Consumo expedienta a un festival de música por prohibir el acceso con comida y bebida
También se investiga el uso de pulseras ‘cashless’, que evitan la utilización de dinero en efectivo
Imagen de un festival.
El Ministerio de Consumo ha incoado por primera vez un expediente sancionador a una empresa organizadora de eventos y festivales en diversas partes de España por incluir como cláusula obligatoria la prohibición expresa de entrada al recinto del festival con comida o bebida del exterior, según ha informado en una nota de prensa el departamento.
Sin embargo, Consumo no ha precisado el nombre de la empresa organizadora del festival por «respetar la presunción de inocencia», como han señalado fuentes del Ministerio a Europa Press.
La decisión de Consumo llega días después de las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción que denunciaron a los promotores del Reggaeton Beach Festival. La asociación, mediante un comunicado, ha adelantado que la empresa denunciada es DQG Norte AIE, organizadora de este espectáculo, que tiene lugar en 11 ciudades españolas.
FACUA denunció al festival «por imponer cláusulas abusivas que perjudican a los consumidores como restringir e imponer cargos para recuperar el importe de la pulsera cashless, cobrar por el reacceso al recinto del evento o limitar el acceso de los asistentes con comidas y bebidas del exterior».
El Ministerio de Consumo también está investigando estas prácticas denunciadas por FACUA, como la imposición de un sistema de pago mediante pulseras cashless, no aceptando el dinero en efectivo. Además, la devolución y reeembolso de la cantidad sobrante no se admite por debajo de 2 euros debido a los gastos de gestión que ascienden a 1,5 euros. Todas estas prácticas constituirían una infracción al ser consideradas cláusulas abusivas, ha advertido Consumo en un comunicado.
No consta el Reggaeton Beach Festival
Sin embargo, la organización del Reggaeton Beach Festival ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que «nadie de la empresa» tiene constancia de la sanción que les ha impuesto este miércoles el Ministerio de Consumo, según ha indicado FACUA en su comunicado.
Las sanciones previstas para estas infracciones pueden llegar a considerarse como infracciones graves o muy graves, y sancionarse con multas de entre 10.001 y 100.000 euros, en el caso de las graves, y entre 100.001 y 1.000.000de euros, en el caso de las muy graves.
En el caso de que el beneficio ilícito obtenido por las prácticas infractoras superara dichas cantidades, las sanciones que se impongan podrían alcanzar hasta entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, para las infracciones graves, y entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de las muy graves, ha recordado el Ministerio en su comunica
Cancelación del Reggaeton Beach Festival
El Reggaeton Beach Festival de Madrid no llegó a celebrarse debido que el 19 de julio, a tres días de su celebración, el Ayuntamiento de Madrid denegó la licencia para su realización porque no se garantizaban «las condiciones de seguridad ni de evacuación adecuadas para un evento de estas características».
La decisión se adoptó después de que el organizador presentase ese mismo miércoles «un plan de movilidad incompleto», según el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Al día siguiente, los organizadores del festival pidieron una reunión «urgente» al Ayuntamiento de Madrid y aseguraban que no habían recibido comunicación oficial por parte del Consistorio capitalino.
«En estos momentos la organización del festival lamenta tener que salir al paso de las declaraciones realizadas por el portavoz municipal, para dejar claro que RBF sigue se recibir ningún tipo de comunicación formal, por parte del ayuntamiento, acerca de una eventual denegación de los permisos para realizar el festival durante el próximo fin de semana», señalaba la organización del Reggaeton Beach Festival.
La cancelación oficial llegó el viernes 21 de julio en un comunicado del festival en el que denunciaban «el agravio comparativo» y la improvisación de «todo el trámite administrativo» del Ayuntamiento de Madrid tras la suspensión del macroevento, que tachaban de «injusto» y «arbitrario».
