Condenados a la decadencia

La ley de amnistía lo ocupa todo de nuevo. Ponerse a escribir sobre economía se ha convertido en un ejercicio melancólico. ¿Hay alguien ahí preocupado por la baja productividad, el envejecimiento de la población y el coste inasumible de las pensiones en el futuro o la caída de nuestra renta per cápita y la creciente divergencia económica con nuestros socios europeos? Por citar sólo algunos de los males que nos aquejan. No parece. Con su muro y su ley de amnistía que parte por la mitad a la sociedad y enfrenta a las instituciones, Pedro Sánchez ha pervertido también eso: no hay debate en torno a los problemas estructurales que limitan el potencial de crecimiento y el progreso y bienestar de los ciudadanos. El presidente del Gobierno ha alejado de forma definitiva la posibilidad de alcanzar cualquier consenso que permita hacer las reformas que necesita nuestra economía. ¿Estamos condenados a la decadencia? 

España dejó de converger con Europa hace unos 20 años. Desde que en 2004 su PIB (Producto Interior Bruto) per cápita llegó a estar a dos puntos de la media europea (98%), la economía española no ha hecho más que divergir de sus socios europeos. En 2022, el valor de todos los bienes y servicios producidos ese año repartido entre sus habitantes representaba el 86% de la media europea. Ha perdido por lo tanto 12 puntos de riqueza relativa respecto al resto de los 27. Hoy, los ciudadanos de Malta, Chipre, Chequia, Eslovenia, Lituania, que ingresaron en la unión en 2004 son más ricos que los españoles. Las tres últimas repúblicas bálticas partían además de economías planificadas que hicieron la transición a una economía de mercado. Los datos son de Eurostat ajustados a la paridad del poder adquisitivo.

El Gobierno asegura que la economía crece con vigor. Es cierto que en 2023 el PIB creció cómodamente por encima de la media europea (un 2,5% frente al 1% de media de los 27). Y en el presente año, según recogen las previsiones de casi todos los organismos nacionales e internacionales, lo hará a tasas más moderadas, en torno a un 1,6%. Esa moderación se debe en parte a los últimos coletazos de la transmisión del endurecimiento de la política monetaria a los costes de financiación. España de cualquier manera tenía más terreno que recuperar que sus socios europeos tras el colapso económico que supuso la pandemia. 

Ese crecimiento algo más robusto no evitará que siga perdiendo puestos frente a sus competidores. En el último informe de coyuntura del FMI se advierte que España está abocada a caer al puesto 16 al 19 en términos de renta per cápita en 2028, adelantada por Polonia, Estonia y tal vez Hungría. Y si nos vamos a 2060 y según las previsiones de la OCDE, la riqueza por habitante de España caería 10 puestos. El país se situaría por detrás de Portugal o Grecia entre otros. 

El envejecimiento de la población, que sólo se agudizará con la inminente pérdida de población activa, debido a la jubilación de los baby boomers nacidos entre las décadas de 1960 y 1970, y la raíz de la escasa tasa de natalidad de España (1,16 hijos por mujer, entre las más bajas del mundo). Por no hablar del éxodo de talento joven que viene ocurriendo a golpe de crisis desde 2008. La baja productividad es la otra de las razones que explica la mala evolución de la renta per cápita. La llamada Productividad Total de Factores (PTF) acumula un retroceso del 7,3% en España entre 2000 y 2022. Este contrasta con los avances del 15,5% en Estados Unidos o del 11,8% en Alemania en ese mismo periodo.

«Ninguna de las reformas que ayudarían a hacer frente a nuestros problemas estructurales están hoy sobre la mesa»

Pero ninguna de las reformas que ayudarían a hacer frente a estos problemas estructurales están hoy sobre la mesa. Empezando por una verdadera política de conciliación que permita a las mujeres compatibilizar su trabajo con los hijos para así impulsar la tasa de natalidad. Un ejemplo: el foco de la discusión de los horarios laborales debería estar ahí y no en el tiempo de ocio, como defiende la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz.

Estamos lejos de poder tener el deseado debate sosegado en torno a esta y otras importantes cuestiones, como, por ejemplo, los recortes que habrá que aplicar al gasto público en los próximos presupuestos generales. Con el regreso a la disciplina fiscal que ha acordado la UE, hay poco margen de maniobra para gastar teniendo en cuenta que la factura de las pensiones y de los intereses de la deuda continuará subiendo (el 43% el gasto público ya se destina a su pago) y que los compromisos alcanzados con los independentistas para conseguir su apoyo en la investidura a cambio de la condonación del 20% de su deuda drenarán aún más recursos.

Pero lejos de buscar el consenso con el principal partido de la oposición y fuerza mayoritaria en el Parlamento, el Partido Popular, Sánchez vive mejor en la confrontación. Ha recibido con alivio el sí de Junts al engendro legal que es el texto pactado entre los socialistas y los nacionalistas. No sólo porque le sirve de momento para prorrogarse en el poder, sino porque la división e indignación que la ley provoca le sirve para desviar el foco mediático de los casos de corrupción que le acechan. Como si la transacción con los independentistas no fuera la máxima expresión de corrupción (y perversión): perdonar delitos de malversación, sedición, terrorismo o corrupción, ¡incluida la del clan Pujol!, a cambio de un puñado de votos. 

Así que cabe esperar que cuanto más se estreche el cerco en torno a algunos ministros, presidentes de CCAA y la esposa del presidente del Gobierno a cuenta de los casos Koldo y Globalia, más división y confrontación buscará Sánchez. Los problemas de la economía española deberán esperar. Si aguanta el Gobierno el pulso y permanente chantaje de Puigdemont al Estado durante la legislatura que acaba de empezar, serán otros cuatro años perdidos. La siguiente prueba por superar serán los presupuestos generales. ¿Qué le pedirán los independentistas a Sánchez para apoyar la ley más importante de la legislatura? ¿Cuánto estará dispuesto a sacrificar en términos solidaridad, igualdad entre regiones y cohesión social para permanecer un poco más en el poder? El país, su democracia, su convivencia, sus instituciones y su prosperidad, en manos de 392.634 votos.