Directiva Ómnibus, más protección para los consumidores online
Tiene como objetivo combatir las prácticas comerciales engañosas, obliga a los comercios a ser más transparentes y fija nuevas sanciones para los que incumplan
Una usuaria de Internet
La denominada directiva Ómnibus entró en vigor en España el pasado 28 de mayo con el objetivo de ofrecer mayor protección y seguridad a los consumidores en sus compras en Internet. Se trata de una norma comunitaria de 2019 que entonces quedó a la espera de ser aplicada por los diferentes estados de la Unión Europea, y que se implanta ahora en nuestro país con el foco puesto especialmente en erradicar las malas prácticas comerciales, los engaños, y que en la compraventa de productos y servicios primen los derechos de los consumidores.
La nueva directiva incide directamente sobre quienes compran, pero lógicamente también sobre los diferentes comercios, que deberán eludir falsedades, engaños o reclamos manipulados que puedan inducir al consumidor a equivocarse en una compra. Ómnibus ha de velar porque los precios durante las promociones se cumplan y se apoya en que la información es la mejor herramienta para los consumidores de cara a evitar fraudes al adquirir productos y servicios online. Prima la seguridad del comprador y, de hecho, la directiva plantea medidas para reforzar las transacciones en el comercio electrónico y más sanciones para las tiendas de la Red que incumplan.
Cambios sustanciales
Ómnibus promete más protección y transparencia para el consumidor mediante el Real Decreto Ley 24/2021, de 2 de noviembre, a través del cual se transponían varias directivas europeas, y se fija en prácticas habituales que hasta ahora no siempre han estado plenas de veracidad y garantías. Es un paso importante de cara a combatir la publicidad encubierta, puesto que obliga a identificar todas las comunicaciones con perfil comercial y llama la atención sobre las reseñas que figuran de los productos a la venta, que también son punto habitual de manipulación. Las empresas deberán verificar desde ahora la autenticidad de todas las reseñas con las que cuentan sus artículos, ver si realmente llegan de la mano de consumidores que han comprado y, en caso de no ser veraces, los comercios tendrán que advertirlo.
La directiva quiere que los clientes sepan realmente lo que compran, y también los consumidores de «servicios gratuitos» de Internet, que igualmente cuentan ya con mayor protección. Por eso se empeña en ofrecer más información y fija unos mínimos antes de acometer cualquier compra, como conocer bien los datos del vendedor, y establece que éste debe aportar al comprador información adicional previa al contrato de compraventa, y para ello existen las opciones de la asistencia telefónica o los mensajes SMS. En cuanto a las rebajas, Ómnibus convierte en obligatorio que, si se reduce un precio, sea en función del último que estuvo vigente durante los 30 días anteriores al comienzo de la promoción y por ello la nueva tarifa ha de indicarse junto a la precedente como única manera creíble de que un comprador aprecie la rebaja real del artículo.
Establecimientos más expuestos a sanciones
Las diferentes tiendas de comercio electrónico deben adecuarse ya a esta norma, empezando por exponer claramente a su posible clientela si se trata de empresas o vendedores particulares. Ómnibus planta cara a las compañías que venden productos similares a otros originales pero que en realidad poco tienen que ver, lo cual puede ser especialmente difícil de controlar en el caso de muchos establecimientos que están dentro de las grandes tiendas asiáticas, donde hay de todo y la calidad muchas veces es solo una traba. Tendrán que tener también especial cuidado quienes se lancen a revender entradas, pues se prohíbe expresamente la venta si los tiques fueron comprados por medios automáticos.
En cualquier caso, se establecen sanciones para las tiendas online que no respeten la nueva directiva que, tras el proceso de sanción, deberán abonar multas que variarán su cuantía en función de las medidas comerciales incumplidas. Esas sanciones toman como referencia la gravedad de la sanción, su duración, reincidencia, número de afectados y buscan aclarar si existió voluntariedad o no en la mala práctica comercial llevada a cabo. Lo cierto es que las sanciones pueden traducirse en tener que abonar hasta el 4% del volumen de negocio anual de la compañía en el estado donde se haya producido o en más si el comprador procede de otro. Suena ya muy potente esta medida para las empresas, pero podría ser peor si alguna de ellas no dispone de datos sobre su volumen de negocio anual, ya que en ese caso el importe máximo de la sanción nunca será inferior a dos millones de euros.
Reclamar, más sencillo
Efectuar una reclamación en principio también ha de ser más fácil para los consumidores, ya que los vendedores deberán facilitarles pautas para hacerlo en un plazo razonable, un formato adecuado y sin coste adicional alguno. Se obliga también a los estados a introducir mecanismos para que los posibles afectados por malas prácticas comerciales sean compensados económicamente de alguna manera que les satisfaga.
La nueva directiva, como vemos, comprende una serie de medidas que cambian por completo el panorama de algunos comercios electrónicos, pero deberán acatarla si no quieren verse expuestos a sanciones hasta ahora inéditas. Es evidente que Ómnibus marca un nuevo desafío para la compraventa en Internet, pero a cambio el mercado debe ser más transparente y más seguro para los consumidores que, al fin y al cabo, son los que sustentan el comercio en la Red.
