El juez abre una nueva línea de investigación centrada en las empresas de Villarejo
Pondrá la lupa sobre los cobros y pagos realizados por el grupo empresarial del ahora comisario jubilado
El comisario jubilado José Manuel Villarejo. | Marta Fernández Jara (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto una nueva línea de investigación del denominado ‘caso Villarejo’ para poner la lupa sobre los cobros y pagos realizados por el grupo empresarial del ahora comisario jubilado, después de que la Policía Nacional señalara nuevos encargos de clientes privados, avanzando así en el análisis de la ingente documentación incautada en las entradas y registros con los que estalló la macrocausa.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ordena abrir una nueva pieza de «averiguación patrimonial» con un carácter netamente «instrumental», la número 35 de ‘Tándem’.
El instructor explica que el objetivo es «la averiguación de los medios económicos de que se valieron determinadas empresas para el pago de los servicios presuntamente ilegales contratados a CENYT».
El primer paso, indica García Castellón, debe ser «la averiguación patrimonial orientada a la verificación de pagos y cobros realizados a través de determinadas sociedades» vinculadas a Villarejo.
Así, ordena obtener el modelo 347, un documento fiscal que viene a ser un listado de clientes donde se reflejan las operaciones con terceros de más de 3.000 euros, correspondiente a los ejercicios 2004 y 2017 de varias empresas, entre ellas la cabecera de CENYT, su rama inmobiliaria y su despacho de abogados.
Nuevos proyectos
La razón de que se haya abierto dicha pieza es el análisis que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha hecho de parte del material encontrado en la casa del socio de Villarejo, Rafael Redondo, durante las primeras entradas y registros, efectuados en noviembre de 2017.
Durante el primer juicio por ‘Tándem’, el inspector que dirige las pesquisas de Asuntos Internos reveló que todavía hay mucho material hallado entonces que está pendiente de revisión. Al avanzar en ese examen documental, Asuntos Internos se topó con lo que describe como encargos de clientes privados a CENYT que no estaban en el radar judicial y remitió dos oficios policiales a la Audiencia Nacional para dar cuenta de ellos.
En el auto, García Castellón señala que los hechos puestos de manifiesto por Asuntos Internos en sendos informes «presentan caracteres de delitos de cochecho y de descubrimiento y revelación de secretos».
No obstante, expone que, dada la necesidad de «priorizar esfuerzos y medios», «además de la fecha de encargo ha de tomarse en consideración si el servicio llegó a prestarse o no, es decir, si los tratos preliminares cristalizaron en un auténtico trabajo o si, por el contrario, simplemente nos hallamos ante proyectos de encargos no consumados y por los que no se habría abonado cantidad alguna», de ahí que haya decidido empezar siguiendo el rastro del dinero.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el instructor espera asimismo un análisis detallado de cada nuevo proyecto detectado por Asuntos Internos para decidir después, ya con toda la información en su poder, si abre más piezas para investigarlos.
