¿Por qué nos sorprende la corrupción?

Desde hace varias semanas, casi toda la actualidad gira alrededor del caso Koldo, o como se le quiera llamar. Quizás soy una excepción, pero no me ha sorprendido demasiado todo lo que hasta ahora se va conociendo. Veremos lo que sucede en el futuro.

Puede ser que ya se nos hayan olvidado las circunstancias que rodearon la pandemia: un Gobierno al que le cogió totalmente desprevenido y ocupado en otros menesteres distintos de la gestión; un Ministerio de Sanidad que era una cáscara vacía; un ministro a quien se había puesto en este departamento por la sencilla razón de que apenas tenía competencias y así podría dedicarse a la mesa de negociación con los independentistas catalanes y 17 autonomías de distinto signo y características; y todo ello en un mercado tensionado en el que todos los países, incluyendo EEUU, buscaban ansiosamente material sanitario.

Es lógico que los distintos gestores se agarrasen a un clavo ardiendo o a cualquier posibilidad de suministro, sin ser demasiado escrupulosos en el análisis de los proveedores, de los precios o de las demás condiciones. Tanto más cuanto que el mercado distaba mucho de ser transparente. Ciertamente, no todos actuaron de la misma manera. Los dirigentes de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Asturias parece que fueron más exigentes y algo intuyeron de anormal cuando rechazaron la oferta de las mascarillas que les brindaba Fomento.

Todos los contratos se hicieron por el régimen de emergencia que la ley permite para casos excepcionales y en los que se puede prescindir de cualquier formalidad o trámite, incluyendo la fiscalización previa. El hecho de que las circunstancias lo justificasen no era impedimento para ser conscientes del riesgo que se asumía en los resultados: sobreprecios, falsificaciones, timos, fraudes, etcétera.

Es más, no hay por qué extrañarse de que en estas coordenadas surgiesen piratas dispuestos a enriquecerse y, aprovechando el caos, estafasen a la Administración; incluso también era previsible que en algunos casos contasen con la colaboración interior y que hubiese funcionarios o políticos que estuviesen dispuestos a ayudar a los timadores en su tarea, participando, ciertamente, en mayor o menor medida en la mordida.

«Llevamos suficiente tiempo en esta aventura como para no ser conscientes de que en el sanchismo todo es posible»

Hasta aquí no hay nada demasiado extraordinario o que no nos pudiésemos imaginar que ocurriría. La cosa, sin embargo, cambia si lo que se suponen casos sueltos o incluso unidos por una trama de defraudadores externos se convirtiese en una tramoya interior de políticos del mismo partido, del Gobierno, ocupando puestos de primer nivel, conspirando para defraudar. No digo que hoy por hoy esté probado que esto haya sido así, digo simplemente que en este caso la corrupción adquiriría un rango nuevo de mucha más gravedad. Las responsabilidades políticas que puedan existir hasta ahora se convertirían en contables o penales.

Pues bien, aun cuando se demostrase que ese complot ha existido y que es todo el Gobierno el que está implicado, yo continuaría sin sorprenderme demasiado, porque ya llevamos suficiente tiempo en esta aventura como para no ser conscientes de que en el sanchismo todo es posible.

Lo que me resulta extraño, más bien hipócrita, es que los que hoy se rasgan las vestiduras por estos casos de corrupción hayan visto como algo normal que durante cinco años se haya estado comprando el Gobierno de la nación con todo tipo de dádivas y prebendas, a costa del erario público, y se haya garantizado la permanencia en La Moncloa a base de beneficiar a unas autonomías en perjuicio de las demás. Es difícil encontrar un caso mayor de corrupción.

Esta última corrupción no tiene parangón con ninguna otra. Es una corrupción estructural, consustancial a este Ejecutivo, que está en él desde sus orígenes, desde el inicio, desde la misma moción de censura, que mancha a todos los que lo integran o lo han integrado, estigma que se mantendrá en el futuro y que será imposible de borrar. Durante toda su existencia, este Gobierno ha venido incurriendo en un cohecho endémico mediante el que se compra con fondos públicos o con cesiones políticas la permanencia día a día en el poder.

«De lo que sí nos deberíamos sorprender es de la desfachatez de los voceros del sanchismo»

Susana Díaz, responsable en buena medida del sanchismo, y que ahora se nos ha hecho tertuliana, con cara acontecida afirma que «todos los socialistas están avergonzados y afligidos por el caso que nos ocupa». Pero parece que no se avergüenzan de amnistiar a golpistas y defraudadores.

De lo que sí nos deberíamos sorprender —si no estuviéramos ya curados de espanto— es de la desfachatez de los voceros del sanchismo cuando afirman con total solemnidad que ellos tienen tolerancia cero ante la corrupción. Y lo dicen los que han modificado el Código Penal para rebajar las penas de la malversación y los que están a punto de aprobar una ley de amnistía eximiendo de culpa a todos los que se han apropiado de fondos públicos en Cataluña para desviarlos a una finalidad claramente delictiva, un golpe de Estado. Caiga quien caiga, afirman. Deberían añadir: excepto que sean independentistas catalanes.

Y qué decir de Yolanda Díaz que, cargada de razón, nos dice que ha llegado el momento de sacar una ley que prohíba el indulto a los corruptos; y lo afirma quien dos días después iba a votar a favor de una amnistía a los malversadores catalanes.

Y puestos a tener ocurrencias, Yolanda ha propuesto, para evitar la corrupción, crear un organismo independiente para perseguirla. El sanchismo, a la hora de enfrentarse con un problema, opta siempre por crear un chiringuito. Organismos sobran: el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Administración del Estado, la Agencia Tributaria y los propios jueces; y en cuanto a lo de ser independientes lo que hace falta es que el Gobierno permita que lo sean. La ocurrencia de Yolanda es un brindis al sol, lo mismo que las auditorías de Puente, que las encarga a la Inspección del departamento, órgano que depende del ministro. Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.

«Lo de las mascarillas no va a ser nada comparado con lo que puede aparecer de la utilización de los recursos europeos»

Lo que facilita la corrupción es la eliminación de los controles y procedimientos establecidos para garantizar la objetividad e imparcialidad en el gasto. Los gobiernos son propensos, con la excusa de agilizar la gestión, a desarmar todos estos mecanismos e instrumentos, dificultando así cualquier forma de control. En los primeros meses de la pandemia quizás estuviesen justificadas las excepciones, pero cosa totalmente distinta son las aplicadas a los fondos de recuperación. Me temo que lo de las mascarillas no va a ser nada comparado con lo que puede aparecer de la aplicación y de la utilización de los recursos europeos.

Junto a la falta de transparencia política en la asignación, se ha producido también la opacidad administrativa. Ya el propio Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, que regula toda la materia, elimina, en aras de la urgencia (premura que después no se ha seguido en la ejecución), muchos de los trámites y controles necesarios en la administración de los fondos públicos. La fiscalización previa, por ejemplo, queda reducida a una parodia.

La huida del Derecho Administrativo está presente en todo el Decreto ley. Se crean de nuevo las agencias, órganos de gestión altamente desrregulados. Se modifican reglamentos y numerosas leyes desde la de contratos del Estado a la de subvenciones, pasando por la ley general presupuestaria, todo con la excusa de agilizar la gestión, pero con el corolario de que se eliminan controles y mecanismos totalmente necesarios a efectos de garantizar la objetividad y neutralidad en la adjudicación, así como la eficacia y el cumplimiento de la legalidad en la realización.

Pero es que, además, la mayoría de los programas se están externalizando —bajo la forma de encargos u otros procedimientos parecidos— a figuras administrativas que por su condición de empresas públicas o similares no están sometidas a los mismos controles o requisitos que la Administración, porque tampoco están creadas para las tareas que ahora se les encomiendan. En realidad, esta externalización tiene únicamente la finalidad de exonerar la concesión y ejecución de esos recursos de los procedimientos y normas que debe tener la utilización de fondos públicos, y que se pueda actuar por tanto con total discrecionalidad, cuando no arbitrariedad. El procedimiento no es muy distinto, solo que a gran escala, al empleado con los ERE en Andalucía. Existe, por tanto, el peligro de que el resultado sea también similar.

«Este es un Gobierno que piensa que el fin justifica los medios. Todo es lícito con tal de que no gobierne la derecha»

Es muy posible que lo de las mascarillas termine por parecernos peccata minuta con lo que vaya a emerger a propósito de los recursos provenientes de los fondos de recuperación. Algunos casos comienzan ya a enseñar las orejas, como los de Plus Ultra o los de Air Europa.

Si se coloca la causa, lo normal es que surja el efecto. No podemos después extrañarnos de ello ni rasgarnos las vestiduras. Este es un Gobierno que piensa que el fin justifica los medios. Se ha saltado todas las líneas rojas. Su única finalidad es mantenerse en el poder. No acepta la alternancia. Todo es lícito con tal de que no gobierne la derecha. No importa que el pueblo rechace ahora la amnistía: ¡pobrecillos!, carecen de la lucidez necesaria para darse cuenta del bien que les estamos haciendo. Con el tiempo serán conscientes de ello. ¿Despotismo ilustrado? Despotismo, sí; ilustrado, no.

El sanchismo no distingue entre la verdad y la mentira. Consideran que están por encima del bien y del mal. La ley no es igual para todos. Creen que la elección en las urnas concede a los políticos patente de corso. El sanchismo desprecia el derecho y vilipendia a los jueces. Cuando se defiende la desjudicialización de la política, todo es posible, todo está permitido. ¿Corrupción?, ¿qué es eso? Después de cinco años, ¿de qué nos vamos a sorprender?