El cupo y el neoliberalismo económico

Mal está que el presidente de la Generalitat venga a Madrid a insultarnos, no solo a los madrileños sino a todos los españoles, pero peor es que nos quiera tomar por tontos, afirmando que el plan de financiación que propone incrementa la equidad interterritorial. Su discurso fue prepotente, insultante, incluso xenófobo, lo que no resulta muy coherente, porque habría que empezar por delimitar quiénes son los catalanes, dónde empiezan y dónde terminan, qué es lo que establece la diferencia. Pero eso daría para otro artículo, así que retornemos a las cosas de comer, es decir, al vil metal, que es lo que en definitiva quiere el señor Aragonés, quitarnos la cartera a todos los españoles, incluyendo a los catalanes.

Una vez más, el Gobierno catalán quiere justificar su mala gestión echando la culpa al Estado, a la deficiente financiación. Ya lo hizo Artur Mas cuando, para librarse de la protesta protagonizada por el 15-M en Barcelona y que le había obligado a entrar al Parlamento en helicóptero, viajó a Madrid a pedir a Rajoy un concierto para Cataluña equivalente al que tenía el País Vasco. Con la negativa comenzó el procés. Gracias a Sánchez, hemos retrocedido 12 años y nos encontramos en el mismo punto de partida y seguramente comenzando otro procés.

Aragonés, que pertenece a un partido que se autodenomina de izquierdas y que forma parte, según Sánchez, de ese bloque tan progresista, plantea un sistema de financiación que hace las delicias del neoliberalismo económico y que recibe el apoyo y el aplauso de los economistas más furiosamente liberales, tales como Juan Ramón Rallo, quien el 23 de marzo publicó un artículo en El Confidencial titulado Pacto fiscal sí, pero para todos, es decir, que, si la propuesta realizada por Aragonés era progresista, el señor Rallo le ha pasado por la izquierda.

Que el neoliberalismo económico se postule a favor de trocear la Hacienda pública es coherente, ya que el resultado sería dejar en mínimos el sistema fiscal. Además de dificultar enormemente la lucha contra el fraude, desataría la competencia entre las distintas autonomías para ver cuál es la que reduce más los tributos a efectos de atraer a las empresas y al capital, o a que simplemente no se vayan a otras regiones. Sería copiar el diseño actual de la Unión Europea, cuyo peor defecto es no haber dado ningún paso para la unidad presupuestaria y fiscal. El problema es aún mayor cuando se trata de regiones y no de países, puesto que el coste de desplazarse dentro del propio Estado es menor.

En realidad, este fenómeno ya se está produciendo, aunque en un nivel más reducido, con los impuestos cedidos a las comunidades. Curiosamente, en este tema surge una vez más la contradicción de los nacionalistas, y más concretamente de Esquerra y de Aragonés, al exigir ahora total soberanía fiscal, después de haber criticado a Ayuso y a la Comunidad de Madrid por ejercer la autonomía normativa en la parte de fiscalidad que le corresponde; incluso han forzado al Gobierno de Sánchez a realizar una armonización fiscal, por la puerta de atrás, del impuesto de patrimonio.

«La aplicación del cupo a todas las autonomías haría imposible el mantenimiento de los servicios públicos en casi todas ellas»

Es lógico que el neoliberalismo económico se posicione a favor de extender el cupo a todas las autonomías. Los impuestos de los ricos para los ricos, y la recaudación de los pobres para los pobres. El mejor sitio donde se encuentra el dinero es el bolsillo de cada contribuyente. La sanidad y la educación que cada una se pague la suya.

Lo que ya no es tan coherente es que lo reclame un partido que se autodenomina de izquierda, como ERC, y no digamos si el que lo defiende es el PSC. Por cierto, el hoy flamante embajador en la Unesco, señor Iceta, ya proponía algo similar en el año 2017, el 30 de noviembre, en un artículo en el diario El Mundo y que terminaba justificándose, afirmando que no pedía nada para Cataluña que no pidiese para el resto de las comunidades.

Una buena falacia, porque lo que es bueno para los ricos no tiene por qué serlo para los pobres. Habitualmente es lo contrario. La aplicación del cupo a todas las autonomías haría imposible el mantenimiento de los servicios públicos en casi todas ellas. El mismo Rallo ofrece en su artículo unos datos bastante esclarecedores, recogidos de la última balanza fiscal que resulta fiable, la publicada por Hacienda en 2016, siguiendo la metodología de varios catedráticos de Zaragoza y Valencia; nada que ver con los chanchullos que suele manejar la Generalitat para agrandar lo que llama su déficit fiscal.

Ciertamente, el saldo de la balanza fiscal de Cataluña es negativo (3,75 % del PIB), al igual que el de Baleares (5,08 %) y el de Madrid (9,57 %), pero el primero en una cuantía mucho menor que el que le correspondería, como se puede apreciar en el hecho de que sea inferior al de Baleares cuando su renta per cápita es superior, y que esté a mucha distancia del de Madrid, cuando la diferencia entre las correspondientes rentas per cápita es bastante más reducida. El resto de las autonomías tienen superávit, con lo que mal favor se les haría al concederles el cupo.

«Los resultados de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas son consecuencia de la progresividad del sistema fiscal»

Que los contribuyentes de aquellas autonomías cuyas rentas per cápita son superiores a la media paguen más que lo que reciben es simple consecuencia de que las clases altas y medias altas contribuyen por término medio más que lo que el sector público gasta en ellas y viceversa, mientras que en los grupos con menores ingresos se produce el fenómeno contrario. En este escenario hay dos excepciones: las del País Vasco y Navarra que ocupan el segundo y el tercer puesto en el ránking de la renta per cápita y, sin embargo, presentan una balanza fiscal con saldo negativo.

Los resultados de las balanzas fiscales (positivos o negativos) de las distintas comunidades autónomas son simple consecuencia de la progresividad del sistema fiscal y de que los gastos del Estado deben orientarse en mayor medida a los estratos sociales más necesitados.

Pero es que, además, se comete un sofisma al afirmar que lo que se pretende es que los tributos que pagan los catalanes se queden en Cataluña, porque los impuestos que se ingresan en esa comunidad no solo son los de los ciudadanos que residen en ella. Las empresas contribuyen donde tienen el domicilio fiscal, y lo hacen además de por el impuesto de sociedades por el IVA repercutido a los consumidores en todos los territorios donde prestan servicios y por las retenciones a los salarios de sus empleados trabajen o no trabajen en Cataluña.

Es decir, que por ejemplo Danone ingresa en Barcelona el IVA pagado por los ciudadanos de toda España, o FCC de construcción las retenciones de sus trabajadores, aunque no residan en Barcelona. Y, a la inversa, la Caixa que ahora tiene el domicilio fiscal en Valencia ingresará en esta ciudad las retenciones de capital practicadas en Cataluña. Tal vez ahí se encuentre el motivo de que los nacionalistas exijan al Gobierno que obligue a retornar a las empresas que se marcharon huyendo del procés.

«La política redistributiva del Estado no necesita ningún fondo, sino dejar que funcione la progresividad del sistema fiscal»

Cuando a principio de los años ochenta me encargaba de la Administración tributaria era muy consciente de la atención que tenía que prestar a las delegaciones de Hacienda de Madrid y Barcelona, porque entre las dos se recaudaba el 50% de todos los impuestos. A pesar del tiempo transcurrido, no creo que haya cambiado mucho este porcentaje. Esto da idea de lo absurdo que es el planteamiento de los nacionalistas y de lo mucho que se acercan al neoliberalismo económico, aun cuando se llamen de izquierdas, socialistas o pertenezcan al bloque progresista, que diría Sánchez.

El señor Aragonés, en un tono de lo más arrogante y al mismo tiempo condescendiente, anunció que se prestaba a crear un fondo llamado de solidaridad, pero, eso sí, condicionado y limitado en el tiempo porque a los pobres hay que ayudarles, pero no mucho, solo temporalmente porque, de lo contrario, se acostumbran y no trabajan.

Me he negado siempre a denominar solidaridad a lo que debe ser justicia redistributiva. Lo de solidaridad suena a caridad o a beneficencia. La política redistributiva del Estado -también entre los territorios, que es tan solo la consecuencia de la que se efectúa entre los ciudadanos- no necesita ningún fondo, sino dejar que funcione la progresividad del sistema fiscal.

Resulta bastante interesante lo que afirma Piketty en su última obra, Capital e ideología, acerca del victimismo de los nacionalistas catalanes en materia fiscal. Considero oportuno terminar el artículo transcribiendo algunos de sus párrafos, ya que son sumamente claros y poseen quizás la ventaja sobre mis propias palabras de la autoridad que el autor tiene, al menos para determinados grupos políticos como Sumar o Podemos:

«Los Estados alemanes (länder) no tienen la posibilidad de conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria»

«Es importante destacar que, en el aspecto fiscal, España es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con Estados federales mucho más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Un sistema de este tipo plantea muchos problemas, en el sentido de que daña la idea misma de solidaridad en el seno del país y termina por enfrentar a las regiones entre ellas, lo que resulta especialmente problemático tratándose de una herramienta como el impuesto sobre la renta que se supone debe reducir las desigualdades entre los más pobres y los más ricos, al margen de las identidades regionales o profesionales…»

«En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EEUU. Es el que garantiza, desde su creación en 1913, la progresividad fiscal y el que aplica los tipos impositivos más altos a los tramos superiores de la renta. Tal vez a los contribuyentes acomodados de California (Estado que por sí solo está casi tan poblado como España y seis veces más que Cataluña) les habría gustado conservar para sí y para sus hijos la mitad del impuesto federal sobre las rentas más altas, pero nunca lo han conseguido (para ser sinceros nunca lo han intentado seriamente puesto que la sola idea habría sido interpretada como una declaración de guerra de tipo secesionista)».

«En la República Federal de Alemania, ejemplo más cercano a España, el impuesto sobre la renta es exclusivamente federal: los Estados alemanes (länder) no tienen la posibilidad de votar tipos impositivos adicionales ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria, independientemente de lo que piensen los contribuyentes bávaros. La lógica de los tipos impositivos adicionales a nivel regional o local no es perniciosa en sí misma siempre que sea mensurada. Optando por el reparto a medias del impuesto sobre la renta con las regiones, tal vez España haya ido demasiado lejos y ahora se encuentra en una situación en la que una parte de los catalanes querrían, independizándose, conservar el cien por cien de los ingresos».

Sí, España ha ido demasiado lejos en su afán de conseguir un encaje para los nacionalistas. Que se sintiesen a gusto, se decía. Vano intento. Todas las concesiones, desde la propia Constitución hasta los momentos actuales, no han servido para nada. Únicamente para envalentonarlos y que reclamen nuevos privilegios. La cesión de todos los impuestos a la Generalitat de Cataluña, lejos de ayudar a la concordia, como dice Sánchez, tan solo dotaría a los independentistas de mayores posibilidades de tener éxito en un nuevo golpe de Estado. Pero seamos sinceros olvidémonos de apaciguamientos, la única razón de las cesiones es que continúe Sánchez en el colchón de la Moncloa.