El Gobierno "va a estudiar" presentarse como defensa de las víctimas de violencia sexual

El Gobierno estudiará presentarse como defensa de las víctimas en los juicios de violencia sexual. Lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno, ha dicho Celaá, se ha mostrado «sorprendido» por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de poner en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros a los miembros de La Manada. La sorpresa del Gobierno, ha dicho Celaá, viene motivada por el hecho de que «la regla de oro general es que un condenado que está en prisión provisional se le mantiene en esa prisión provisional, sobre todo cuando tiene una sentencia de nueve años», en cuyo caso, «se le mantiene al menos hasta que se cumple la mitad de la condena».

«El Gobierno respeta», ha dicho Celaá, «las decisiones judiciales», pero entiende que «los hechos probados son muy graves, son gravísimos, y en este sentido el Gobierno se hace eco de la alarma social, de la preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular». Celaá ha añadido: «Una sentencia condenatoria siempre es peligrosa en el sentido de que pueda ser proclive a la fuga y nosotros queremos proteger a las mujeres y a las jóvenes de este país».

Por ese motivo, el Gobierno ha decidido tomar distintas medidas. La primera es seguir adelante con la proposición de ley orgánica, la primera que tramita el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, para «aportar formación a jueces y magistrados en materia de género». En segundo lugar, el Gobierno se ha mostrado «en disposición de poner encima de la mesa una propuesta para analizar y estudiar el Código Penal, concretamente la tipificación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual». Y, finalmente, el Gobierno «va a estudiar que los servicios jurídicos del Estado se personen de manera concurrente como parte en defensa de la víctima» en este tipo de casos.

Renovación de la cúpula de RTVE

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley «de vigencia inmediata» y carácter temporal para el proceder al «cese inmediato de todos» los consejeros de Radiotelevisión Española (RTVE) al expirar este mismo viernes el mandato del actual presidente del ente público, José Antonio Sánchez. El PSOE ha anunciado por la mañana que ya contaba con los apoyos necesarios para convalidar en la cámara el real decreto-ley.

Con este decreto, el Gobierno pretende renovar de forma urgente y temporal la cúpula de la corporación hasta que se ponga en marcha el concurso público. En un plazo de 15 días, el Parlamento deberá elegir a los consejeros del grupo de medios de comunicación. Seis saldrán nombrados por el Congreso y cuatro, por el Senado. Estos serán elegidos por dos tercios de los apoyos y, en caso de no conseguirlos, con mayoría absoluta en un plazo de 48 horas. El Gobierno considera que este real decreto-ley «viene a actuar ante un vacío de poder», que «soluciona un problema de urgencia» y que «refuerza y mantiene los mandatos de la ley».

Además La Manada y de de RTVE, Celaá también ha confirmado que, después de las reuniones de Sánchez con los presidentes de Euskadi, Iñigo Urkullu, y Cataluña, Quim Torra, los dos próximos encuentros del líder del Ejecutivo central con los presidentes autonómicos serán con el gallego, Alberto Núñez-Feijóo, y la andaluza, Susana Díaz. En cuanto a la polémica entre las relaciones entre Torra y el rey en torno a la participación de ambos en la inauguración de los Juegos Del Mediterráneo, que se abrirán esta tarde en Tarragona, Celaá ha dicho que «el Gobierno de España jamás ha hecho política con un acontecimiento como este y tampoco la va a hacer».

El PP anuncia un recurso

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha anunciado que su grupo recurrirá el decreto para renovar RTVE y ha advertido al presidente del Gobierno de que puede haber incurrido en prevaricación. En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha calificado de «deplorable» que la «única medida legislativa» aprobada por el Gobierno de Sánchez hasta ahora «sea para hacerse con Televisión Española».

A su juicio, esto demuestra que el interés del Ejecutivo es vivir del «show mediático» y «parece que necesita una RTVE pública que no sea plural como hasta ahora, que no sea independiente como hasta ahora, sino que esté al servicio del señor Sánchez». «No vamos a aceptar decretazos de este tipo, vamos a recurrirlo», ha anunciado Hernando para después advertir a Sánchez: «Que se ande con mucho ojo porque la prevaricación es un delito y la adopción de resoluciones injustas en contra de la ley es un delito».