El comisario europeo escuchará a los jueces antes que al Gobierno en su visita a España
El Gobierno busca con el viaje de Didier Reynders dar un golpe de efecto para presionar al PP a llegar a un acuerdo y renovar los vocales del CGPJ
El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en el Parlamento europeo. | Xinhua
Los jueces españoles esperan a Didier Reynders como el maná. El comisario de Justicia de la UE visita nuestro país la próxima semana para mediar en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El primer encuentro de su apretada agenda no lo tendrá con el Gobierno, sino con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda con más jueces afiliados y una de las más activas a la hora de defender un nuevo sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. El dirigente europeo quiere escuchar a los profesionales antes de reunirse con el Ejecutivo y la oposición.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ya anunció la semana pasada la visita de Reynders. El Gobierno buscaba así dar un golpe de efecto para presionar al PP a llegar a un acuerdo y renovar los vocales del CGPJ, cuyo mandato caducó hace casi cuatro años. El órgano de gobierno de los jueces celebra un pleno el mismo día en el que llega el comisario europeo a Madrid. Salvo sorpresa, tampoco habrá acuerdo.
La situación preocupa en Europa, aunque Reynders diferencia la situación de nuestro país con la de Polonia, sancionado por aprobar leyes que minan la independencia judicial. «En España lo que intentamos es mejorar la situación existente, no es en absoluto el mismo procedimiento». El comisario de Justicia negó la posibilidad de iniciar un expediente sancionador o activar el artículo 7 de los Tratados. «A España no se le reprocha ninguna nueva legislación que fuera en la mala dirección», sino que haya normas que no siguen los estándares europeos.
Reunión con asociaciones de jueces
En concreto, Reynders se refería al sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Bruselas recomienda que al menos la mitad de sus integrantes sean elegidos por los propios jueces. Sin embargo, desde 1985, en España los 20 vocales del CGPJ los elige la Cámara Baja. De ellos, 12 son jueces y los otros ocho son juristas de reconocido prestigio elegidos directamente por el poder legislativo.
Bruselas y las asociaciones judiciales reclaman que los 12 vocales jueces sean elegidos por los propios profesionales y que los políticos nombren solo a los ocho juristas. Así está contemplado en la Constitución, pero el Gobierno de Felipe González modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) hace ahora 37 años.
El dirigente belga estará en Madrid durante dos días. Se verá con el Gobierno, el PP y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. También lo hará con las asociaciones profesionales, con las que se reunió hace un año en Bruselas para tratar el bloqueo, que no se ha movido un ápice ante la incapacidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo. Los populares están dispuestos a que, en línea con las recomendaciones de Bruselas, la renovación del CGPJ se realice bajo el actual sistema parlamentario, pero pactando al mismo tiempo un compromiso firme y claro del Gobierno para modificar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Reynders abordará el asunto en primer lugar con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. El encuentro está fijado a las 9.00 horas del 29 de septiembre en la sede de la Comisión Europea en Madrid. La organización, segunda en cuanto a jueces afiliados pero sin representación en el CGPJ, ha sido una de las más activas a la hora de defender un nuevo sistema de elección de los vocales. De hecho fue una de las dos asociaciones que recientemente realizaron a socialistas y populares una propuesta concreta y detallada para despolitizar el Poder Judicial.
La asociación que lidera Jorge Fernández Vaquero busca que los 12 vocales del CGPJ que deben elegir los jueces sean seleccionados por estos. La reforma va en la línea de los estándares de independencia reclamados y exigidos desde el Consejo de Europa en reiteradas ocasiones a España. Es decir, acabar con la imagen de politización existente en la selección de los vocales y que ha originado varios rapapolvos en los últimos años.
La reforma de Felipe González
El objetivo es tener un órgano de gobierno de los jueces «no controlado por los otros poderes», que es la percepción que genera en la ciudadanía. La AJFV reconoce que esa visión perjudica gravemente a la democracia y al Estado de Derecho. El CGPJ cuenta con 20 vocales, de los que 12 tienen que ser elegidos entre jueces y magistrados en activo, según establece la Constitución. Sin embargo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por Felipe González modificó el sistema de elección, de manera que todos los vocales son elegidos por el Congreso.
Hay más organizaciones interesadas en reformar el sistema de elección. La mayoría de ellas se reunirá con Reynders. Es el caso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más numerosa de España. Una fuente de la organización que lidera María Jesús del Barco asegura que se verán con el comisario de Justicia europeo durante su visita a Madrid, aunque de momento no le han confirmado el día ni la hora. También lo hará Juezas y Jueces para la Democracia, aunque tampoco ha precisado en qué momento.
Un portavoz de la Comisión Europea reconoce a THE OBJECTIVE que Reynders tendrá una agenda apretada durante su visita. La intención es que se entreviste con todos los actores implicados para tratar de derribar los obstáculos y renovar de una vez por todas el CGPJ. El día de su llegada, el 29 de septiembre, Jueces para la Democracia, la segunda en representación en el CGPJ pero la tercera en numero de jueces asociados, mantendrá una reunión con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aunque no han trascendido los detalles del encuentro.
«Las asociaciones estuvimos hace un año en Bruselas y nos escuchó. Fue muy amable, pero de momento no ha resuelto nada», reconoce una fuente de estas asociaciones consultada por este diario. Reynders visita España tras la publicación del tercer informe sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros en julio. El texto enumeraba las deficiencias en nuestro país. Arranca con la ausencia de renovación del máximo órgano de los jueces, pero también aborda la politización en la designación del Fiscal General del Estado.
El comisario europeo aprovechará la visita para abordar los casos de espionaje con el programa Pegasus. La Comisión ha enviado cartas a Hungría, Grecia, Polonia y España para obtener más información los escándalos que han salido a la luz sobre la utilización del software israelí y el Gobierno español es el único de los cuatro que no ha enviado aún su respuesta.
