Alta traición

Con mayor o menor fortuna y retraso, la historia del Derecho persigue a la realidad social y política. Los ejemplos pueden multiplicarse. La mayor sensibilidad ante los delitos de género y sus nuevas formas han   producido un auténtico vuelco en la legislación sobre el tema, y no siempre acertada, como acaba de suceder con la ley del solo sí es sí. A pesar de los avances legales, violaciones y feminicidios siguen produciéndose, lo cual sugiere que no basta con redactar la norma de acuerdo con una acertada finalidad: es preciso operar ajustándose también a criterios estrictamente técnicos. Lo mismo ocurre con tantas otras infracciones hoy en el candelero, como el bullying o el ajuste entre la circulación de vehículos y la conservación del medio.

Hay, no obstante, circunstancias excepcionales que rozan el absurdo, de acuerdo con el conocido supuesto de que si resulta fácil pensar que un perro muerda a un niño, lo contrario es cuando menos infrecuente. Claro que con la innovadora mirada al maltrato de los animales, tal cosa pueda ser tomada en consideración por futuras leyes.

En el plano político, algo parecido sucede hoy en España. El último siglo ha contemplado numerosos casos de secesionismo, tanto desde el mundo colonial como en el interior de Europa y Norteamérica. Son procesos que adoptaron múltiples formas y resultados, pero casi sin excepción el Estado que acusa la demanda secesionista de una de sus partes o dependencias, trata de defenderse de las mismas, propugnando la unidad existente; incluso si por razones de adhesión a los usos democráticos, acaba admitiendo la autodeterminación, siempre dentro de un estricto respeto a las exigencias jurídicas. Tales han sido los casos de Quebec, Escocia y Montenegro.

Resulta excepcional, en cambio, una situación como la nuestra, donde ante la presión independentista de Cataluña, un Gobierno constitucional da un paso tras otro para desmantelar un sistema normativo que fija unos obstáculos frente a la secesión de uno de sus componentes. Se trataba de evitar que la misma tuviese lugar contraviniendo la Constitución y, por añadidura, mediante un recurso inevitable a la violencia. No existiría otro modo de consolidar la secesión, en el caso catalán, ni la había el 27-O, de haberse mantenido el reto de la Generalitat y del Parlamento catalán.

«Una vez demolidas las barreras legales, el bloque independentista catalán no va a detenerse en el respeto a la democracia»

No sirve la coartada de que semejante declaración de independencia careció de un contenido violento. Determinados actos y programas políticos la incluyen necesariamente. Ni Mussolini, ni Hitler alcanzaron el poder prescindiendo del voto democrático, y de inmediato la dimensión finalista de sus idearios marcó el futuro. Una vez demolidas las barreras legales, el bloque independentista catalán no va a detenerse en el respeto a la democracia: si gana la consulta, no renunciará a exigir la aplicación inmediata del voto afirmativo, respetando los derechos de los ciudadanos españoles. No lo hace ahora -recordemos el 25% de español en la enseñanza-, menos después. Además, gracias al abandono de la Constitución por Sánchez -o a su desfiguración-, todo intento por un PP ganador en las elecciones de 2023 de restaurar el imperio de la ley abre ni más ni menos que el camino de la insurrección civil y violenta, con la CUP en plan vanguardia y apoyo institucional de la Generalitat, cuyos prolegómenos ya hemos experimentado en los felices tiempos de Quim Torra. No hace falta profetizar nada; solo aprender del pasado inmediato.

Conviene tener en cuenta que la estrategia de llevar de la mano al independentismo catalán hasta las puertas de la secesión tiene un telón de fondo aún más grave: al eludir toda oferta compatible con la Constitución, Sánchez juega con la transmisión a la ciudadanía por debajo de las palabras, de que la independencia es lo natural de los catalanes, aquello que quiere Cataluña, lo mismo que declaran de viva voz Aragonès y Puigdemont. Por ello le parece inútil buscar una alternativa democrática, intraconstitucional, para ponerla sobre la llamada mesa de diálogo. En realidad, sucede que si Pedro Sánchez simplemente menciona esa vía, se acabaron los votos catalanes para el bien supremo de su supervivencia en la Moncloa.

 Así que Sánchez condena al PSOE y a los ciudadanos al silencio de los corderos, hasta el último engaño de la autodeterminación enmascarada como consulta manipulando, eso siempre, el artículo 92 de la Constitución. Con el sistema de poder que Pedro Sánchez está a punto de completar, sin separación de poderes, judicial y legislativo sometidos a su voluntad -en este caso gracias a partidos anticonstitucionales de todo tipo- no hay otra salida. Nuestro personaje construye en beneficio propio la posible destrucción del Estado constitucional de 1978. Solo que en la vertiente opuesta, la solución tampoco es tranquilizadora mirando al futuro. Ahí está en Madrid la belicista imagen del legionario disparando, a un paso del monumento consagrado a la Constitución.

Tenemos de este modo un primer ministro creando por eliminación las bases jurídicas que hagan posible el sueño independentista. Niño muerde a perro. Y todo por su santa ambición, apreciable en los reiterados episodios de imposición de su imagen frente al Rey, empezando por el protocolo. Son prueba de que nuestro hombre es un mal educado, pero también de que a duras penas contiene su propio sueño republicano. En este además le acompaña la ristra de grupos políticos que hacen de la República el mascarón de proa para su vocación antisistémica.

«Nos encontramos, pues, ante una aventura personal que pone en tela de juicio la supervivencia de un Estado»

La última línea de defensa consiste en afirmar que si la mayoría de los catalanes quiere la independencia, habrá que concedérsela. De acuerdo, pero eso no puede ser un 50% más uno, ni el resultado de una consulta manipulada desde el tándem Sánchez-Aragonès, contando con una labor previa de desespañolización forzada, de la cual es muestra la política educativa contra la ley y con la complicidad del PSC. Y también desde la diada de 2012, la presión de la cultura oficial catalanista, poniendo el sambenito de «españolista» y «franquista» a todo aquel que cuestione el único camino, la independencia.

Mi experiencia no lo prueba todo, pero es suficientemente ilustrativa, desde la amistad perdida con el converso Rafael Ribó, hoy síndic de greuges catalán, al cordial historiador del arte -Francesc Fontbona- que me asimiló a Franco por citar a Salvador Espríu, a Enric Juliana en La Vanguardia, quien ya en 2012 escribió que al criticar al independentismo yo estaba como Janos Kadar llamando a los tanques a entrar en Barcelona, hasta el ilustre mallorquín, embajador socialista, defensor obsesivo en su día de los GAL y más tarde apasionado de la separación y autor de cartas ofensivas contra mí. Me han dicho que en Cataluña me convertí en el saco de los golpes: decliné averiguarlo, si bien otros distanciamientos indican que la irradiación del anatema llegó a supuestos demócratas, preocupados por no aparecer como nacionalistas españoles. De nada vale haber defendido siempre y por escrito desde El País la condición nacional de Cataluña, postulando la propuesta armonizadora de Espríu en La pell de brau : «Muchos son los hombres y muchas las hablas, convergiendo todos en un solo amor». Sentencia: expulsado por franquista. Y no soy una excepción, sino confirmación de una regla general. ¿Cabe definir de democrático tal ambiente impuesto desde las instituciones, sus medios y sus «patriotas»?

En suma, Sánchez no tiene derecho a sofocar, como está sofocando, la alternativa federal que de modo inútil por su culpa, sigue siendo la posición oficial del PSOE. Nos encontramos, pues, ante una aventura personal que ha puesto y pone en tela de juicio la supervivencia de un Estado e, insistamos en ello, de una Catalunya democrática. Un esperpento, que supone muy graves responsabilidades de su creador. ¿Cómo calificarlo jurídicamente? Pensemos que el derecho no está ahí solo para arrojar a la basura o desvirtuar los artículos incómodos del Código penal. Claro que el truco de Sánchez funciona, si miramos solo a Estados como Holanda o Portugal que no tienen este tipo de problemas. El viejo Código Penal de la República Federal Alemana, en cambio, mantiene hasta hoy, en sus artículos 81 y 83, el delito de alta traición, el segundo para aquellas actuaciones que suponen preparar la alteración violenta del orden constitucional definido por la ley fundamental del Estado.