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Pilar Marcos

'Chulísima' y sus amigos políticos

«Hacer «cosas chulísimas» no está al alcance de cualquiera. Requiere habilidades especiales, y Yolanda Díaz las tiene acreditadas»

Opinión
'Chulísima' y sus amigos políticos

Efe

Hacer «cosas chulísimas» como ministra y vicepresidenta no está al alcance de cualquiera. Requiere habilidades especiales, y Yolanda Díaz las tiene acreditadas. Un buen ejemplo de su chulísima ejecutoria es la concesión -a cuatro comunidades autónomas de amigos políticos del Gobierno- de una subvención a cargo de los fondos europeos del ‘Mecanismo de Recuperación y Resiliencia’, pero fuera de las condiciones que el propio ministerio había trasladado (e impuesto) a todas las autonomías para acceder a esos fondos. 

En julio (día 21) convocas, y presides, la LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales con los consejeros de esa área de todas las Comunidades Autónomas. Les dices cuáles van a ser los criterios de reparto de los fondos europeos, del paquete Next Generation EU, que el Gobierno va a trasladar a las autonomías para impulsar políticas de empleo de un nuevo mercado de trabajo «dinámico, resiliente e inclusivo». 

Amable y chulísimamente, les comunicas que han de aprobarte tus criterios para el reparto, por comunidades autónomas, de 687,7 millones de euros destinados a esos programas de empleo. Solo votan en contra dos: Madrid y Galicia, gobernadas por consejeros del PP, tan aburridos como incapaces de admirar tu innegable futuro. Como además de aburridos son gente de orden, se comprometen, tras su voto en contra, a cumplir con los criterios que tú has decidido. 

Hasta ahí, lo habitual. La sorpresa salta en octubre. El día 20, por ser precisos. Aparece en el BOE una convocatoria para subvencionar cosas chulísimas a cuatro comunidades autónomas, con cargo a esos fondos europeos, pero sin cumplir los criterios de reparto que Yolanda Díaz había decidido en julio. La vicepresidenta decidió obviar su propia norma: la que solo tres meses antes había impuesto a las autonomías en el marco de la preceptiva conferencia sectorial. 

¿Tiene sentido enfadarse solo porque el Gobierno se salte sus propias reglas, además de las que dictan la lógica y el sentido común? Es más relevante que también incumpla, por ejemplo, la Ley General Presupuestaria, que exige «criterios objetivos de distribución» en los fondos que el Estado distribuya territorialmente a favor de las Comunidades Autónomas. Esos «criterios objetivos» son los que se fijaron en la Conferencia Sectorial. Aún más: la ley reclama «garantizar idénticas posibilidades de obtención o disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional». Pero seguro que la Ley General Presupuestaria, al ser previa al feliz advenimiento del chulísimo Ejecutivo de coalición, es una norma facha y retrógrada. Por eso gentes tan anticuadas como las que gobiernan la Comunidad de Madrid la esgrimirán en su recurso ante el Tribunal Supremo. 

Disfrutar del Gobierno-más-progresista-de-la-historia nos permite vivir en otra dimensión. Gozamos, por ejemplo, de una vicepresidenta que dicta las reglas que considera oportunas y estima convenientes para el reparto de fondos europeos de su departamento entre Comunidades Autónomas, pero luego se le olvidan.

Algún malpensado añadirá que los cuatro destinatarios de la generosidad de Díaz no son fruto de la casualidad. ¡Qué le vamos a negar a los amigos políticos que gobiernan en el País Vasco, o en Navarra, o en la Comunidad Valenciana, o en Extremadura! Pues no les vamos a negar nada. Además, seguro que han presentado cosas chulísimas, mientras que las restantes, bien por estar gobernadas por socialistas de los antiguos o, ¡lo que es mucho peor!, por aburridos derechistas, no han sabido concitar el entusiasmo del Ministerio de Trabajo para animarle a saltarse sus propias reglas. No proponen nada chulísimo y encima se quejan.

A la cabeza del aburrimiento se ha situado, una vez más, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sus servicios jurídicos han informado favorablemente sobre su decisión de interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 902/2021, publicado en el BOE el 20 de octubre. Intentarán conocer «qué criterios se han seguido para excluir a la mayoría de las Comunidades Autónomas de la percepción de las cantidades otorgadas». Es decir, reclamarán que la Justicia se pronuncie respecto a la concesión directa de subvenciones a favor de cuatro autonomías amigas, fuera de los criterios dictados por el propio Gobierno, en la reunión de la Conferencia Sectorial del 21 de julio, para el reparto de fondos europeos.

Como es bien sabido, el recurso madrileño cuenta con el respaldo del gobierno de Galicia, y será probablemente secundado por la práctica totalidad de las autonomías gobernadas por el PP. Además, ha abierto la espita de la preocupación y el descontento entre los ayuntamientos gobernados por gentes distintas a los chulísimos amigos de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. 

Bueno, sí, vale, de acuerdo… es un incumplimiento de solo nueve millones de euros. Y nueve millones arriba o abajo en el Gobierno de los Falcon y de las cuentas de «eso no es nada, Chiqui», tampoco es para tanto. ¿El enfado es solo por cuatro subvenciones fuera de la regla? Evidentemente es por todo lo que la decisión conlleva: la total ocultación de los criterios que ha seguido el Gobierno para excluir a la mayoría de las comunidades autónomas de la percepción de subvenciones y, lo que es más grave, el temor a que la arbitrariedad y las discriminaciones se impongan, como norma de facto, en el reparto de los fondos europeos que están llegando al Gobierno. 

Una sugerencia. En España hay bastantes institutos independientes que han estudiado con detalle esta nueva política europea de Fondos Next Generation EU con el propósito de colaborar con las empresas que buscan acogerse a esas ayudas europeas. Posiblemente, su prestigio pudiera multiplicarse en los próximos meses (y años) si estos institutos independientes acometen una detallada auditoría del destino de cada euro que llegue a España de este nuevo mecanismo para la modernización de las economías europeas. Un estudio sobre el destino y la eficacia del dinero europeo para el propósito de modernización y transformación económica buscado. 

Cuanto más sólidos e independientes sean esos pormenorizados estudios, mayor podrá ser el prestigio futuro de sus autores. 

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