El Gobierno mantiene sin agotar el 64% de los fondos UE sociales y sin datos de su ejecución

El Gobierno ha gestionado una parte mayoritaria de los proyectos financiados con fondos UE en el área social en un contexto marcado por carencias en el sistema diseñado para supervisarlos. El 64,3% de las iniciativas analizadas por el Tribunal de Cuentas seguía en ejecución pese a haber superado los plazos previstos. El organismo fiscalizador, en un informe analizado por THE OBJECTIVE, alerta de que el modelo de control y gestión previsto para estos recursos no se ha desplegado plenamente en la práctica.

El marco normativo aprobado para canalizar los fondos del Plan de Recuperación contemplaba un refuerzo específico de la capacidad administrativa. La idea era adaptar la estructura del Estado al volumen extraordinario de inversión procedente de la Unión Europea. Ese diseño incluía reorganización de equipos, creación de unidades específicas y desarrollo de herramientas de seguimiento. La fiscalización evidencia, sin embargo, una distancia significativa entre ese planteamiento y su aplicación real.

En el ámbito de los recursos humanos, las entidades responsables han asumido la gestión sin un refuerzo generalizado de sus plantillas. Entre las entidades analizadas figuran organismos como el Instituto de las Mujeres, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o el Fondo de Garantía Salarial, que en algunos casos no adoptaron medidas específicas para adaptar sus equipos al volumen de fondos UE gestionado. Las fórmulas previstas para reorganizar efectivos o crear perfiles específicos vinculados al Plan de Recuperación no se han aplicado de forma homogénea.

La gestión de los fondos UE

La ejecución descansa así en estructuras ordinarias, diseñadas para la gestión habitual y no para un volumen excepcional de fondos. Esta situación tensiona la capacidad operativa de los organismos encargados de ejecutar los proyectos y limita su margen de adaptación.

A esta limitación se suma la ausencia de herramientas tecnológicas específicas para la gestión de los proyectos. Las entidades no desarrollaron ni implantaron sistemas propios orientados al seguimiento integral de los fondos UE. En su lugar, recurrieron a aplicaciones generales de la Administración y a plataformas concebidas principalmente para el reporte de información a las instituciones europeas, como Coffee. Este contexto condiciona la capacidad de supervisión continua y desplaza el seguimiento hacia un plano más formal que operativo.

El diseño institucional previsto tampoco se ha activado de forma generalizada. La normativa habilitaba la creación de unidades administrativas provisionales, grupos de alto nivel y mecanismos de coordinación específicos para reforzar la gobernanza del Plan de Recuperación. Sin embargo, estas estructuras no se han extendido en las entidades fiscalizadas, lo que limita la coordinación y el seguimiento transversal de los proyectos.

Fiscalización del Tribunal de Cuentas

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la dificultad para acreditar el seguimiento de los proyectos en algunos casos. Varias entidades indicaron que realizaban controles periódicos mediante informes internos, pero no aportaron esa documentación cuando fue requerida por el Tribunal de Cuentas. Esta falta de información no implica necesariamente ausencia de control, pero sí limita su trazabilidad, transparencia y verificación.

El caso de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social resulta especialmente significativo, al no facilitar información sobre el estado de ejecución de los programas asignados. Este tipo de situaciones refleja un déficit en la documentación del seguimiento que complica la evaluación precisa del grado de avance de los proyectos.

El informe cuantifica, además, el grado de cumplimiento de los hitos y objetivos asociados a los proyectos. El 36,8% de ellos no se había alcanzado en los plazos previstos, lo que evidencia un desfase relevante respecto al calendario inicial. Sin embargo, el análisis no establece una relación directa de causa entre estos desajustes y las debilidades del sistema de gestión, aunque sitúa ambos elementos dentro del mismo contexto.

Una Administración poco preparada

La ejecución de los fondos se produce así en un entorno en el que no se han desplegado plenamente los instrumentos diseñados para reforzar la capacidad administrativa. La distancia entre el modelo previsto y el modelo aplicado se convierte en uno de los factores clave para entender el comportamiento del sistema. Este escenario coincide, además, con un momento en el que España ya ha recibido una parte significativa de los recursos europeos asignados.

El análisis del Tribunal de Cuentas apunta a un problema que trasciende la ejecución de proyectos concretos. El foco se sitúa en el esquema administrativo que debía sostener esa ejecución. El sistema previsto contemplaba una Administración reforzada, con herramientas específicas y estructuras adaptadas al volumen de recursos. La realidad descrita en la fiscalización muestra un despliegue parcial de ese modelo.

En este contexto, el reto no se limita a mejorar la ejecución, sino a consolidar un sistema de gestión que permita supervisar de forma efectiva el uso de los fondos. Sin una estructura adaptada y sin herramientas específicas, la capacidad de evaluar el impacto de las inversiones se ve limitada. Así, el problema, en definitiva, no es solo de plazos, sino de capacidad: el sistema previsto para gestionar estos fondos no se ha desarrollado plenamente.