España de nuevo detenida

Hoy la renta per cápita de España es un 17% inferior a la media de la UE. El país no ha hecho más que perder posiciones desde 2005, cuando estaba sólo un 9% por debajo tras un admirable esfuerzo común para converger con nuestros socios europeos. La OCDE hace poco destacaba que España ocupa el puesto 18 en productividad entre las 40 economías más avanzadas del mundo. Hemos retrocedido en casi todos los baremos y sobre todo perdido el foco: las reformas estructurales para modernizar nuestra economía se han ido aplazando y la política económica de los dos grandes partidos, en ausencia de los necesarios pactos de Estado, ha ido sólo parcheando nuestras grandes carencias. El resultado es que nuestra competitividad y capacidad de generar y repartir riqueza ha retrocedido de forma preocupante. 

Pero nadie parece querer ponerle remedio. Porque de nuevo, vista la sesión parlamentaria para elegir a la mesa del Congreso y ante la posibilidad de que se reedite un Gobierno frágil, de intereses encontrados, y presidido por el PSOE de Pedro Sánchez, rehén de los intereses particulares de los independentistas que han de apoyarlo, la economía española parece abocada a seguir perdiendo puestos frente a sus competidores europeos. Y no sólo porque las exigencias de sus socios que le vayan a sostener en el Gobierno amenazan con poner en segundo plano los retos estructurales del país. Ya sea la reforma de la fiscalidad, de las administraciones públicas, de la financiación territorial, de la Educación (con mayúscula), o la de las pensiones, cerrada en falso en la anterior legislatura por quebrar el principio de sostenibilidad y de solidaridad intergeneracional. 

Pero es que además la coyuntura económica se presenta más complicada. Y quien vaya a gobernar tendrá que lidiar con ello. España no contará con los mismos confortables colchones que ha tenido hasta ahora para capear la crisis de la pandemia y la energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. Para empezar, la política monetaria ha dado un giro de 180 grados. De beneficiarse de unos tipos de interés negativos y de la compra incondicional por parte del banco Central Europeo (BCE) de toda la deuda que emitiera el Tesoro hemos pasado en un año a soportar unos tipos de interés en el 4%, los más altos desde la adopción del euro hace 23 años. 

Pero es que aún pueden subir más, como ha advertido el BCE decidido a doblegar la inflación de la eurozona, ahora en el 5,3%. Sus efectos en la contracción del crédito, que afecta a empresas y familias, tienen además un decalaje de varios meses. Así que el freno en la actividad económica aún está por llegar. Y suponen un encarecimiento en el precio de los bonos y letras que se colocan en los mercados internacionales para financiar nuestro déficit público. Lo que inevitablemente engordará la partida de los presupuestos generales destinada a su financiación. Y esa no es una partida muy popular si exige recortes en otras de carácter social. 

Los fondos europeos NextGen designados a España, por valor de 140.000 millones de euros (el país más beneficiado en términos de ayuda per cápita) seguirán llegando hasta 2024, pero la presión para rendir cuentas tras una gestión deficitaria y bastante opaca de más de los 57.000 millones de euros recibidos hasta ahora (al sector privado no ha llegado apenas el 35% de los mismos) sólo aumentará. La inyección del resto de esos fondos, que debían ser una gran oportunidad para la transformación de la economía, depende de rendir esas cuentas y de comprometerse con la consolidación fiscal, hasta ahora irregular y ausente en el discurso del Gobierno. 

Los países acreedores, los más solidarios pues han aportado la mitad de esas ayudas extraordinarias a fondo perdido a costa de sus contribuyentes, no parecen dispuestos a seguir haciendo la vista gorda ahora que el crecimiento de sus economías empieza a resentirse. Alemania entró en recesión técnica (dos trimestres seguidos de crecimiento negativo) en marzo de este año. Y por eso crece la presión dentro de la UE para reinstaurar un pacto de estabilidad. Para recuperar la disciplina fiscal una vez agotada la tregua extraordinaria dada a los socios más afectados por las recientes crisis. España tiene el déficit estructural más alto de la UE (4,8% del PIB) y su deuda ha crecido vertiginosamente batiendo todos los récords: 1,568 billones de euros en junio, la más elevada de la democracia en términos absolutos (113% del PIB). Los requisitos hasta ahora eran un 3% de déficit y un 60% de deuda sobre el PIB ambos.

Tampoco los ingresos fiscales extraordinarios que ha supuesto el aumento de la inflación (cerca de 25.000 millones de euros en 2022), se repetirán en este ejercicio. De tal forma que la imposición de recortes está al caer y el Gobierno que consiga la confianza de la Cámara tendrá que lidiar con la adopción de medidas impopulares. No será fácil para un Gobierno PSOE-Sumar con querencia al anuncio de medidas de gasto populistas. Y otro de los motores que nos ha permitido salir de las sucesivas crisis, el de las exportaciones, también se resentirá pues los mercados receptores de sus productos, como Alemania, están en horas bajas de consumo. 

«El procesismo ha llegado a las instituciones de estado para quedarse»

Pero en vez de asumir estos grandes retos y buscar el consenso, si quiera porque políticamente sería más inteligente compartir la responsabilidad de la gestión y de los impopulares recortes que están por venir, estamos de nuevo estancados en la división de los bloques. Pero es que además ese el mandato de las urnas. El PP ha sido ganador de las elecciones del 23J. Subió de 89 a 137 escaños. Ha ganado 48 y se ha apuntado tres millones de votos. El PSOE sumó un millón de votos más y ganó dos escaños. Los dos grandes partidos suben a costa del retroceso los partidos que apoyaron a Sánchez en la anterior legislatura. 

Los perdedores fueron los partidos en los extremos y los nacionalismos periféricos. ERC ha pasado de 12 a 7 diputados. Junts mantiene los mismos. La CUP ha desaparecido del Congreso. El PNV ha perdido 100.000 votos y baja de seis a cinco diputados. Sólo Bildu ha salido reforzado frente a su competidor en el País Vasco, y subido de cinco a seis escaños. Los 31 escaños obtenidos por Sumar también suponen un retroceso de siete frente a los 35 de Unidas Podemos más los tres de Más País y Compromís. Aun habiendo recibido un duro castigo en las urnas, serán quienes decidan si se reedita el Gobierno Frankenstein (más uno) y de salir este adelante, los que condicionen los presupuestos y cualquier decisión de política económica en un contexto en el que las políticas de dopaje están a punto de desaparecer. 

Porque veamos de dónde venimos. De lo conseguido en democracia. Lo recordaba el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el aniversario de Cinco Días el pasado mes de junio: «España ha experimentado en estos últimos 45 años un crecimiento acumulado del producto interior bruto (PIB) y del consumo, ambos per cápita y medidos en términos reales, del 83 % y del 60 %, respectivamente. Un resultado que no debería sorprendernos. La literatura económica enfatiza los efectos positivos de las instituciones democráticas sobre el crecimiento económico a través, entre otros factores, de las mejoras del clima empresarial, la inversión privada y la apertura comercial al exterior, así como del desarrollo de la capacidad fiscal y el gasto en bienes públicos fundamentales, como la educación y la sanidad. En el caso español, estos cambios se han visto, además, reforzados por el proceso de integración con Europa.»

Y sigue así la cosa: «El grado de apertura al exterior de la economía, por ejemplo, medido a través del peso de las exportaciones y de las importaciones sobre el PIB, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales. El stock de capital productivo privado (en relación con el empleo) ha aumentado un 40%, de forma similar al de capital residencial (en relación con la población). El stock de capital público, constituido fundamentalmente por infraestructuras de transporte, sanitarias, educativas y de otra índole, casi se ha triplicado, en términos reales per cápita, en este período. El gasto público en educación y en sanidad se ha duplicado. El porcentaje de población adulta con educación media y superior ha aumentado 28 pp y 20 pp, respectivamente. Asimismo, desde 1978 la población española se ha incrementado en más de 10 millones, y el número de trabajadores ocupados ha aumentado en más de 8 millones, de los cuales más de 6 millones son mujeres, lo que ha elevado la tasa de actividad femenina desde apenas el 28% hasta el 54%.»

Si fuimos capaces de esas conquistas, ¿qué suerte de maldición nos impide llegar a los acuerdos necesarios para afrontar en los próximos años los grandes retos mencionados? La ciudadanía ha dado un mandato. Que si hubiera voluntad y generosidad política pasaría por alcanzar un gran pacto de Gobierno entre populares y socialistas. En ausencia de un acuerdo entre las dos grandes fuerzas que en el Parlamento Europeo votan igual en más del 70% de las iniciativas legales, hay que resignarse a aceptar que la gobernabilidad del país vaya a recaer en los nacionalismos periféricos. Derrotados en las elecciones, su agenda nada tiene que ver con la cohesión social ni con un proyecto común de país. Más bien con la idea de defenestrar la solidaridad y la igualdad territorial. Con el visto bueno del PSOE. 

El procesismo ha llegado a las instituciones del Estado para quedarse. El circo de juramentos y de despropósitos durante la sesión de la constitución del Congreso el pasado jueves es sólo el aperitivo de lo que está por venir. Y es difícil no sucumbir a la melancolía. El probable resultado de todo ello es que España seguirá detenida. Y que los retos estructurales continuarán pendientes de ser acometidos. Y la gran pregunta es: ¿por cuánto más tiempo nos lo podemos permitir? 

La democracia es ÉL

Victoria Carvajal