Ley de Vivienda: deficiencias jurídicas y económicas
«La futura ley provocará una reducción de la inversión privada en vivienda y, con ello, una contracción en el sector de la construcción»
Europa Press
Pocas veces -quizás ninguna- un informe del Consejo General del Poder Judicial ha resultado tan demoledor sobre la cuestión a informar como el que parece va a ser emitido en relación con el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, según las informaciones publicadas.
Empezando por su desafortunado título, que no hace sino enunciar un derecho que ya existe antes de haberse ideado el engendro de Anteproyecto elaborado en el seno del Gobierno de coalición PSOE–Podemos, parece que todo el contenido de la proyectada norma resulta objetivamente descalificado.
Mira que resulta difícil que una norma desborde sus opciones competenciales por arriba y por abajo. Pues parece que en este caso así sucede pues, según el preceptivo informe, el texto elaborado invade competencias autonómicas y, al tiempo, encaja difícilmente en la Constitución. Y, a juicio de los vocales del CGPJ proponentes, todo ello realizado con una redacción farragosa, provocando inseguridad jurídica, sin justificación suficiente de las medidas impuestas y obviando -incluso contradiciendo- la regulación civil de la relación jurídico patrimonial. En resumen, el contenido del informe constituye un suspenso en toda regla para el Proyecto de Ley y para sus redactores.
La conjunción de lo expuesto resulta preocupante pues viene a demostrar el escaso nivel legal y la exigua capacidad jurídica de nuestro Gobierno. No obstante es aún más grave la reacción que, ante el suspenso recibido, han tenido varios de los responsables gubernamentales y de los partidos presentes en el Consejo de Ministros. Que un suspendido no acepte la calificación recibida y, además, opte por atacar al calificador denota su expresa voluntad de reincidir en su deficiente aprendizaje y de cuestionar la autoridad de quien le examina, recurriendo al «Padre, el profesor me tiene manía» que esgrimen los malos estudiantes. Lo dramático del caso es que, manifestándose así, el Gobierno está despreciando el mecanismo de funcionamiento institucional de nuestra Democracia, pues la labor de informar encomendada al Consejo del Poder Judicial forma parte del engranaje de nuestro Estado de Derecho.
Por si fuera poco, el conjunto de las deficiencias jurídicas puestas de manifiesto en el informe del Consejo viene a añadirse a los perversos efectos económicos que provocaría la futura Ley de aprobarse con su proyectado contenido. Vamos a enunciarlos.
De entrada, la limitación de los precios de arrendamiento contenida en el texto que parece dispuesto a aprobar el Gobierno constituye una limitación -otra más- a la libertad de mercado y, consecuentemente, a la libertad, circunstancia que por sí sola ya lo desacredita. Supondrá también un aumento -otro más- de la ingente burocracia existente en España, pues su aplicación requerirá de nuevas estadísticas oficiales -las necesarias para la calificación de «zonas tensionadas», de nuevos Registros Públicos -el de contrato de arrendamiento de inmuebles-, de nuevas funciones administrativas -las de control del cumplimiento de la Ley- y, posiblemente, de nuevos organismos públicos -para ejercer las nuevas funciones administrativas-.
Junto a lo expuesto, la proyectada Ley supondría un nuevo rejonazo fiscal -también otro más- a los contribuyentes españoles en forma del proyectado recargo en el IBI para las llamadas «viviendas vacías», término más que ambiguo que habrá que concretar con claridad y que con toda probabilidad será fuente de futuros litigios. Qué decir del porcentaje de las nuevas construcciones, 30% o 10% según los casos, que obligatoriamente deberán reservarse a vivienda social, cuestión que afectará seriamente al margen empresarial en los proyectos de nueva construcción y, posiblemente, acabará provocando un tensionamiento al alza de los precios de venta, contrario al espíritu al que parece querer responder la pretendida futura Ley.
En síntesis, basta conocer las reglas económicas más básicas para apreciar que la futura ley provocará una reducción de la inversión privada en vivienda y, con ello, una contracción en el sector económico de la construcción. Toda vez que este es intensivo en mano de obra, es también fácil deducir los efectos nocivos que se derivarán para el empleo. Justo lo contrario de lo que necesita la economía española.
Atendiendo a los desmanes -jurídicos y económicos- que hemos reseñado y/o descrito, bueno sería que el Gobierno se replanteara su decisión de llevar adelante la iniciativa legislativa en su actual estado. Me temo que no será así. Mantenerla y no enmendarla parece ser su intención.
