacional SUMAR, que abordará  la reducción de la jornada máxima legal de trabajo ordinario. Un asunto candente de la actualidad política, que coincide con un clima contrario a las pretensiones de la titular de Trabajo y líder de Sumar.

Son varios los sectores del mundo económico que han identificado cómo la responsable del Empleo en España ha ido modificando la actual reforma laboral, aprobada en 2021, por la puerta de atrás, sin negociación ni diálogo social, llegando a introducir al menos hasta 23 regulaciones –como ha podido constatar THE OBJECTIVE–, que han subvertido una de las medidas estrella y por las que España ha recibido fondos europeos.

Se trata de modificaciones mediante reales decretos que no eran de índole laboral, reglamentos de leyes orgánicas y medidas urgentes que confunden en su aplicación a los empresarios y que, por otra parte, han elevado los costes laborales a asumir. Así lo subrayaba la semana pasada el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, cuando a comienzo del mes de febrero, Yolanda Díaz logró que el Consejo de Ministros diera luz verde a la prohibición de la reducción de la jornada parcial sin acuerdo del trabajador.

En opinión del máximo responsable de esta organización, éste no es más que «otro apretón de tuerca que invalida el diálogo social que recoge la Constitución en su artículo 7». En este sentido, el dirigente empresarial mantiene que «es difícil que te planteen sentarte en una mesa en ese diálogo, cuando cada tres minutos te van cambiando, en este caso, el Estatuto los Trabajadores, por puros intereses partidistas», lamentaba.

Cambios que afectan a la productividad y el empleo

Los cambios afectan a las relaciones laborales, ampliando nulidades de despido, incrementando las infracciones, trastocando la causa de los despidos colectivos, duplicando las exigencias de avisos de los empresarios o echando mano de un registro de horas que no funciona.

Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights y ex secretario de Estado de Empleo entre los 2015 y 2019, se pronunciaba recientemente en estos términos, con motivo de unas jornadas organizadas por Fedea, y en las que se analizaron las causas y la posibilidad de mejora de la baja productividad en España en comparación con el resto de los países de nuestro entorno.

En su intervención, Riesgo se refirió a esas modificaciones, señalando las 23 regulaciones de relevancia que se han ido cambiando a lo largo del pasado año, en el ámbito laboral, y que «básicamente acaban imponiendo mayores costes y más trabas a la flexiseguridad que hay».

Además –añadió–, «ahí hay otros proyectos que conocemos todos, y que no están todavía impulsados, como la obligatoriedad de establecer planes de movilidad en empresas de más de 250 trabajadores, además del aumento de costes de despido, reducción de jornada sin reducción de salario y algunos otros proyectos, donde la agenda para impulsar la productividad y nivel del empleo, que es una agenda crítica, podría verse comprometida».

Más costes y cotizaciones adicionales

En opinión de Jorge Puente, experto laboral y socio director en Puente Legal Abogados, el actual Ejecutivo está socavando con su política de empleo «el principio de la autonomía de la negociación colectiva, que con carácter general establece el Estatuto de los Trabajadores y que nos es más que una extrapolacion directa del derecho fundamental a la libertad sindical y el principio de libre empresa recogidos en nuestro texto constitucional, irrumpiendo por la vía del real decreto en materias que clásicamente estaban reservadas a la negociación colectiva, como expresión última de la libertad sindical y libertad de empresa».

«Tras el éxito que supuso la aprobación consensuada de la última reforma laboral promulgada por el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, el Ejecutivo –sostiene Puente–, se ha encomendado fervorosamente a subvertir la paz social lograda en aquellas fechas, mediante la promulgación de toda una serie de normativa en materia socio laboral aprobada extramuros del diálogo social y sin el debido consenso que sería exigible en la materia».

«A lo largo de todo el año 2023 –afirma Puente–, se han aprobado más de 23 normas que afectan gravemente a la gestión de las relaciones laborales, imponiendo más burocracia a las empresas, en lo que supone más costes, tales como cotizaciones adicionales por supuesta solidaridad, medidas para el colectivo LGTBI en empresas de más de 50 trabajadores, ampliación de los supuestos de nulidad del despido, etc.». Pero claro, es que además hay que sumar otro problema añadido –pondera–, y es que «todas estas medidas, adoptadas al margen del diálogo social, suponen que nos encontremos ante un derecho laboral profuso, disperso y difuso, que ahonda en la inseguridad jurídica en la que se han de mover las partes en sus relaciones laborales, todo ello sin contar con las normas que se promulgan por real decreto y que no se convalidan posteriormente por falta de apoyos parlamentarios, lo que conlleva la temporalidad de una normativa laboral que ahora podemos llamar fija discontinua».

Un sistema menos garantista

En opinión de Eva Hernández, socia en Escalona & De Fuentes Abogados, y responsable del Departamento Laboral, este cambio normativo por la puerta de atrás, contienen en sí «un listado muy trascedente» y que ha ocasionado un grave problema, ya que da lugar a «un sistema menos garantista para el empresario que el que tenía anteriormente, y además, al margen del diálogo social».

Hernandez se refiere, por ejemplo, «a la Ley 15/2022, con la que se crea una autoridad independiente para la igualdad de trato, pasando por la Ley 1/2023, en la que se establecen unos incentivos, que en general son de menor importe, incluso se reducen sustancialmente las ayudas a la contratación, a favor de la compañía, y sobre todo, mencionar la Ley de Empleo, 3/2023, donde se introducen importantes modificaciones en materia de falsos autónomos».

Precisamente sobre esta última norma, la Ley 3/2023 –afirma–, «es muy trascendente que se haya incluido al margen de la negociación con la CEOE». De ahí que se pregunte: «¿Por qué digo esto? Pues porque el sistema anterior era mucho más garantista para el empresario. Y llegamos a la situación de que cuando llega la inspección de trabajo levanta un acta de falsos autónomos, y entonces la empresa tendrá que regularizarlos de manera inmediata. Anteriormente –explica–, el empresario no estaba obligado a reconocer la relación como laboral ni tampoco hacerse cargo de las cotizaciones de los trabajadores, hasta que un juez dictaba lo contrario. Ahora mismo –prosigue Hernández–, el empresario tiene que iniciar el procedimiento judicial y, si no está de acuerdo con el acta administrativa, en todo caso, no paraliza el proceso de ejecución del acta de la inspección. Es decir –concluye–, sin perjuicio de que todavía no sea firme, el empresario tiene que, automáticamente, pasar a regularizar al falso autónomo, lo que tiene mucha transcendencia desde un punto de vista práctico –señala–, sin perjuicio de que sea correcto o no, ya que al empresario le obliga a dar el alta a esos trabajadores sean o no falsos autónomos».

Una norma por cada 10 minutos

Para Christopher Dottie, director general regional de Hays Sur de Europa y vicepresidente de la Cámara del Reino Unido, la importancia no reside tanto en si las medidas tomadas después de la reforma laboral de 2021 van o no en contra de ésta; «eso un tema de expertos», matiza. «La importancia –señala– está en que el entorno se está haciendo complejo para las empresas, y no podemos olvidar que la mayoría de éstas, en España, son pymes, que son las que normalmente están las que menos dotadas para los cambios regulatorios».

Del aspecto de la regulación –ahonda– emanan buena parte de problemas, porque, «si la normativa no es clara, hay miedo por parte de las empresas, porque el entorno es complejo». Por tanto, defiende Dottie, lo ideal es «una legislación más amena y más sencilla y donde los canales de información sean mejores, ya que, en definitiva, las empresas, claro que quieren crecer y claro que todo el mundo quiere el bienestar de sus trabajadores».

Para los gestores administrativos, es evidente que el exceso de la regulación laboral está siendo una de las claves de bóveda que perjudican a las empresas y que, a la postre, acaba afectando también a la creación de empleo, porque las empresas ya no saben qué hacer ante tanto exceso regulatorio e inseguridad jurídica. Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, lo plantea a THE OBJECTIVE en términos matemáticos y cuestiona una convicción: «¿Cómo es posible que en 43 años se hayan aprobado 414.200 normas? Efectivamente –explica–, no da tiempo a leerse tanta norma, y aunque hay que considerar que no todas las normas afectan solo a los negocios, puesto que hay otro tipo de normas, lo cierto es que se regula a norma por cada diez minutos».