Pánico en el Gobierno por las devoluciones de fondos europeos: «Es un fracaso»

21 de julio de 2020.- El Consejo Europeo acuerda la creación de los fondos Next Generation, un instrumento excepcional de recuperación temporal por valor de 750.000 millones de euros. Una respuesta europea coordinada para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Es la primera vez que la UE mutualiza deuda en un primer experimento hacia la federalización de las finanzas europeas. España —uno de los más afectados por la crisis— fue el segundo país al que se le asignaron más recursos con un total de 163.000 millones, solo superado por Italia, que recibió 194.300, aunque sí es el que tendrá más ayudas directas a fondo perdido, 80.000 millones en total. Nunca en la historia se había recibido una inyección de dinero tan cuantiosa y en un periodo tan corto de tiempo, ya que el horizonte de gasto se estableció en agosto de 2026.

16 de junio de 2021.- Pedro Sánchez recibe en la Moncloa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para anunciar que la Unión Europea ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, el proyecto mediante el cual se canalizará la inversión de estos recursos. Sin duda un momento de gran euforia para el Gobierno. «Queremos un país moderno y líder en las grandes transformaciones. Este carácter reformista del Plan de Recuperación prevé avances importantes en la modernización de la estructura económica y social de España», dijo el presidente en su intervención. «Supone el mayor esfuerzo inversor y reformista de nuestro país desde su ingreso en la extinta Comunidad Económica Europea, hace 35 años», remató el Ejecutivo en una nota posterior.

El proyecto tenía cuatro grandes ámbitos de actuación: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Y ya prometía la digitalización de un millón de pymes, formación de 2,6 millones de personas en competencias digitales, extensión de la banda ancha al 100% de la población, despliegue eficaz del 5G, impulso de 165 destinos turísticos sostenibles, rehabilitación de un millón de viviendas, alcanzar una flota de 250.000 vehículos eléctricos, despliegue de más de 100.000 puntos de recarga y completar los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo. Previo a esta comparecencia en Madrid, Sánchez y Von der Leyen visitaron el Centro de Control Eléctrico de Red Eléctrica, «ya que el sistema eléctrico se verá profundamente afectado por la ejecución del plan», se dijo entonces. Nadie sospechaba que cuatro años después España viviría un gran apagón por deficiencias en su red eléctrica y —paradójicamente— tras los mismos cuatro años de despliegue de los fondos.

Ejecución de los fondos UE

9 de junio de 2022.- La vicepresidenta de Gobierno, Nadia Calviño, comparece en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso para informar sobre los últimos avances relativos al plan. En medio de crecientes críticas por la gestión, la burocracia y los escasos avances, la ministra de Asuntos Económicos dice que la ejecución ya ha alcanzado la «velocidad de crucero» y que está jugando «un papel clave en la rápida recuperación del empleo y la inversión». Entonces habla de inversiones ya resueltas en más de 28.800 proyectos en toda España. Además, promete que en el segundo semestre del año se lanzarán convocatorias de ayudas por valor de 11.000 millones. No obstante, al cerrar 2022 solo se ejecutaron 11.271 millones, el 39,6% de lo presupuestado. En 2021, los ministerios ejecutaron el 45,5% del dinero procedente de Bruselas, 11.000 millones, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Aunque 2023 tampoco fue bien. Los datos publicados por este periódico reflejan que este año se hicieron pagos por apenas 9.822 millones de euros, solo el 27% de todo el dinero comprometido. Según el Gobierno, la asignación de fondos europeos estaba a pleno rendimiento y el dinero por fin comenzaba a llegar al tejido productivo. Incluso, a principios de 2024 la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, —que asumió el control de los Next Generation en ausencia de Calviño— compareció en el Senado para insistir en que España era uno de los países «líderes en la recepción y ejecución». Unas declaraciones que no coincidían con la sensación que había en el tejido productivo, con muchas empresas que renunciaban ya a participar en las adjudicaciones, entre otras cosas porque nunca se contó con ellas para idear los mecanismos de concesión.

4 de abril de 2024.- Carlos Cuerpo se estrena como portavoz de los fondos europeos y anuncia la creación de una herramienta de seguimiento denominada Elisa, conectada con todas las plataformas de adjudicaciones públicas. Y aprovecha para dar el último dato triunfalista: 34.395 millones ejecutados hasta finales de febrero a través de las diferentes licitaciones por la Administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales. Pese a ello, 2024 cierra con solo 7.538 millones ejecutados, el 22% del total comprometido para ese año. Y la sensación entre los economistas y expertos comienza a ser que no se llegará a tiempo. Para entonces ya se había aprobado también la Adenda del Plan de Recuperación que marcaba la hoja de ruta para gastar 83.000 millones en créditos. Sin embargo, tras un año de funcionamiento, no se había adjudicado ni un euro de esta herramienta que el Gobierno vendió como la guinda del pastel de los Next Generation.

Renuncia a los créditos

Finalizado 2024, se cumplen cuatro años del Plan de Recuperación y los problemas siguen siendo los mismos: burocracia, poco control de las adjudicaciones, nula coordinación con las administraciones autonómicas y locales, escasa sensibilidad con las verdaderas necesidades empresariales, plazos de ejecución imposibles y convocatorias eternas que no se resuelven. No hay prácticamente ninguna empresa en España que a esas alturas hable bien de reparto de los fondos europeos. Hay unanimidad entre los grandes del IBEX-35, los medianos y los pequeños en que todo se hizo mal desde el principio, que no se contó con su opinión y que nunca se impulsaron proyectos reales para dinamizar el tejido productivo. Salpicados de proyectos públicos y engordando a empresas del Estado, existe el convencimiento de que nunca se terminó de apostar por los privados ni por una gran reforma de las infraestructuras necesarias como la energética, la ferroviaria o la de los transportes.

Entrado ya 2025, la preocupación comienza a instalarse dentro del Gobierno. Bruselas confirma definitivamente que no habrá más prórrogas para gastar el dinero y se buscan fórmulas para «esquivar este control» y ejecutar los 83.000 millones de créditos que —por cierto— nunca despertaron demasiado interés entre las empresas. A mediados de año quedan todavía 100.000 millones por adjudicar y solo en ayudas hay apenas 57.000 millones resueltos. De cara a la opinión pública se sigue sosteniendo que todo «va como un cohete», pero dentro de los ministerios ya se reconoce que será imposible repartir todo el dinero adjudicado. Y se ponen en marcha dos planes: uno para justificar el fracaso y otro para acelerar el desembolso del dinero en las ayudas pendientes.

9 de diciembre de 2025.- El Gobierno confirma la bomba que había filtrado una semana antes. La renuncia a 60.000 millones en créditos de los Next Generation, equivalentes al 37% de lo que en 2021 se adjudicó a España y al 75% de todos estos préstamos. La justificación es que era posible financiarse en mejores condiciones en el mercado, pero la realidad es que en el proyecto de emisiones de deuda presentado posteriormente este montante no se incluyó. Del mismo modo, se anunció la reforma de 160 hitos del Plan de Recuperación para acelerar la entrega de los recursos pendientes de transferir, enmendando un tercio de los objetivo. Una nueva adenda a la adenda que se produciría por la parálisis parlamentaria y la imposibilidad de sacar adelante leyes clave para desbloquear los 33.000 millones que todavía no llegan. Argumentando «falta de interés» —como ya había adelantado este diario— se quedaban fuera programas como el Perte Chip, de Salud, Aeroespacial y la promoción de vivienda social, el Fondo de Resiliencia Autonómica y el fondo del Hub Audiovisual. Y esta misma semana la Comisión Europea —que no quiere líos— aprobó la simplificación y dio luz verde a su recta final.

Devolución de las empresas

No obstante, el problema de los fondos europeos está lejos de estar resuelto. Quedan todavía dos grandes dificultades de elevada complejidad: intentar gastar todo lo que queda, que es mucho, y el creciente montante de dinero devuelto por las propias empresas. En el primero de los casos se acaba de publicar la última actualización de Elisa, indicando que al cierre de noviembre hay 62.900 millones de ayudas adjudicadas y otros 8.000 millones de créditos. En total, 70.000 millones, lo que supone que quedan 30.000 por repartir con menos de nueve meses por delante. Los economistas que han seguido de cerca el plan desde sus comienzos insisten en señalar que será casi imposible resolver todo el remanente, ya que los principales programas se han acabado y no queda tiempo material para poner otros en funcionamiento. No obstante, los ministerios tienen la orden de desbloquear convocatorias y acelerar al máximo la adjudicación de las adjudicaciones públicas pendientes desde hace meses. Y ni así llegarían.

En cualquier caso, lo que ha hecho saltar todas las alarmas es el dinero que los adjudicatarios llevan meses devolviendo. El sistema de entrega de fondos Next Generation —aunque sean ayudas a fondo perdido— implica que cada empresa debe multiplicar por tres la inversión pública. Esto indica que deben hacer fuertes desembolsos de capital a la espera de unos recursos que muchas veces tardaban meses en llegar, incluso después de ser adjudicados. Y ante esta falta de liquidez, un número cada vez más relevante de sociedades ha comenzado a entregarlos al Estado. En el sector empresarial se habla de varios cientos de millones, pero la cifra va creciendo. Y la premura de los plazos impide que se vuelvan a adjudicar convocatorias, por lo que en la Administración se dan por perdidos. ¿De cuánto dinero hablamos? Nadie se atreve a dar cifras, pero hay quienes dentro del propio Ministerio de Economía hablan de algunos miles de millones, si sigue la tendencia durante 2026. Un verdadero «fracaso», reconocen en los cuarteles generales de Nuevos Ministerios, ya que supone que no solo hay problemas para adjudicar lo que queda, sino que además tienen que asumir devoluciones que se restan a la cifra final de ejecución, ya de por sí muy tocada.

Esto supone que ya no solo se habla de «oportunidad perdida» en el sector privado, sino también en el público. Y ya no hablamos de problemas en la adjudicación, sino que del impacto de lo que realmente ha llegado a la economía tras cinco años del Plan de Recuperación. Sanchez prometió hace cinco años que estos fondos serían «el mayor esfuerzo inversor y reformista de nuestro país», pero lo que vemos hasta la fecha es que seguimos teniendo cada vez menos industria, con el mismo peso de los servicios y del turismo y que que estamos a años luz de ser la potencia tecnológica y digital en la que pretendíamos convertirnos. Y eso sin contar con que seguimos con enormes déficits de infraestructuras en sectores que se suponía iban a cambiar radicalmente con los Next Generation. Visto lo visto, parece que los actuales esfuerzos del Gobierno en estos minutos de descuento se dirigen simplemente a lograr que la derrota sea digna. Y eso también es un (gran) fracaso.