Anticorrupción no investigará el contrato para la compra de batas y lo hará la Fiscalía Europea
El Gobierno pagó hasta más de 16 euros por unidad del material sanitario que empresas españolas comercializaban a 0,30 céntimos
El exministro de Sanidad, Salvador Illa. | Europa Press
La Fiscalía Anticorrupción no reclamará para sí la investigación relativa al contrato de emergencia firmado por el Ministerio de Sanidad durante la primera etapa de la pandemia para la compra de batas desechables, por lo que quedará en manos de la Fiscalía Europea.
Así lo aseguran fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, que aseveran que de hecho fue la fiscalía especializada española la que informó a la Fiscalía Europea de que la compra de las 500.000 batas desechables adquiridas por el Ministerio a una empresa textil china por un precio superior al del mercado se realizó con fondos europeos (FEDER).
En el escrito de la Fiscalía Europea en el que anunciaban que abrían investigación, al que tuvo acceso esta agencia, las fiscales delegadas Laura Pellón y Olga Muñoz explicaban que esa compra se hizo a la empresa Weihai Textile Group Import & Export por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad el 27 de marzo de 2020.
Éste era uno de los contratos de emergencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez que el Grupo Parlamentario Popular de Madrid llevó a Anticorrupción en abril de 2022.
16,70 euros por bata
En el escrito de las fiscales se recordaba que las irregularidades denunciadas por el PP consistirían, por una parte, en la falta de comprobación de si la empresa tenía relación con el objeto del contrato –las batas– y si tenía suficiente solvencia económica y, por otra parte, en la existencia de un sobrecoste al haberse pagado cada unidad a un precio de 18,50 dólares (16,7 euros) precio muy superior al pagado en las mismas fechas por el mismo producto y la misma entidad contratante a las empresas españolas Mediline International Iberia SL (0,3263 euros) y Suministros Hospitalarios SA (0,2783 euros).
Según el PP de Madrid, esto supuso pagar un sobrecoste de entre 52 y 60 veces en relación al precio de mercado. Sanidad destinó a la compra de esas batas la cantidad de 10,1 millones de euros, mientras que si le hubiera dado el contrato a alguna de las empresas españolas, el precio habría sido de entre 139.150 euros y 163.150 euros (IVA incluido). Por eso, explicaban las fiscales, «se denuncia expresamente la existencia de un sobrecoste de más de 10.000.000 euros (más de un 625%)».
Conflicto competencial
En su escrito, la Fiscalía Europea dedicó un extenso punto de los fundamentos de derecho a explicar por qué consideraba que el asunto es de su competencia y no de Anticorrupción. Recordaba que en la ‘Directiva PIF’ europea el delito de malversación de fondos de la UE entra dentro de las infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión.
Y sobre el posible delito de prevaricación, indicaba que si ambos están «indisociablemente vinculados», como considera que es el caso, la Fiscalía Europea puede ejercer su competencia siempre que la malversación esté sancionada con mayor pena.
«En definitiva, siendo así que el delito de malversación lleva aparejada una pena notoriamente superior a la correspondiente al delito de prevaricación y que ambos están indisociablemente vinculados, la Fiscalía Europea es competente materialmente para conocer de la totalidad de los hechos y delitos investigados en las Diligencias de Investigación 13/2022″, apuntaba.
Las mascarillas de Madrid
Cabe recordar que en marzo de 2022 Anticorrupción se opuso a que la Fiscalía Europea investigara en su totalidad el contrato de emergencia vinculado a Tomás Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque parte de las diligencias se centraban en posibles delitos de corrupción en una administración pública española.
La Fiscalía Europea había solicitado dirigir esa investigación porque ese contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas durante la pandemia se pagó con fondos ‘FEDER’ provenientes de la Unión Europea.
En esa ocasión, Anticorrupción planteó un conflicto de competencias que debía resolver la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala.
Los fiscales de Sala respaldaron la decisión de Delgado de que Anticorrupción siguiera investigando el contrato mientras que la parte de la presunta malversación, el fraude a la Hacienda Europea y el cohecho, la investigará la Fiscalía Europea. Esta vez no está previsto que haya conflicto de competencias.
