Anticorrupción traslada a la Fiscalía de Madrid la denuncia por el rescate de la SEPI a Vivanta
Los denunciantes señalan una supuesta «actuación prevaricadora» de dos fiscales que se han hecho cargo de distintas causas contra Vivanta y Portobello
Fachada de una de las clínicas del grupo Vivanta. | Europa Press
El discutido rescate del Gobierno al grupo de clínicas dentales Vivanta llega a la Fiscalía Provincial de Madrid. Anticorrupción le ha dado traslado de toda la documentación aportada por exsocios de la empresa rescatada con 40 millones de euros de dinero público. Una denuncia en la que se pide investigar las presuntas irregularidades cometidas contra los antiguos socios minoritarios de la compañía y contra los expropietarios de las clínicas compradas por el fondo Portobello a partir del año 2017 para conformar el Grupo Vivanta.
En un decreto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el teniente fiscal de Anticorrupción notifica a los denunciantes su decisión de trasladar toda la documentación aportada a la Fiscalía Provincial de Madrid, al entender que es el órgano competente para valorar la admisión a trámite o no de la denuncia. Entre otras razones, porque los denunciantes señalaban una supuesta «actuación prevaricadora» de Enrique Remón y Lorena Álvarez Taboada, los dos fiscales que se han hecho cargo de distintas causas penales contra Grupo Vivanta y Portobello por presuntos delitos de estafa y administración desleal entre 2020 y 2022.
Procedimientos judiciales que en su mayoría han terminado siendo sobreseídos o archivados y en los que mayoritariamente los fiscales se posicionaron en contra de investigar a la cadena de clínicas dentales y al fondo de inversión de capital riesgo. Como adelantó este diario, el pasado 11 de julio varios exsocios minoritarios de Vivanta denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción el cuestionado rescate de 40 millones de euros concedido por el Ejecutivo y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) a la red de clínicas dentales. El escrito iba acompañado por un dossier de casi 400 folios entregado al Ministerio Público.
Apuntan a prevaricación en la Fiscalía
Los denunciantes pedían a Anticorrupción que se abra una investigación y señalaban también la existencia de varios procedimientos penales por presuntos delitos de estafa y falsedad documental contra la cúpula del fondo Portobello Capital. Una de esas causas se encuentra sobreseída provisionalmente en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, pero ha sido recurrida recientemente junto a un informe pericial que presuntamente acreditaría que Vivanta habría llevado a cabo una presunta doble contabilidad para eludir pagos a los expropietarios de las clínicas compradas por Portobello.
«Dice el denunciante que el sobreseimiento del anterior procedimiento y de otros que menciona se debe a la actuación del fiscal don Enrique Remón Peñalver, que califica como prevaricadora y relaciona con la posterior incorporación del fiscal a un despacho de abogados», indica Anticorrupción en el decreto en el que acuerda dar traslado de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid.
En la denuncia se hace extensible su queja contra la actuación de la también fiscal Lorena Álvarez Taboada, que asumió la causa al abandonar Remón la Fiscalía para fichar por un despacho de abogados privado. En la denuncia, se reprochaba la actuación de Álvarez Taboada «por no haberse abstenido» de asumir la causa «a pesar de la amistad que mantiene con don Enrique Remón y de haber cambiado su criterio» a partir de entonces en otros casos en los que se investigaba a Vivanta y Portobello.
Denuncia en Anticorrupción
En la documentación entregada a Anticorrupción, los exsocios de la compañía detallan presuntas actividades ilícitas en el seno de la firma, entre ellas «doble contabilidad» y «ocultación de facturación», que habría cometido esta empresa creada por el fondo de capital riesgo Portobello en el año 2017 -tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent, entre otras- con el objetivo de convertirse en el grupo líder de clínicas dentales de España.
La cadena de clínicas dentales y medicina estética Vivanta solicitó el rescate público a pesar de que, según afirmaron en diciembre de 2021 fuentes de la compañía a THE OBJECTIVE, la situación financiera de la empresa era «buena» y estaba «llegando a niveles de facturación prepandemia». Circunstancias que han llevado a la oposición a pedir explicaciones al Gobierno por el rescate a Vivanta.
El PP, Ciudadanos y Vox han pedido al Ejecutivo que aporte todos los documentos e informes en los que la SEPI y el Consejo de Ministros han basado su decisión de considerar a Vivanta como «empresa estratégica», pese a tener menos de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en toda España. Quieren saber por qué el Gobierno dio luz verde a la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones tras considerar Vivanta como una empresa «estratégica».
Daba pérdidas antes de la pandemia
Además de tener dudas sobre su carácter estratégico, se ha puesto en duda la viabilidad de la compañía antes del inicio de la pandemia. El Grupo Vivanta registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia de la covid-19. De hecho, las cuentas de la compañía analizadas reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros. Una realidad que pone en duda la idoneidad de la asignación de 40 millones de euros de dinero público, que en teoría solo se puede conceder a compañías «estratégicas» que hubieran sido plenamente viables antes de la pandemia y que hubieran incurrido en dificultades como consecuencia de la covid.
El Gobierno lanzó el fondo de 10.000 millones para empresas que eran «solventes» antes de 2020 y solo para los casos en que «el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad», decía el Real Decreto-ley 25/2020. El rescate estaba dirigido a empresas que necesitaran la ayuda solo para equilibrar sus cuentas afectadas por el desplome económico generado por el coronavirus. Una situación que, según los propios números presentados por el grupo de clínicas dentales y estéticas, ya se venía arrastrando de ejercicios anteriores y por causas ajenas a la pandemia.
