El portavoz de Compromís paraliza el Senado por el «veto» del PSOE a investigar el 'caso Castor'

Carles Mulet se ha plantado. El portavoz de Compromís en el Senado mantiene paralizadas varias comisiones en la Cámara Alta ante la negativa del PSOE a debatir en pleno la creación de una comisión de investigación sobre el caso Castor, el almacén de gas sumergido que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó construir frente a la costa de Castellón en 2008. El proyecto fue suspendido cinco años más tarde, ya con el PP en el poder, y ha costado más de 2.400 millones de euros al Estado entre la indemnización a la empresa concesionaria y los intereses derivados del préstamo que se solicitó para pagar.

«La actitud del PSOE y del presidente del Senado, Ander Gil, es intolerable», esgrime Mulet. El dirigente castellonense sostiene que los socialistas están bloqueando la creación de una comisión de investigación del caso Castor desde junio de 2020 al no llevar la propuesta al pleno, tal y como marca el Reglamento de la Cámara. El artículo 59 recoge dos fórmulas para crear este tipo de comisiones. Una a propuesta del Gobierno y otra si así lo solicitan 25 senadores que no pertenezcan al mismo grupo parlamentario, como sucede en este caso, al estar firmada por los seis partidos que conforman el grupo de Izquierda Confederal, en el que está incluido Compromís, y los diputados de ERC y Junts per Catalunya.

En opinión de Mulet, los socialistas cometen «una irregularidad grandísima». «Es un acto de soberbia. La normativa dice que si se presenta la propuesta, hay que elevarla al pleno, donde tiene que debatirse. Allí se vota y, si no cuenta con el apoyo de la mayoría, no prospera. Si el PSOE está en contra de la comisión, tiene que votar en contra, no tapar sus vergüenzas», continúa el portavoz de Compromís en la Cámara Alta. THE OBJECTIVE ha preguntado por este asunto al grupo socialista, pero no ha obtenido respuesta. Mulet también afea al PSOE «decir una cosa cuando es Gobierno y otra cuando es oposición», ya que este partido votó a favor de la creación de una comisión de investigación del caso Castor cuando gobernaba Mariano Rajoy. El Congreso aprobó en 2018 por unanimidad la petición para depurar posibles responsabilidades por las «múltiples» irregularidades, pero la inminencia de las elecciones abortó la operación.

Para contrarrestar el «bloqueo», Mulet ha decidido acabar con la llamada cortesía parlamentaria, una cesión no escrita por la cual los parlamentarios permiten al Gobierno retrasar las respuestas a las preguntas que hacen. El artículo 169 del Reglamento del Senado reconoce que, cuando un representante público formula una pregunta al Ejecutivo mediante una respuesta escrita y este no responde en el plazo de un mes, o la respuesta no satisface al senador, este puede reconvertirla en pregunta oral en la comisión del ramo. En ese caso, el Gobierno está obligado a contestar en la comisión inmediatamente posterior a la presentación de la interpelación. Hasta que un miembro del Gobierno no responda, el senador tiene derecho de paralizar los trabajos de la comisión. 

«Cortesía parlamentaria»

Es lo que en este momento sucede en las comisiones de Defensa, Reto demográfico y despoblación y Cultura, pero que podría ampliarse a otras, como la de Exteriores o la de Sanidad y Consumo, en las que Mulet también cuenta con preguntas sin atender. «Lo habitual es que el Gobierno no conteste a tiempo, por eso existe un procedimiento como la cortesía parlamentaria, donde todos cedemos», explica el portavoz de Compromís, que ahora ha decidido terminar con este instrumento consensuado por los senadores para mejorar el funcionamiento de la Cámara Alta. «Es un toque de atención», insiste Mulet, que reconoce que para él «también es degradable paralizar el funcionamiento del Senado».

A José Manuel Marín, senador de Vox por Murcia, le «sorprende» esta explicación. «Me gustaría preguntarle por qué no paraliza las comisiones hasta que se haga una comisión de investigación por el caso de las menores tuteladas en la Comunidad Valenciana, donde está implicado el exmarido de la consejera de Igualdad de la Generalitat, Mónica Oltra, que, por cierto, es de Compromís, igual que él». Marín cree que Mulet, su partido y el resto de la izquierda son «estorbos parlamentarios, totalitaristas que tratan de reconvertir las instituciones a su gusto». En opinión de Pilar Rojo, senadora del PP, el portavoz de Compromís «no está paralizando nada, sino ejerciendo su derecho». Y precisa: «Si el Gobierno quisiera desbloquear a Mulet, solo tiene que venir a contestar sus preguntas. Otra cosa es que le interese».

El proyecto Castor fue una concesión administrativa que el Gobierno socialista otorgó en 2008 para la explotación de un almacén sumergido de gas que aprovechaba la estructura de un antiguo yacimiento petrolífero a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs, en Castellón. La idea era almacenar 1.900 millones de metros cúbicos de gas natural, lo equivalente al consumo de toda España durante 50 días. El plan requería la inyección de gas en un depósito. Los expertos advirtieron del riesgo de terremotos, por lo que recomendaron que se incluyera un sistema para monitorizar los movimientos sísmicos. El almacenaje comenzó en junio de 2009 y fue paralizado en septiembre de 2013, ya por un Gobierno del PP. Durante ese tiempo, se registraron más de medio millar de terremotos que provocaron desperfectos en viviendas en diferentes poblaciones de la costa levantina. 

La paralización del proyecto supuso tener que indemnizar a la concesionaria Escal, controlada en un 66% por ACS, presidida por Florentino Pérez. La empresa cobró una compensación de 1.351 millones de euros por las inversiones realizadas. El pago se realizó a través de Enagás Transporte, que se hizo cargo de la instalación y su mantenimiento. El montante fue adelantado por distintas entidades bancarias. La fórmula fue ideada por el PP, pero el Tribunal Constitucional la anuló al haber sido aprobada a través de un Real Decreto Ley, un sistema válido solo para situaciones de emergencias. En 2020, una sentencia del Tribunal Supremo obligaba al Estado a pagar dicha cantidad. 

Diversas asociaciones y particulares presentaron denuncias contra el almacén de gas por un presunto delito contra la ordenación del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente con «riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y deterioro irreversible o catastrófico». En estos momentos se celebra el juicio por los más de 500 seísmos que causó la inyección de gas. Están imputados dos altos cargos de Escal. La Fiscalía pide para cada uno de los acusados siete años de cárcel, que la empresa no pueda volver a realizar actividades en el subsuelo y una indemnización de 1,8 millones de euros para los 123 afectados por los terremotos. Pese a que cinco exministros y dos empresarios, entre ellos Florentino Pérez, se enfrentaron a una querella por malversación, prevaricación y fraude a la Administración Pública, la Audiencia Nacional archivó la denuncia en dos ocasiones.