La calle despierta demasiado tarde
«El pacto con Junts asume que en el Parlament reside la soberanía del pueblo catalán, y eso es inadmisible. La soberanía popular reside en las Cortes»
Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. | Alejandra Svriz
La inminente investidura de Pedro Sánchez es legal. Y su Gobierno cumple con todos los requisitos para seguir en el poder. No habrá votos disidentes dentro de sus partidarios ni obstáculo alguno para que resulte elegido en primera votación. Su apuesta, además, es que el malestar se irá diluyendo y que logrará encauzar la discrepancia como parte de la dinámica de dos polos enfrentados. Entender esa dolorosa verdad es el primer paso para poder revertir la situación.
Otra cosa diferente es que el próximo Gobierno sea legítimo, en el sentido moral del término. No lo es. No sólo porque no dijo Sánchez antes de las elecciones lo que pensaba hacer (ocultamiento de una información incómoda) sino que lo negó enfáticamente (engaño alevoso). Los spin doctors de Moncloa lograron sobredimensionar en el ambiente electoral el miedo a la extrema derecha, así que el previsible y merecido voto de castigo contra el presidente Sánchez, que sí habían sufrido en tromba los presidentes autonómicos y alcaldes socialistas en las elecciones de mayo, no se concretó. Pagaron justos por pecadores. Tampoco ayudó la torpeza del candidato de oposición, que no pudo –o no quiso– poner orden en las negociaciones con Vox tras los comicios municipales, que se convirtieron en un zoco con regateo de los principios. Más extraño aún es que el principal activo de la oposición no sea el candidato: hace meses que Isabel Díaz Ayuso sería presidenta de España.
Ahora que la ciudadanía española por fin ha despertado y reclama en las calles y plazas la estafa a la que ha sido sometida, conviene volver al inicio del Juan de Mairena de Machado: «La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero». Lo más grave ya había pasado antes del acuerdo PSOE-Junts. La oportunidad era en las urnas, y Sánchez había dado sobradas pruebas de su naturaleza.
Provoca malestar el dolo con que el prófugo Puigdemont se pavonea de su humillante triunfo, pero no porque las cosas hayan cambiado sustancialmente. Antes de la firma con Junts, ya era claro que Sumar (Podemos) no era un socio confiable. Con su raíz leninista de alcanzar el poder a cualquier costo y su lógica a lo Carl Schmitt de ejercerlo bajo la dinámica del amigo-enemigo ha logrado envenenar la convivencia española de una manera vertiginosa e irreparable. Sumar (Podemos) cree en los fanatismos de la identidad, desprecia la iniciativa privada (única fuente de riqueza en un país con problemas demográficos, enorme déficit fiscal, pensiones insostenibles) y tiene una visión del mundo aliada con lo peor de cada familia (antiamericanismo primario, postura inmoral en Ucrania y en Gaza y chavismo en Latinoamérica contra la reputación de España en su única área de influencia).
A eso se suma el repugnante pacto con Bildu, un partido que no condena el terrorismo de ETA y que se presentan como sus legítimos herederos, traicionando decenas de muertos en las propias filas del PSOE. Con ERC, una amnistía que deslegitima el Estado de derecho y da la razón legal (y moral) a los que desde el poder torcieron las leyes a conveniencia para imponer sus posturas maximalistas. La batalla de todos es por una república federal asimétrica.
«La legislatura no durará cuatro años, porque no podrán avanzar las negociaciones con Junts sobre temas imposibles de ceder»
La aportación de Junts es en el terreno de lo simbólico, algo no menor en la política de todos los tiempos, desde los conjuros del hechicero en la aldea primitiva hasta la coronación de los reyes. El PSOE compra el relato nacionalista sobre la historia. Una nación se basa en una una historia compartida y si se acepta la versión histórica del nacionalismo, le ha entregado una parte de la victoria antes incluso de negociar el resto. Inútil repetir que 1714 fue parte de una guerra europea de dinastías; que tras la victoria de los borbones Cataluña por fin empezó a recuperarse; que la nación catalana, como las del resto del mundo, sólo aparece en el siglo XIX, cuando se inventa el concepto; que la Guerra Civil enfrentó a catalanes en ambos bandos; que la burguesía pactó con el franquismo, etcétera.
Además, aprueba la idea fantasmagórica de que el problema en Cataluña fueron los recortes del Tribunal Constitucional al nuevo Estatuto, cuando fue una medida perfectamente legal y legítima. Luego está el relator internacional para la mesa de negociación futura, que equipara legitimidades no equiparables y da la razón al nacionalismo en su eterna petición de un arbitrio neutral entre contendientes similares.
El pacto con Junts asume que en el Parlament reside la soberanía del pueblo catalán, y eso es inadmisible. La soberanía popular reside en las Cortes y no está troceada por autonomías. Y su límite es la Constitución. Los parlamentos autonómicos tienen la función constituir gobiernos autonómicos, y su ámbito de actuación se circunscribe legalmente sólo a las atribuciones del poder autonómico, forma del reparto de una fracción del poder estatal en cada comunidad. De ahí que todo lo que hizo que hiciera el Parlament durante el procés fuera ilegal e ilegítimo, aunque lo hicieran parlamentarios debidamente electos.
Por último, el pacto con Junts introduce una cucharita de mierda en el tonel del vino con el concepto peronista de lawfare. Rompe la separación de poderes al interferir en la independencia del poder judicial, que ha puesto lógicamente el grito en el cielo ante tal posibilidad. El simple uso del término ya es repelente y todo lo contamina.
La investidura irá bien para Sánchez, persona capaz de ignorar todo lo que interfiera en sus planes. No importa la obvia mayoría social que hoy lo rechaza, no importa el descrédito internacional, no importa tener enfrente al poder autonómico y municipal, no importa las declaraciones de diversos actores centrales de la vida institucional de España, de jueces y fiscales a diplomáticos y policías, pasando por funcionarios públicos y asociaciones privadas, no importan tampoco los socialistas históricos y algunos cuadros en activo. Su voluntad de poder es mayor que su vergüenza.
La legislatura no durará cuatro años, porque no podrán avanzar las negociaciones con Junts sobre temas imposibles de ceder. No por decoro, sino por competencia y estructura institucional: la unidad de la caja social, la unidad de la caja fiscal (con la excepción del cupo vasco), la imposibilidad constitucional de un referéndum vinculante, etcétera. Y se romperá cuando le convenga a Sánchez, que podrá prorrogar sus primeros presupuestos. Nadie le puede hacer una moción de censura efectiva.
No dan los votos. Si las encuestas verdaderas (no las condimentadas del CIS, sino las exclusivas poder) le dan esperanzas, irá a cara de perro por su siguiente reelección. No le faltarán los palmeros. Si no le dan los números, negará a los españoles la oportunidad de refutarlo de manera definitiva en las urnas y buscará, para evitar ser un candidato perdedor, irse a alguna instancia internacional, a seguir puliendo su estatua de cera barata.
