El Gobierno indulta a la sobrina del dirigente de Vox que empadronó a Olona en su casa

Manuel Martín Montero sigue en el candelero. El nombre del presidente provincial de Vox en Granada saltó a la palestra hace unos días por permitir que Macarena Olona, la candidata de su partido en Andalucía, se empadronara en su casa de Salobreña. Este miércoles vuelve a sonar en los mentideros de Granada porque el Gobierno ha indultado a su sobrina. Andrea Martín Targa fue condenada a tres años de cárcel en 2019 como autora de un delito de homicidio por imprudencia grave tras la muerte de un trabajador en un incendio en la fábrica de la empresa familiar Ron Montero de Motril.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2014, cuando una lámpara entró en contacto con una atmósfera inflamable en las instalaciones de Ron Montero en la Costa Tropical granadina. La violenta explosión originó unas llamas que afectaron a los tres empleados que se encontraban en las dependencias. Uno de ellos moriría poco después y los otros dos sufrieron quemaduras severas. El juez determinó que el accidente pudo haberse evitado si se hubiesen cumplido todas las normas de seguridad y responsabilizó a Martín Targa, entonces administradora única de la empresa, de su «más absoluto incumplimiento». En cambio, absolvió al técnico de riesgos laborales contratado por la compañía.

Fuentes de Vox en Granada apuntan que se trata de un asunto «personal» de Manuel Martín Montero y no una cuestión de partido, por lo que la formación declina hacer valoraciones al respecto

Se da la circunstancia de que Martín Targa es sobrina del presidente provincial de Vox en Granada, Manuel Martín Montero, el empresario que empadronó a Olona en su vivienda de Salobreña en noviembre para que cumpliese el requisito indispensable de vecindad administrativa que señala la ley para ser candidata. Este diario ha intentado sin éxito ponerse en contacto con Martín Montero para recabar su valoración sobre estos hechos. Por su parte, fuentes de Vox en Granada apuntan a THE OBJECTIVE que se trata de un asunto «personal», no de partido, por lo que la formación declina hacer valoraciones al respecto.

Martín Targa fue condenada en 2019 a tres años de prisión y a indemnizar a los trabajadores con casi 500.000 euros por las lesiones causadas en el accidente. Uno de los heridos era, además, hermano del único fallecido. El juez también le inhabilitó para el derecho sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Esto es, la posibilidad de presentarse a unas elecciones como candidata tal y como establece el artículo 23 de la Constitución. La condenada presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Granada, que fue desestimado un año después.

«Presión» para el indulto

La sentencia inicial del juzgado de lo Penal Número 2 de Motril se convertía entonces en firme. Sin embargo, la administradora de Ron Montero, empresa familiar con más de medio siglo de historia, nunca entró en prisión porque recurrió la ejecutoria de su ingreso. Para poner tierra de por medio se marchó a vivir al extranjero, aseguran a THE OBJECTIVE fuentes cercanas a su familia. El último Consejo de Ministros acordó indultar a tres personas. Una de ellas es Martín Targa, según aparecía publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para hacerlo efectivo, el Ministerio de Justicia ha considerado los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal que, según se recoge en el BOE, estiman que «atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad» para el indulto. Un extremo que niega Miguel Lorenzo, una de las víctimas de aquel incendio. «El indulto no se le concede porque concurran razones de justicia y equidad, sino como fruto de la presión. Ha existido una cantidad enorme de autoridades que la han solicitado», indica Lorenzo.

«Ha sido muy duro. Esta mujer es millonaria y en el proceso se declaró insolvente. Además, argumentó que vivía fuera, cuando una semana antes había sido nombrada vicepresidenta de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), insiste el damnificado, que sufre quemaduras en el 70% de su cuerpo. Lorenzo explica que no sucumbió a las presiones del entorno de la condenada. «No he tenido miedo y me he enfrentado a ellos. Solo quiero justicia. Esta familia es muy importante en la zona. Están acostumbrados a salir impunes de todo y las circunstancias le vuelven a dar la razón».

Poco después de la sentencia comenzó a circular en Internet una petición de indulto para Martín Targa por «un lamentable accidente en la Bodega de Ron Montero». Un vecino de Salobreña recuerda que «empapelaron el pueblo entero». El texto afirma que fue condenada «a pesar de que no tuvo intervención alguna en los eventos del día del accidente y llevaba cinco meses viviendo en América». Además, argumenta que es madre de tres hijos y «una ciudadana honrada», y que había «delegado responsabilidades a un equipo ampliamente capacitado». Firmaron 6.300 personas y diversas autoridades -civiles, religiosas o políticas, inclusive la embajadora de España en Nicaragua- reclamaron el perdón para Andrea Martín.

«Vengo a conmutar a doña Andrea Martín Targa la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto», resuelve el documento firmado la ministra y publicado en el BOE este miércoles. El departamento que dirige Pilar Llop no ha explicado a este diario cuáles son esas razones de «justicia y equidad» que concurren. Según ha podido saber este diario, la condenada nunca pisó la cárcel. «Sus abogados recurrieron el ingreso hasta que se resolviera su indulto y se fue a vivir a Nicaragua, donde su familia tiene grandes posesiones», explica una fuente conocedora de los hechos.

Una familia conocida en la Costa Tropical

La familia Martín Montero es una de las más conocidas en la Costa Tropical granadina. «Es gente poderosa», explica un vecino. El hotel que regenta Manuel desde hace décadas en Salobreña es una referencia turística por la que han pasado cientos de familias de la zona para celebrar bodas y comuniones. Por eso, el accidente mortal en la fábrica de destilados de Motril y la posterior condena de su sobrina noqueó a los vecinos. La empresa tenía un marcado carácter familiar y entre sus propietarios y los trabajadores existía una relación muy estrecha.

El día de la explosión, Martín Targa se encontraba en Nicaragua, según relata el diario Ideal de Granada. Fue la alcaldesa de la localidad, Luisa García Chamorro (PP), la que la llamó para informarle. La primera reacción de la administradora única de Ron Montero fue preguntar por sus trabajadores. Mostró su disposición de volar lo antes posible a España. El propietario de la fábrica, Joaquín, también se encontraba en el extranjero en el momento del trágico suceso, así que quien se personó en el lugar fue su hermano, Manuel Martín Montero.