THE OBJECTIVE
Román Cendoya

Okupas de las instituciones

«Pedro Sánchez y sus mariachis propagandistas han convertido RTVE en un instrumento de poder propagandístico repugnante»

Opinión
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Okupas de las instituciones

Ilustración de Alejandra Svriz.

Ni se puede ni se debe renovar el Consejo General del Poder Judicial. Un órgano del Estado tan importante no puede convertirse en el lodazal en el que ha terminado RTVE. El ente público tiene un Consejo de Administración íntegramente escogido por el Congreso de los Diputados. O sea, un órgano sin independencia profesional que se convierte en un instrumento de okupación al servicio del capricho y la propaganda del tirano líder. Ése es el elevado concepto que tienen Pedro Sánchez y el PSOE de lo que supone la separación de poderes y el respeto institucional.

El bolivarianismo sanchista convierte cualquier institución, a través del nombramiento de su consejo de administración por el Congreso de los Diputados —o del dedazo gubernamental— en un repugnante instrumento al servicio del poder. Así ha sido con RTVE. Así es con la Fiscalía General del Estado o la presidencia del Tribunal Constitucional. El ministro Bolaños, que se intenta colar en los actos como un pequeño Nicolás, es el aprendiz de Maduro convertido en un correveidile de los deseos de su amo, mangoneando y desprestigiando todas las instituciones a las que se acercan. 

A Pedro Sánchez hay que reconocerle el mérito que tiene al disponer de la agenda de personajillos públicos más lamentables, dispuestos a hacer cualquier cosa por el carguito. Sánchez se rodea de todos los mercenarios de turno, los okupas de las instituciones, capaces de traspasar todos los límites con tal mantener el cargo que han recibido del presidente. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido capaz de, presuntamente, delinquir violando el articulo 62, punto 12, del Estatuto de los Fiscales para atacar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. O retrasar la instrucción del mal llamado Caso Koldo hasta después de las elecciones generales del 23-J, con el objetivo de que nada afectara al resultado electoral del, a pesar de las trampas, derrotado PSOE de Pedro Sánchez. 

Una vez más se demuestra que al Gobierno sólo le interesa que todo sea público para poder tomarlo y secuestrarlo. En la medicina pública nunca les interesó la calidad del servicio, les interesa que sea pública para controlarla.

Lo sucedido en RTVE es un claro ejemplo de la okupación política de las instituciones que tanto le gusta al totalitarismo sanchista. Televisión Española ha dejado de ser un medio de comunicación. Pedro Sánchez y sus mariachis propagandistas han convertido al ente público en un instrumento de poder propagandístico repugnante, con programas emblemáticos en las distintas franjas horarias que, lejos de ser presentados por periodistas, son pilotados por comisarios políticos comprados y entregados a las necesidades sanchistas. Pedro Sánchez compra voluntades con nuestro dinero. Es verdad que les paga cifras inimaginables comparadas con lo que eran los salarios normales de la televisión pública. Silvia Intxaurrrondo, 530.000 euros en dos años por presentar La hora de la 1. Eso debe de costar hacer de comisaria política con el rival de Sánchez. La izquierda cuando está en la oposición se obsesiona por el modelo que debería tener una televisión pública. Ridículo postureo que se convierte en sometimiento y control pleno cuando están en el poder

«Si la directora se cree que manda y cesa al director de programación, inmediatamente se le echa a ella»

La presión monclovita se hace a través del consejo de administración que es elegido por el Congreso. Qué casualidad. En vez de pensar en el servicio público, los consejeros puestos por Sánchez se encargan de transmitir las instrucciones al director programación para que ejecute la voluntad política del poder. Una lamentable instrumentalización del ente que obliga a reclamar el cierre inmediato de semejante bodrio. El caos que sufre RTVE ha sido provocado por la obsesión de Moncloa por fichar a David Broncano para hacer la competencia a El hormiguero de Pablo Motos en Antena 3. La excusa, el prime time. La realidad, pagar un pastizal a la productora afín al régimen, entre 12 y 14 millones de euros por año con un contrato de tres años, poniendo al desenfadado humorista, conductor de programas para público joven, en el horario en el que la edad media de los espectadores de TVE es de 65 años. Y qué más da. 

Lo importante es que si no se obedece a la voluntad del líder se destituye a todos los presentes porque no han conseguido el objetivo político. Los consejeros del PSOE no han hecho nada diferente de lo que se espera de ellos. Si la directora se cree que manda y cesa al director de programación, inmediatamente se le echa a ella. Que todo el mundo sepa que el que no está a la orden es eliminado en un evidente ejercicio de férreo intervencionismo. Y directamente se nombra a una militante. Para qué disimular.

Por todos los ejemplos vividos con la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional o RTVE es lógico exigir que no se reforme el Consejo General del Poder Judicial mientras no se garantice, por ley, la independencia judicial. Cumplir con la Constitución no es renovar el CGPJ, es trabajar y luchar por su independencia. Eso que odia tanto Bolaños. El artículo 117, punto 1, de la Constitución reza: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». O sea, que no dependen de Sánchez o del Congreso de los Diputados.

Todo lo que se pueda evitar que sea nombrado por el Consejo de los Diputados hay que evitarlo. El PSOE escoge a serviles obedientes que ejecutan sus órdenes destrozando cada institución okupada. Siempre cuentan con el PNV para vertebrar su mayoría. Pero cuando hay que improvisar resultan inútiles, porque no saben hacer otra cosa que abstenerse si no les han dado las oportunas instrucciones. Así ha actuado su representante en el despido del director de programación y en el cese de la presidenta.

Lo democrático sería que Pedro Sánchez, su Gobierno y el PSOE sacaran sus totalitarias manos de las instituciones y respetaran la separación de poderes y las leyes. Pero está claro que para eso ya vamos tarde.

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