Mafia y política

«En este país, la mafia y la política son lo mismo».

Esta afirmación no se refiere a Calabria, sino a España, y no proviene de una película, sino de una conversación intervenida en una investigación contra la Camorra napolitana. La dijo hace exactamente 10 años un tal Bárcenas (que esta semana ha pasado al tercer grado) y, por aquel entonces, a los españoles nos escandalizó.

Corría 2014 y el Huffington Post cifraba en 1.700 las causas y en más de 500 los imputados por casos de corrupción en España: Andalucía con 541 causas, gobernada por el PSOE, era la comunidad más afectada. Ese verano, España entera alucinó con la «confesión» de Pujol ante el 3% y el caso Convergencia. El capo reconoció haber «ocultado» una «herencia» durante 35 años… uno de los mayores fraudes fiscales de la historia y un latrocinio de más de 290 millones de euros. Del «España nos roba» pasamos al «Pujol y CiU nos han robado». ¿Recuerdan?

Aquel agosto Pujol se convirtió en el hit boy de todas las portadas. Así, se fue instaurando la sospecha de que, bajo el cobijo de la política y con excusas ideológicas, en Cataluña se había desarrollado un sistema de crimen organizado: todo un modus operandi, que, amparado por la causa independentista, se dedicaba al ejercicio de la delincuencia entendida como el uso «autónomo» de la ley. Los implicados se presentaban siempre como «hombres y mujeres de honor» (algunos molt honorables) que significa «mafiosos».

Por Bárcenas, el de la frase, llegó precisamente Sánchez al poder. Ya saben, con la Gürtel se incriminó al PP, que, según Ábalos (ironías del destino), era «un auténtico sistema de corrupción institucional». Los medios cubrieron duramente las irregularidades y los españoles, que les creímos, nos ofendimos y les castigamos.

«Se ha producido una degradación progresiva de las instituciones y de la democracia»

En mayo de 2018 Sánchez planteó su moción de censura prometiendo ejemplaridad… y elecciones, que no convocó. Ya pintaba maneras. Con el tiempo se supo que la incriminación del PP había sido improcedente y, aunque a buen seguro hoy, «la banda» calificaría el tema como lawfare, quienes creemos en el Estado de derecho, la separación de poderes y somos demócratas, no lo hacemos.

El resto se conoce: Sánchez, y su banda, que tenían un plan, lo han ejecutado. Se ha producido una fagocitación y degradación progresiva de las instituciones y de la democracia. No obstante, la lectura de la estrategia estaba equivocada. La mayoría ingenuamente creíamos que respondía a un fin ideológico: que los enemigos de España, con un anhelo de independencia, pretendían reconfigurar el modelo de Estado. Hasta hoy.

Porque el estallido de la trama de Koldo, que es en realidad, la trama del PSOE, cambia las cosas. El escándalo podría salpicar además de a Ábalos, a la presidenta del Congreso, a varios ministros y gobiernos autonómicos socialistas, al secretario de Organización… y hasta a la mujer de Sánchez.

Todo pinta a que hay una red de influencias y mordidas pestilente. Un modus operandi que hace diez años, como pasó con Bárcenas y Pujol, nos habría escandalizado. El caso sanchismo queda hoy, sin embargo, eclipsado en España por un ejercicio de corrupción mucho mayor: el de comprar una investidura a cambio de perdonar delitos gravísimos de terrorismo, traición y malversación. En resumen: gamba no come gamba y yo te tapo tus mierdas si tú me ayudas con las mías.

«En medio de políticos de verdad (que los hay), el sistema está infectado de verdaderos cuatreros»

El diagnóstico es tremendo y la situación grave: no se trata de guerras culturales o de conflictos ideológicos, no se trata de ninguna causa final. Se trata de negocios… Y por eso, en este país urge que se haga algo concreto y mundano: erradicar la delincuencia de la política. Ni menos, ni más.

Los hechos apuntan a que, en medio de políticos de verdad (que los hay), el sistema está infectado de verdaderos cuatreros, algunos además puteros, con actas y poder. A la luz de las declaraciones que estamos viendo en medios, como en Palermo, los clanes a los que pertenecen –vinculados a las distintas causas– les someten a unos códigos, entre otros, la ley del silencio. De ahí el «nadie va a tirar de la manta» que es, en realidad, una amenaza.

Hoy por hoy, y esto es duro, el debate público debe centrar seriamente en cómo desmantelar toda relación entre crimen organizado y poderes públicos.

Y es hora de empezar a discriminar. Que mafiosos o chusqueros se hayan presentado como políticos, no quiere decir que lo sean: en realidad han sido siempre mafiosos y como tal hay que considerarlos. Quienes ocupaban un cargo y no han sido capaces de conseguir el bien común (sino sólo el propio) no ejercen la política, han hecho otra cosa. Y nosotros se lo hemos permitido.

Quién me iba a decir que aquel aserto de Bárcenas aparecería hoy como un diagnóstico certero. Aun condenado por chorizo, fue un gran futurólogo y analista sociológico.