Los pagafantas atómicos
«Cuando el estado le dice que algo es gratis, en realidad está metiendo la mano en su bolsillo para que usted lo sufrague»
Central nuclear. | Wikimedia Commons
Conviene recordar que el dinero que tiene el estado es el que le quita a usted a través de los impuestos. Así pueden permitirse cualquier tipo de tropelía, porque va a pagar usted. Nada es gratis, siempre lo paga alguien. Cuando el estado le dice que algo es gratis, en realidad está metiendo la mano en su bolsillo para que usted lo sufrague. Y cuando no tienen dinero para pagar, no pasa nada, se inventan algún nuevo impuesto y problema resuelto. ¿Qué incentivo tienen para hacer las cosas bien? ¿Qué incentivo tienen para contener un gasto público desaforado? ¿Qué incentivo tienen para no gastar el dinero público en cosas absurdas? Ninguno, esa es la triste realidad.
Andan los propietarios de las centrales nucleares enfadados porque, desde el gobierno, se pretende subir de forma absolutamente desproporcionada (todavía más) los impuestos que pagan las centrales nucleares. ¿Por qué? Porque el estado no tiene el dinero suficiente para gestionar el desmantelamiento de las plantas y la gestión de residuos. ¿Y por qué no tiene el dinero suficiente? Por hacer el canelo hasta límites insospechados. Pero vayamos al principio, para entender lo que realmente ha sucedido.
El desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos radiactivos es una actividad que corresponde al estado (porque así lo ha decidido el propio estado) pero son las centrales nucleares quienes la financian. ¿Cómo lo hacen? A través de una tasa que se paga en función de la cantidad de electricidad producida por cada central. En total, unos 450 millones de euros al año que pagan entre los siete reactores nucleares que hay en España.
Con parte de ese dinero, el estado tenía que haber construido un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para almacenar conjuntamente los residuos de todas las centrales nucleares. Esto no es un capricho de nadie, sino un mandato que el Congreso de los Diputados estableció en el año 2004. En esta España nuestra, hay cosas que se parecen a los milagros, y la designación del emplazamiento para albergar el ATC fue una de esas cosas. Tuvieron que alinearse los astros, de tal modo que el partido que gobernaba en España, en la comunidad autónoma y en la localidad donde iba a instalarse el almacén fuera el mismo. Esto tuvo lugar en el año 2011 tras la victoria de Mariano Rajoy. Así que se lanzó el proyecto de construcción del ATC en la localidad manchega de Villar de Cañas (Cuenca).
«En esta España nuestra, hay cosas que se parecen a los milagros, y la designación del emplazamiento para albergar el ATC fue una de esas cosas»
Pero tras las siguientes elecciones autonómicas, el PSOE se hizo con el poder en Castilla La Mancha y la alineación astral se fue al garete. Emiliano García-Page empezó a mover los hilos como sólo él sabe hacerlo, retorciendo la realidad hasta límites insospechados con el único fin de paralizar el proyecto del ATC. Tras perder unas cuantas demandas, tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha como en el Tribunal Supremo, este último órgano judicial llegó incluso a sentenciar que había incurrido en «desviación de poder». Pero como en nuestro país no pasa nunca nada, sigue tranquilamente en su cargo.
El siguiente capítulo del culebrón tuvo lugar cuando el PSOE de Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. El proyecto del ATC se paralizó definitivamente y, como consecuencia, España no tiene un emplazamiento donde almacenar sus residuos de manera centralizada. Esto, además de desobedecer un mandato directo del Congreso, nos cuesta unos 77.000 euros diarios en concepto de fianza por los residuos que nos está guardando Francia desde hace años, precisamente porque no tenemos ningún sitio donde almacenarlos. Y así, queridos amigos, es como fabrican la coartada contra la energía nuclear. Utilizan las instituciones para boicotear la solución a los residuos con el objetivo de argumentar, posteriormente, que la industria nuclear no tiene solución para sus residuos.
Pero esto no es ni siquiera lo más grave. Como no tenemos un ATC, los residuos van a tener que almacenarse durante décadas en los emplazamientos de las propias centrales nucleares. Esta decisión va a hacer que la gestión de los residuos cueste unos 2.000 millones de euros más de lo que debería. ¿Qué pretende ahora el gobierno? Que esos 2.000 millones los paguen las centrales nucleares y éstas, obviamente, se han negado. ¿Es justo que unas empresas privadas tengan que hacerse cargo de unos sobrecostes ocasionados exclusivamente por el gobierno? ¿Hacerse cargo de unos sobrecostes debidos a decisiones políticas unilaterales? ¿Por qué esos 2.000 millones no los paga García-Page que ha sido el máximo instigador de que el proyecto del ATC se cancelara?
El estado no tiene ningún incentivo para hacer lo correcto, para hacer las cosas bien. Movidos por banderas ideológicas toman decisiones políticas a sabiendas que son contraproducentes y que alguien va a tener que pagar los platos rotos de sus sectarios desmanes. De vez en cuando alguien se planta y dice que no paga. Aquí, los dueños de las centrales nucleares se han cansado de ser los pagafantas del sector eléctrico y le han metido al gobierno dos contenciosos. ¿Cómo acabará esto? No lo sabemos. De lo que podemos estar absolutamente seguros es que, aunque algún tribunal acuse al gobierno de desviación de poder, no pasará absolutamente nada. Ya lo hemos vivido. Y a seguir, que en este país cuela todo.
