El Ayuntamiento de Madrid pide que Luceño garantice una fianza de seis millones

El Ayuntamiento de Madrid ha pedido al juez que investiga el conocido como caso de las mascarillas que reclame al empresario Alberto Luceño la fianza correspondiente hasta alcanzar la cantidad de 6.191.127 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se le puedan imponer.

Los servicios jurídicos del consistorio, que ejercen de acusación particular, responden así a la providencia dictada hace unos días por el juzgado de instrucción número 47 de Madrid tras constatar la «insuficiencia de los bienes embargados» al empresario investigado junto a Luis Medina por una posible estafa al Ayuntamiento en la venta de mascarillas, test y guantes en plena pandemia.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida pide subsidiariamente que, en el supuesto de que Luceño no preste dicha fianza, se proceda al embargo de sus bienes «al efecto de asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pueda incurrir».

Para ello, reclama que se haga una consulta al Punto Neutro Judicial a los efectos de averiguar las cuentas corrientes abiertas a su nombre y al de la empresa Takamaka Invest o de los bienes muebles e inmuebles de los que son titulares «en la cuantía total de 6.191.127 euros».

Como hizo con el empresario Luis Medina, a quien ha impuesto una fianza de casi 900.000 euros, el juez pidió a las partes que propusiesen nuevas medidas cautelares para Luceño al constatar que los bienes que se le incautaron no cubrían la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción considera que cobró en comisiones, 5,5 millones de euros.

El juez Adolfo Carretero, al que todavía deben contestar otras acusaciones, entre ellas Anticorrupción, también dejó constancia de que los coches de lujo que compró Luceño -un Range Rover y un Lamborghini Huracan Eco Spiderque- ya no están en su poder.

Ambos empresarios están citados el próximo lunes a declarar ante el magistrado por supuestos delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. En el caso de Medina, también deberá hacerlo por alzamiento de bienes, delito que el juez le imputó hace unos días al constatar que en sus cuentas solo hay 247,26 euros y que había vendido bonos cuando ya sabía que estaba siendo investigado y cuando Anticorrupción le había advertido de la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes