Feijóo y Arrimadas se alían para llevar al Tribunal Constitucional la ley del catalán en las aulas
Los líderes de PP y Ciudadanos consideran que atenta contra «el uso del castellano en la enseñanza»
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. | Marta Fernández (Europa Press)
Los presidentes de PP y Ciudadanos, Alberto Núñez Feijóo e Inés Arrimadas, han acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de dos normas de la Generalitat al considerar que atenta contra «el uso del castellano en la enseñanza» por no respetar el castellano como lengua vehicular.
En concreto, el recurso que ha presentado el PP ante el alto tribunal afecta a los artículos 2 (a y d), 3.1 y el 4.1 del Decreto Ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como a los artículos 2.1 y 2.4 de la Ley catalana 8/2022, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
Uno de los fundamentos del recurso es que tanto el Decreto como la Ley omiten cualquier referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, vulnerando la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y la propia doctrina del Tribunal en sentencia de junio de 2010, según se recoge en un comunicado que ha difundido el PP.
En primer lugar, el recurso explica que el Decreto Ley vulnera el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 86 de la Carta Magna, al no existir fundamento habilitante para la utilización de dicha norma que requiere extraordinaria y urgente necesidad, además de trascender los límites establecidos en el Estatut para la utilización de dicho instrumento normativo.
El PP asegura que la ley supone «una imposibilidad legal»
El GPP considera que la justificación de la Generalitat para utilizar un Decreto Ley, alegando que es para preparar el curso escolar 2022-2023, no es válida, dado que considera que «en realidad, la inaplazable urgencia que predica el Decreto es la pretendida cobertura jurídica para eludir el inmediato cumplimiento de la sentencia del TSJ de Cataluña 201/2020 respecto de la que se ha suscitado incidente de ejecución que obliga a la Generalitat a ejecutarla».
El recurso añade que se pretende erigir dicha norma en un supuesto de «imposibilidad legal» de ejecutar el fallo de la sentencia, y que «la extraordinaria y urgente necesidad únicamente deriva de la urgencia en disponer de un instrumento normativo que le permita oponer esta ‘imposibilidad legal‘ de ejecución en los plazos procesales propios del incidente de ejecución de la sentencia».
Respecto al artículo 2d del Decreto Ley, se indica que vulnera varios artículos de la Constitución y el 64 del Estatuto de Autonomía, y que está directamente encaminado a eludir el cumplimiento de un pronunciamiento de condena contenido en una sentencia y el auto que ordena su ejecución.
Un control obligado
Asimismo, se impugna el artículo 2º del Decreto y el 2.1 de la Ley por eliminar totalmente cualquier referencia normativa al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, cuando es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas como vehiculares. Además, en esos mismos artículos de dichas normas se recoge el uso del catalán como lengua normal en la acogida del alumnado, por lo que el catalán puede desplazar y excluir por completo al castellano.
Otros fundamentos del recurso se centran en que las normas citadas vulneran preceptos constitucionales relacionados con la autonomía de los centros garantizada por la normativa básica del Estado y con la alta inspección como competencia exclusiva del mismo, además de la competencia del Estado para la regulación del uso del castellano.
En cuanto a los preceptos del Decreto y de la Ley, que señalan que el departamento competente en materia de educación asume y verifica la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida, se destaca que vulneran el artículo 106 de la Constitución que establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.
Es decir, que ningún departamento, órgano o unidad administrativa puede asumir por sí misma control ni responsabilidad alguna de la actuación desempeñada en ejecución de sus competencias. «Y ninguna actuación o inactividad administrativa puede quedar exenta de control jurisdiccional», añade el recurso del Grupo Popular.
