La juez desestima la libertad o el arresto domiciliario para Eduardo Zaplana
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha desestimado dejar en libertad o en arresto domiciliario al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana. La juez instruye el caso Erial, en el que se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha desestimado dejar en libertad o en arresto domiciliario al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, que ingresó en prisión el 24 de mayo. La juez instruye el caso Erial, en el que se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
La defensa de Zaplana, ejercida por el bufete de Miláns del Bosch, solicitó la semana pasada la libertad por razones humanitarias, o en su defecto el arresto domiciliario para su cliente, que fue diagnosticado de una leucemia en 2015.
El viernes, el fiscal anticorrupción se opuso a la libertad condicional de Zaplana por considerar que existe riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas a pesar de su enfermedad.
A pesar de los informes médicos, incluido el forense, que informaban negativamente de la permanencia en prisión de Zaplana, la juez ha denegado la petición, según han indicado fuentes de la defensa a EFE. La defensa afirma que la permanencia en la cárcel de Zaplana es negativa porque sufre “un cuadro profundo de inmunosupresión”, lo que supone un “mayor riesgo de sufrir infecciones y que puede llegar incluso a riesgo de muerte”.
En el caso Erial, el juzgado investiga, entre otras actuaciones, el cobro de comisiones derivadas de la concesión de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en el año 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, que se puso en marcha en el año 2003.
En el auto de prisión del pasado 22 de mayo, la juez acusa a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a grupo criminal, informa EFE.