La falta de personal en Agricultura bloquea miles de créditos ICO para el sector primario
SAECA, sociedad tutelada por el Ministerio, está sufriendo cierto colapso en la tramitación de expedientes
Protesta de agricultores en Madrid. | Agencias
Los problemas para el campo español no cesan tras más de un mes y medio de protestas. Los agricultores reclaman desde febrero frenar la competencia del exterior de Europa -a la que consideran desleal-, piden más flexibilidad con las medidas ambientales y la PAC, proteger a las medianas y pequeñas explotaciones ademas de ayudas efectivas ante la sequía, entre otras cuestiones. A todas estas cuestiones se suma ahora la falta de liquidez que están padeciendo algunos agricultores debido al retraso y bloqueo en la concesión de las líneas ICO-MAPA-SAECA.
Estas líneas de financiación se pusieron en marcha el año pasado tras el convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el ICO y SAECA, con el objetivo, entre otras cuestiones, de paliar el incremento de los costes de producción derivado de la actual situación económica internacional. El convenio contemplaba dos líneas de actuación: la línea ICO-MAPA-SAECA y la línea de avales MAPA-SAECA, compatibles entre sí y financiadas íntegramente por el Ministerio de Agricultura.
En total, el ministerio que dirige Luis Planas aporta 12,7 millones de euros para dotar de liquidez a las explotaciones y a las pymes del sector agroalimentario y pesquero, a través de su acceso al crédito. Sin embargo, tal y como ha podido saber THE OBJECTIVE a través de fuentes conocedoras de la situación, estas ayudas experimentan un retraso considerable.
Bloqueados desde noviembre
Concretamente, el ministerio tenía que destinar 10 millones de euros a subvencionar hasta un 10% del principal de créditos ICO al sector agrario y el de la pesca y la acuicultura, con un máximo de 10.000 euros por beneficiario de la Línea ICO-MAPA-SAECA. Esta línea ICO-MAPA-SAECA, según la propia página web del ministerio, permite a explotaciones agrarias y operadores del sector de la pesca y la acuicultura acceder a una financiación de hasta 100.000 euros.
Sin embargo, estas ayudas no están llegando o lo están haciendo con mucho retraso lo que está afectando a los agricultores. El alto volumen de solicitudes en el ámbito de los avales del sector primario registrados en SAECA -un organismo tutelado por el Ministerio de Agricultura-, han provocado cierto «desborde» en el sistema. El problema en cuestión radica, según estas mismas fuentes, en que se ha aprobado desde el Gobierno una elevada cantidad de líneas de este tipo sin tener en cuenta los recursos reales que hay para gestionarlas.
Es decir, falta personal para poder hacer todo el análisis de riesgos que conllevan estas operaciones de avales. «Es lo que está provocando un retraso en el análisis y en la formalización de las pólizas que son viables», añaden. Unas líneas que además se van prorrogando y que van incrementando la sensación de bloqueo, con el consiguiente enfado de los agricultores. En este momento hay «miles expedientes pendientes» y se está comenzando ahora el análisis de las que se solicitaron en noviembre. Tal es la situación que el ministerio ha subcontratado hasta a 8 trabajadores a través de Tragsa para intentar agilizar esta cuestión.
Aragón denuncia el retraso
Un retraso que fue denunciado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón en enero. Desde esta consejería informaron de la denegación en la concesión del crédito ICO-SAECA del Ministerio de Agricultura a las explotaciones más vulnerables, así como el retraso en el pago de las ayudas que el ministerio prometía para finales del año pasado. En este sentido, desde el Gobierno de Aragón también manifestaron «cierto colapso» en SAECA relativo al estudio y a la resolución de los correspondientes expedientes. Ante esta situación, el gobierno regional anunció un seguimiento de las operaciones en curso con las entidades financieras colaboradoras al tiempo que las instó a hacer una gestión más ágil de esta cuestión.
Por otro lado, el Gobierno popular de Jorge Azcón también ha elevado una queja al Ministerio de Agricultura ya que la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) depende directamente del mismo y es la última responsable en la aprobación de estas líneas. Concretamente SAECA es una empresa pública española cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 80% del capital y el Fondo Español de Garantía Agraria FEGA con el 20% del capital restante, siendo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su Ministerio de tutela.
Retraso en la campaña
«Precisamente esta mañana un agricultor llegaba diciendo que tenía aprobadas estas cuestiones y no ha recibido las ayudas, no sabemos a qué espera la administración cuando las medidas están aprobadas en 2023», reconoce Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, en conversación con THE OBJECTIVE. «Ni préstamos ni ayudas ni sequía. No sabemos a qué está esperando el ministerio», asegura.
«Es importante porque ahora mismo los agricultores estamos con los préstamos de campaña, muchos bancos no nos renuevan las pólizas porque tenemos pendientes las del año pasado y estas inyecciones de ayudas nos vendrían muy bien para comenzar la actual campaña», añade Cortés. El portavoz de esta plataforma, que ha convocado una nueva tractorada en el centro de Madrid este domingo, lamenta que entre «la inseguridad jurídica y la falta de liquidez para poder sembrar», la actual campaña se esta retrasando mucho.
«Tendríamos que estar en plena campaña de siembra y fertilización, pero con la inseguridad y las carencias que tenemos es imposible», añade Cortés. El portavoz de Unión de Uniones lamenta que desde el sector ven publicadas en el BOE continuamente medidas de este tipo pero no ven «su traslación al sector».
Nueva tractorada
En este contexto, y tras un mes y medio de protestas por parte del sector, Unión de Uniones ha convocado para este domingo una nueva tractorada en la que reclaman al Ministerio de Agricultura medidas contundentes para el campo. Entre otras cuestiones, piden la protección en frontera del modelo productivo español y europeo, el desarrollo de ley de cadena alimentaria para mejorar su funcionamiento o exigencias ambientales proporcionadas y adecuadas a la realidad del sector.
La manifestación empezará en la plaza de San Juan de la Cruz, frente al Ministerio de Transición Ecológica y discurrirá hasta el Ministerio de Agricultura por el Paseo de la Castellana, Recoletos y el Paseo del Prado.
