La defensa apela a la violación de derechos humanos en el primer día del juicio del 'procés'

Este martes 12 de febrero ha comenzado, pasadas las 10:00 horas de la mañana, el juicio del procés en el Tribunal Supremo con 12 líderes independentistas sentados en el banquillo que se enfrentan a penas de entre 7 y 25 años por parte de la Fiscalía, por la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017. Tras abrir la sesión el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha sido el turno de las defensas. Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva ha impugnado las pruebas del fiscal y ha asegurado que la causa«atenta contra la disidencia política», y que se trata de una «campaña de criminalización pública constante» de los acusados. El letrado ha negado también el delito de rebelión: «No hay nadie en Europa que entienda que la respuesta a estos hechos deba tener esta severidad».

Poco antes de que comenzara el juicio, que puede seguirse en directo a través de la web del Poder Judicial, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) protestaban en Barcelona, quemaban neumáticos y cortaban calles, mientras que en Madrid, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, acudían al Supremo y se concentraban en las inmediaciones del Alto Tribunal junto con políticos de partidos soberanistas, dirigentes de las entidades independentistas ANC y Ómnium Cultural y familiares de los presos. Todos han posado tras una pancarta en la que se leía «Decidir no es delito».

En el juicio, que ha arrancado con las cuestiones previas y con una expectación política y mediática sin precedentes, los 12 acusados han optado por sentarse en el banquillo y no junto a los abogados, como les había ofrecido el tribunal. De todos ellos, únicamente Jordi Sànchez ha decidido llevar un pequeño lazo amarillo.

El abogado de Junqueras ha reiterado la petición de que haya en la sala observadores internacionales, «voz autorizada y parte del proceso de análisis del respeto de derechos humanos», algo que el Supremo rechazó. No obstante, cinco representantes organizaciones internacionales por los derechos humanos han conseguido asistir como público, según ha informado la plataforma International Trial Watch.

«El derecho de autodeterminación se asimila con la paz, es la fórmula para que no existan conflictos en el mundo», ha dicho Van den Eynde que ha reclamado «que el tribunal devuelva a los políticos la responsabilidad de resolver este conflicto», y ha remarcado que «lo que impide criminalizar la disidencia es precisamente la Constitución española». Ha terminado su comparecencia pidiendo la libertad provisional de los acusados.

El siguiente en tomar la palabra ha sido Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, que ha pedido al tribunal que se sustituya la prisión provisional por «una medida menos gravosa» para su defendido, y que se admita un nuevo testigo en el juicio: el exministro del Interior del PP Juan Ignacio Zoido. Ha sentenciado: «El derecho penal, barrera política del derecho criminal».

«Hagan de jueces y no de salvadores de la patria, que de esto no va este procedimiento», ha dicho Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. El letrado ha pedido también que los acusados se puedan expresar en catalán pero sin traducción consecutiva, sino simultánea.

Pina, que ha dudado de la imparcialidad del Tribunal, ha defendido también que el rey Felipe VI y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, deberían declarar en este juicio, ya son dos personas «clave». Respecto a Puigdemont, ha admitido  que puede ser un «testigo incómodo» si aparece «en una pantalla desde Bruselas», pero que su declaración es imprescindible.

Tras 30 minutos de receso, el juicio se ha reanudado a las 13:45 horas con la intervención de Ana Bernaola, abogada de Jordi Turull. Junto a ella se ha sentado Francesc Homs, que fue condenado por la consulta del 9-N e inhabilitado como cargo público en 2017. Bernaola ha expuesto distintas irregularidades que, a su juicio, están rodeando el juicio. Tras su intervención, Marchena ha suspendido la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Al reanudarse, ha intervenido el abogado de Turull y Rull, Jordi Pina, quien ha pedido que los acusados se puedan expresar en catalán.

Las palabras más graves de este primer día de juicio las ha pronunciado Andreu Van den Eynde, abogado defensor de Oriol Junqueras: «Todos los derechos de la Constitución se han vulnerado en esta causa. Costaba encontrar qué derecho no se había restringido», ha sostenido.

El letrado que defiende al líder de Ómnium Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha convertido su intervención en esta primera jornada en un alegato contra la Fiscalía, a la que ha acusado duramente de «criminalizar» las movilizaciones populares. Ha denunciado además la vulneración del derecho fundamental de reunión y de la libertad de expresión.

El abogado de Dolors Bassa ha argumentado por su parte que la rebelión está «muy lejos de lo que ha ocurrido en Cataluña». Un ejemplo clarísimo de rebelión, ha asegurado, fue el golpe de Estado del 23-F.

La abogada de la expresidenta del Parlament y también acusada en este juicio, Carme Forcadell, se ha apoyado en declaraciones de Pedro Sánchez antes de ser presidente del Gobierno para defender a su cliente. «Sánchez dijo que se debía modificar el delito de rebelión en el Código Penal para adecuarlo a los hechos de Cataluña. Por lo tanto, si había que adecuarlo a los hechos no hay delito», ha argumentado.

Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y uno de los 12 acusados del procés, ha declarado rotundamente que “si el Tribunal ignora las peticiones, una vez escuchadas las defensas, ya podemos apagar la luz: el derecho a la defensa y a un juicio justo será vulnerado».

Por su lado, Pau Molins, abogado del exconsejero Santi Vila –quien está en libertad y afronta igualmente una petición de siete años de cárcel por malversación– ha recordado que su cliente «dimitió» para «marcar distancias» con «lo que iba a suceder de manera irremediable el 27 de octubre de 2017”, refiriéndose la declaración unilateral de independencia.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha dado por finalizada la primera sesión del juicio tras la intervención de Molins. Este miércoles continuarán las cuestiones previas, pero esta vez será el turno de las acusaciones.

Protestas a favor de la «unidad de España»

A las puertas del Alto Tribunal, además de varios políticos y familiares de los presos independentistas al grito de «libertad presos políticos», también se han concentrado grupos contrarios al independentismo con banderas de España y lemas como: «Viva la unidad de España» y «El nacionalismo es supremacismo».

El tribunal ha reservado para hoy tres sitios para el Govern, dos para representantes del Parlamento catalán y otros dos para el vasco. También han acudido al Supremo los dirigentes de Vox, encabezados por Santiago Abascal, ya que el partido de ultraderecha ejerce la acusación particular en el juicio del procés. «Seguiremos exigiendo un juicio justo con el golpe de estado en Cataluña que todavía sigue vivo», ha declarado a la prensa Abascal en las puertas del Supremo.

Vox pide para los miembros del exGovern en prisión 74 años de cárcel, mientras que para los ‘Jordis’ y Forcadell pide 62 años. Para los exconsejeros en libertad reclama 24 años de cárcel

Protestas y movilizaciones contra el juicio del procés

Poco antes de que se iniciara el juicio los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han interrumpido el tráfico con la quema de neumáticos a primera hora de este martes en la autopista AP-7 en puntos de Girona y Barcelona y en el eje transversal C25, así como en la Gran Vía de la capital catalana. Poco después, ha sido restablecido el tráfico, según han informado los Mossos d’Esquadra.

https://twitter.com/CDRSants/status/1095216143311294464

A las 12:00 horas y durante 10 minutos, algunas personas se han concentrado frente a sus puestos de trabajo en Cataluña, tal y como habían pedido las organizaciones soberanistas.

Unas 6.000 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado este martes en la plaza Catalunya de Barcelona para denunciar «la vergüenza» que entienden que supone el juicio y para esgrimir que «la autodeterminación no es un delito». Los concentrados, ataviados con numerosas banderas independentistas y carteles con fotos de los acusados en el Supremo, han lanzado proclamas a favor de la «libertad» y del referéndum unilateral del 1 de octubre, y han alzado letras amarillas que, juntas, han conformado la palabra «Freedom» (libertad).

En paralelo se han celebrado concentraciones en otras localidades catalanas, como Lleida, Tarragona o Girona, donde se han reunido unas 3.000 personas, según la Policía Local, en la plaza 1 de octubre.

https://twitter.com/CDR_EsqEixample/status/1095383527485566978

Los 12 procesados

De los 12 procesados, nueve están en prisión preventiva, acusados del delito de rebelión, y han sido trasladados desde las cárceles hasta la Audiencia Nacional para después ser trasladados al Supremo. Estos son: el exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, el exconseller de Presidencia, Jordi Turull, el exconseller de Interior, Joaquim Forn, el exconseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, el exconseller de Territorio, Josep Rull, laexconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la ANCy diputado de JxCAT, Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Además, están procesados y en libertad bajo fianza el exconseller de Justicia, Carles Mundó, el exconseller de Empresa, Santi Vila, y la exconsellera de Gobernación, Meritxel Borrás.

El tribunal está compuesto por Manuel Marchena –que además de presidir la Sala es el ponente de esta causa especial– Andrés Martínez Arrieta, Luciano Varela, Andrés Palomo del Arco, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Ana María Ferrer.

En concreto, este martes, los acusados exponen sus argumentos para intentar, en última instancia, la nulidad de todo el procedimiento judicial –las denominadas cuestiones previas–. Para quien la Fiscalía pide una pena mayor es para Junqueras –25 años de cárcel– para Forcadell –17 años por rebelión– y para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart –17 años por rebelión–.