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La Fiscalía da carpetazo a las ayudas a la empresa vinculada a los padres de Sánchez

La Fiscalía Anticorrupción no aprecia «indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos» denunciados por el PP de Madrid

La Fiscalía da carpetazo a las ayudas a la empresa vinculada a los padres de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias de investigación abiertas sobre las ayudas, en concepto de refianzamiento o avales ICO, recibidas por una empresa vinculada a los padres del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esa fiscalía especializada no aprecia «indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos investigados» a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de marzo por el Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid.

Así consta en un decreto firmado por el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ministerio Público considera que «la hipótesis delictiva planteada por el denunciantes» se ha «comprobado huérfana de una mínima base indiciaria». El PP de Madrid solicitaba investigar a la sociedad Industrias Plásticas Playbol SL, que habría recibido en ese periodo 14 ayudas por importe de 896.000 euros, en concepto de refianzamiento o avales, de la Compañía Española de Reafianzamiento SME S.A. y del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Esa empresa, que gestiona una fábrica de envases y embalajes de plástico en un polígono industrial de Algete (Madrid) estaría vinculada a la sociedad Playbol SL, fundada por los padres de Pedro Sánchez en 1977. El PP relacionaba las ayudas recibidas por Industrias Plásticas Playbol SL con la vinculación de esa mercantil con la empresa de los padres del Presidente de Gobierno. Estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa Playbol S.A., de la que continúan como administrador y apoderada ambos cónyuges y que es propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros.

«Investigación de corte inquisitivo»

Una subrogación, que Anticorrupción enmarca en una «operación mercantil habitual, transparente y con razonabilidad económica y tributaria tanto para el comprador como para el vendedor», señala Alejandro Luzón en el decreto que acuerda el archivo de las diligencias sobre esta empresa. Un escrito en el que considera «improcedente» la práctica de cualquier otra diligencia de investigación para evitar caer en el «terreno vedado de las investigaciones prospectivas, de corte inquisitivo».

Las pesquisas sobre Industrias Playbol se abrió el pasado 22 de abril. La Fiscalía Anticorrupción decidió entonces abrir una investigación sobre 12 contratos de adquisición de material sanitario por parte del Gobierno de Pedro Sánchez durante la primera ola. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció ante el Ministerio Público los contratos adjudicados a siete compañías relacionadas con el Partido Socialista con las que el Gobierno de España firmó una serie de acuerdos para obtener mascarillas y otro material sanitario en el comienzo de la pandemia.

Investiga aún a la empresa del marido de Calviño

La investigación sobre el resto de empresas y contratos adjudicados por el Gobierno sigue abierta. Entre ellas, la relativa a la empresa en la que trabaja el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Ahora, y tras archivar únicamente la relativa a los padres de Sánchez, el fiscal asegura que el denunciante «nada aporta acerca de la intervención que pudiera haber tenido el presidente del Gobierno o cualquier otro cargo público en la obtención de las ayudas». «Esto es, sobre su participación en unos hechos cuya trascendencia penal tampoco se concreta», señala.

Anticorrupción decidió investigar los hechos «en la medida en que la denuncia siembra la duda sobre las ayudas percibidas por Industrias Plásticas Playbol», al sugerirse que «podría haberse visto beneficiada por esa relación con la empresa arrendadora de los locales donde se desarrolla su actividad, propiedad de los padres» de Pedro Sánchez. En concreto, las operaciones denunciadas se refieren a quince ayudas recibidas por la citada sociedad: tres en las que intervino la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) y doce el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Tras analizar los criterios que harían a Industrias Plásticas Playbol como elegible para recibir esos fondos, Anticorrupción llega a la conclusión de que las «operaciones aparecen revestidas de legalidad». «Aventurar un trato de favor o el despliegue de algún tipo de influencias para su realización situaría el relato en el ámbito de la pura especulación, extramuros del derecho penal», sostiene el decreto.

Y es que, a juicio del Ministerio Público, «lo expuesto resulta suficientemente expresivo de la palmaria ausencia de elemento incriminatorio». En primer lugar, porque la sociedad «cumplía con los requisitos para obtener las ayudas» y, en segundo lugar, «porque era la entidad financiera la que tenía el conocimiento del cliente y de la operación de financiación las ayudas eran concedidas directamente por instituciones financieras que decidieron sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos».

Sin incumplimientos por parte del ICO

Pero, además, la Fiscalía señala que los controles del ICO se producen «con posterioridad a la concesión de las ayudas, con un carácter subordinado y neutral y, desde luego, al margen del ámbito político al que el denunciante pretende llevar estas operaciones». «El ICO, una vez aprobadas por la entidad financiera, avala las operaciones de hasta 50 millones de euros consistiendo sus comprobaciones posteriores en la revisión directa de todas aquellas cuya cuantía excede de 10 millones de euros y en la revisión mediante un sistema de muestreo respecto de las que no superan esta cuantía», explica Luzón.

Así, en caso de impagos y ejecución del aval, el ICO lleva a cabo comprobaciones individualizadas ex post de cada operación de acuerdo con la naturaleza características del aval, conforme a la normativa aplicable. En relación a Industrias Plásticas Playbol, «el Área de cumplimiento normativo del ICO ha informado de que no ha recibido comunicación relativa a incidencia o incumplimiento alguno por parte de las correspondientes entidades financieras», según señala Anticorrupción.

Y es que, «en todo caso, las eventuales situaciones de impago y consiguiente ejecución de los avales del ICO que puedan manifestarse en el futuro por el deterioro de la calidad crediticia carecen, en principio y por si mismas, de relevancia penal». El fiscal tampoco «alcanza a vislumbrar la trascendencia que a los efectos de esta investigación pueda tener la relación entre Playbol e Industrias Plásticas Playbol en virtud de la cual aquella vendió a esta en 2018 sus activos, fondo de comercio y maquinaria, manteniendo la vendedora la propiedad de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial transmitida, que pasó a arrendar a la empresa compradora».

A juicio del Ministerio Fiscal, se «trata de una operación mercantil habitual, transparente y con razonabilidad económica y tributaria tanto para el comprador como para el vendedor». «La patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas, según se ha expuesto, y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante, que se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria, convierte en improcedente la práctica de cualquier otra actuación, que conduciría estas diligencias por el terreno vedado de las investigaciones prospectivas, de corte inquisitivo», concluye Luzón.

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