La Fiscalía se opuso al indulto de la sobrina del dirigente de Vox que empadronó a Olona
El Gobierno otorgó el martes la medida de gracia a Andrea Martín Targa, condenada a tres años de cárcel por el accidente que costó la vida a un trabajador
Andrea Martín Targa, durante una promoción de su bodega. | Extenda TV
«La solicitante no es merecedora de la gracia de indulto interesada». Con esa contundencia concluyó la Fiscalía un informe, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que mostraba su oposición a indultar a Andrea Martín Targa, sobrina del dirigente provincial de Vox en Granada que empadronó en su vivienda de Salobreña a Macarena Olona. La administradora única de Ron Montero fue condenada en 2019 a tres años de prisión por el accidente que costó la vida a un trabajador en su fábrica de Motril. Nunca pisó la cárcel porque recurrió la ejecutoria hasta que se resolviese el indulto.
El Gobierno concedió la medida de gracia este martes, pese a que la fiscal María Paz Corral se opuso. Una práctica que no suele ser habitual. De los 41 indultos que otorgó el Gobierno en el primer semestre del año pasado, en 15 ocasiones hubo un informe desfavorable del ministerio público (el 37%). La representante de este organismo negó el indulto de Martín Targa ante «la gravedad de los delitos cometidos» y por haber sido objeto de un proceso judicial «equitativo, coherente y adecuado». Así consta en un informe fechado el 21 de mayo de 2021 y dirigido al Juzgado de lo Penal Número 2 de Motril, que juzgó el caso.
Un informe preceptivo, pero no vinculante
Los hechos se remontan al verano de 2014, cuando una lámpara entró en contacto con una atmósfera inflamable en las instalaciones de la fábrica. La violenta explosión afectó a tres empleados. Uno moriría poco después y los otros dos sufrieron quemaduras severas. El juez determinó que el accidente pudo haberse evitado si se hubiesen cumplido todas las normas de seguridad. Responsabilizó a Martín Targa, entonces administradora única de la empresa, de su «más absoluto incumplimiento».
El informe realizado por la Fiscalía, preceptivo pero no vinculante, recuerda que «el indulto es una atribución discrecional del Gobierno que responde a exigencias de oportunidad y necesidades sociales con el que se trata de adaptar las condenas penales a las circunstancias de los reos que no pueden ser tenidas en cuenta por el Tribunal sentenciador». Este diario ha intentado sin éxito conocer las razones por las que el Ministerio de Justicia ha otorgado el indulto a Martín Targa. En cambio, la titular del departamento, Pilar Llop, sí ha valorado públicamente el perdón a la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla.
La fiscal explica que los hechos por los que Martín Targa fue condenada a tres años de prisión y a la privación del derecho de sufragio pasivo se cometieron el 2 de julio de 2014. La sentencia por un delito de «homicidio por imprudencia grave» llegó en 2019 y se convirtió en firme un año después, cuando la Audiencia Provincial de Granada desestimó el recurso. La representante del ministerio público afirma que «en modo alguno puede inferirse» que «el tiempo en la tramitación del procedimiento» le hubieran derivado a la penada «perjuicios de consideración desde esta perspectiva».
La jurista añade que «el tiempo invertido en la resolución judicial del caso ha sido del todo equitativo, coherente y adecuado a la entidad del mismo». Corral se opuso al indulto debido a «la gravedad de los delitos cometidos por la penada»: un homicidio por imprudencia grave en concurso con otros dos delitos de lesiones por imprudencia grave. La sobrina del presidente provincial del Vox, Manuel Martín Montero, fue condenada a tres años de prisión. Un portavoz de la formación verde ha explicado que se trata de «un asunto personal», por lo que descarta realizar valoraciones al respecto.
«Fue un accidente»
Quien sí lo ha hecho es la madre de la condenada, María Elena Targa, según ha recogido el diario Ideal de Granada. «Andrea está tranquila, contenta y agradecida. No teníamos ninguna culpa, fue un accidente. Quiero dar las gracias a la justicia. Han sido ochos años dolorosos y estamos agradecidos a los que nos han apoyado», ha insistido. Sin embargo, la Justicia nunca les dio la razón.
«Una vez puestos en relación todos los parámetros que deben ser tomados en consideración para conformar la decisión e informar sobre la concesión del indulto, juegan en contra de la petición presentada», añadía la fiscal en su escrito, remitido al juzgado sentenciador. Y concluía: «Ponderando los elementos objetivos apuntados con razones de política criminal, así como las razones legales anteriormente apuntadas de justicia, equidad y conveniencia pública se llega a la conclusión de que la solicitante no es merecedora de la gracia del indulto».
El Ministerio de Justicia no tuvo en cuenta el informe de la Fiscalía. No está obligado a hacerlo, pues no es vinculante. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles afirma que se han considerado los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal. El departamento dirigido por Pilar Llop estima que «atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad» para el indulto.
Un extremo que niega Miguel Lorenzo, una de las víctimas de aquel incendio. «El indulto no se le concede porque concurran razones de justicia y equidad, sino como fruto de la presión. Ha existido una cantidad enorme de autoridades que la han solicitado», indica Lorenzo, que sufre quemaduras en el 70% de su cuerpo. Más de 6.300 firmaron una petición en una plataforma por Internet y diversas entidades (civiles, religiosas o políticas, inclusive la embajadora de España en Nicaragua) reclamaron al ministerio el perdón para Martín Targa.
«Para mí ha sido muy duro. Esta mujer es millonaria y en el proceso se declaró insolvente. Además, argumentó que vivía fuera, cuando una semana antes había sido nombrada vicepresidenta de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), insiste el damnificado. Lorenzo explica que solo quiere justicia. A pesar de estar molesto con la decisión del Ejecutivo, no tiene pensado recurrir la decisión. «Esta familia es muy importante en la zona. Están acostumbrados a salir impunes de todo y las circunstancias le vuelven a dar la razón».
La familia de Martín Targa es una de las más conocidas en la Costa Tropical granadina. «Es gente poderosa», explica un vecino. La fábrica en la que tuvo lugar la explosión tenía un marcado carácter familiar. El día del accidente, la condenada se encontraba en Nicaragua. El propietario de la fábrica, Joaquín, también se encontraba en el extranjero en el momento del trágico suceso, así que quien se personó en el lugar fue su hermano, Manuel Martín Montero.
